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Por Lcda. Zoé Negrón Comas

En el caos que nos rodea, tuve un momento de déjà vu con mal sabor. Dentro del bombardeo de medidas antiinmigración con las que la actual administración federal inició el cuatrienio, el 29 de enero, el Presidente firmó una ley que, en esencia, ordena al Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) a detener inmigrantes sin documentación con el fin de deportarles si les arrestan incluso por delitos de hurto (shoplifting), sin necesidad de convicción. Lo llaman Laken Riley Act.

Laken Riley fue una joven que fue asesinada en el 2024, por un inmigrante indocumentado. En el juicio, salió a relucir que este tenía un récord criminal previo. Previsiblemente, esto suscitó una reacción de parte de líderes republicanos conservadores: «hay que cerrar la frontera». De ahí a que, en menos de un mes de ser presentado, se aprobara y firmara el proyecto que ahora es el Laken Riley Act. O sea, pasamos de la tragedia de una mujer asesinada a una medida antiinmigrante.

El Laken Riley Act me sonó a un proyecto que vimos en Puerto Rico en el 2023. El P. de la C. 1940 del 6 de noviembre de 2023 (y ahora el P. del S. 3 del 2 de enero de 2025) lleva el nombre de la Ley Keishla Madlane. Recordaremos que Keishla Madlane Rodríguez fue una joven que asesinaron en el 2021. Al momento del crimen, estaba embarazada. Esto, también, suscitó una reacción de líderes conservadores puertorriqueños. Los proyectos mencionados buscan, en síntesis, insertar una definición del «nasciturus o niño por nacer» en el derecho penal para que se configure un delito adicional cuando el crimen en contra de una persona embarazada resulte en la muerte del «nasciturus». O sea, pasamos de la tragedia de una mujer asesinada a una medida antiaborto.

Entonces vemos la fijación conservadora de utilizar estos nombres para atacar. Los nombres de Keishla y Laken, víctimas de feminicidios, no se invocan para proteger a otras víctimas de violencia de género o para promover una sociedad en la cual se reduzca este tipo de crimen. Se utilizan para adelantar causas de ideología conservadora, para limitar o eliminar derechos, castigar a quienes no cumplen con su juicio valorativo, y afectar sectores vulnerables como lo son las personas inmigrantes y las personas gestantes.

En lugar de ver a Keishla y Laken como personas, las ven como accesorios. Bajo estas medidas, ellas no son las protagonistas de sus propias muertes. Dos feminicidios. Dos eventos de violencia de género. Sin embargo, no atienden el problema de la violencia imperante. En el caso de Keishla, la desplazan por un feto; y en el de Laken, toda la atención está en su agresor, y extender su culpa hacia toda una comunidad. Sus nombres se utilizan, pero no para protegerlas. Son armas de ataque ideológico.

Solo espero que si algún día no regreso a casa—y vamos, no es descabellado pensar que suceda—nadie se atreva a utilizar mi nombre para infringir los derechos de otras personas.

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