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Después de que un tribunal federal emite un veredicto de culpabilidad en un caso penal, se lleva a cabo una fase de sentencia en la que el juez determina la pena que el acusado recibirá por el delito cometido.
Leo Aldridge, analista y abogado criminalista, conversó sobre los pasos que se siguen tras un veredicto federal de culpabilidad.
Un jurado declaró al exboxeador puertorriqueño Félix Verdejo Sánchez culpable de dos de los cuatro delitos que se le imputaban en relación al asesinato de Keishla Rodríguez. Por lo que, el próximo 3 de noviembre, Verdejo Sánchez será sentenciado. Fue acusado por los cargos de secuestro que terminó en la muerte de una persona y por la muerte de un menor por nacer.
No se alcanzó un acuerdo por los cargos de la portación de un arma de fuego en la comisión de un delito violento y de «carjacking» que terminó en la muerte de una persona.
El abogado entiende que la defensa puede presentar una moción de absolución perentoria. Ya la presentaron durante el juicio, pero se puede replantear el argumento en esta etapa.
«Es muy probable que la defensa radique una moción bajo la regla 29 del Código Federal de Procedimiento Penal diciendo que el juez debe desestimar el veredicto porque no fue conforme a derecho o no se ajustó a las determinaciones de hecho que se presentaron».
La regla 29 establece que «el juez debe ordenar la absolución del acusado de cada cargo por el que no haya pruebas suficientes para sostener una condena».
Sentencia: Una vez que el veredicto de culpabilidad es emitido, se fija una fecha para la audiencia de sentencia. La defensa y la fiscalía tienen la oportunidad de presentar argumentos y pruebas adicionales relacionados con la sentencia.
Esto incluye detalles sobre la gravedad del delito, los antecedentes del acusado y cualquier factor atenuante o agravante que pueda influir en la decisión del juez sobre la pena.
Desde 1987, la sentencia en un tribunal federal se ha regido por las Guías de Sentencia de los Estados Unidos.
Son establecidos por la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos, una agencia independiente en el poder judicial, creada por el Congreso para hacer que las sentencias sean más consistentes y proporcionadas.
En enero de 2005, el Tribunal Supremo dictaminó que las directrices eran meramente consultivas.
«Se insta a los jueces a considerar las directrices, pero pueden apartarse de los rangos de directrices, siempre que la sentencia sea razonable y no exceda el plazo máximo establecido por ley para un delito en particular».
Informe Presentencia: El informe de presentencia lo realiza la Oficina de Probatoria de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico para proporcionar más información al juez sobre el caso. Estos informes pueden incluir evaluaciones psicológicas, declaraciones de las víctimas o afectados, cartas de apoyo o mitigación, entre otros documentos relevantes.
«Es básicamente un perfil de la persona», dijo el abogado.
El juez no está obligado a seguir las recomendaciones de la oficina.
Durante la audiencia de sentencia, los acusados tienen la oportunidad de decirle al tribunal cualquier cosa que crean que el juez debería considerar antes de imponer la sentencia.
Si deciden apelar, luego de la vista de sentencia, la defensa debe informar que apelará en un máximo de 14 días.
Decisión del juez: Luego de revisar la evidencia presentada, el informe presentencia y escuchar los argumentos de ambas partes, el juez determinará la pena que considera justa y adecuada para el delito cometido.
La defensa tiene la opción de pedir una reconsideración a la sentencia del juez antes de apelar.
Apelación: Después de la sentencia, la defensa de Verdejo Sánchez puede apelar luego de que sea sentenciado por los cargos por los que fue convicto.
Si se concede la apelación, el caso puede ser revisado nuevamente por un tribunal superior, en este caso el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito les impondría un itinerario.
Pena: Si no se concede la apelación o si Verdejo Sánchez decide no apelar, el siguiente paso es el cumplimiento de la pena impuesta por el juez.
El cargo de secuestro que terminó en la muerte de una persona tiene una pena fija de cadena perpetua o pena de muerte. Sin embargo, antes de que comenzara el juicio, la pena de muerte fue descartada por el Ministerio Público.
De acuerdo al abogado, la Fiscalía federal tiene la opción de procesar nuevamente al exboxeador por los delitos en los que no hubo decisión. «Tiene dos opciones, dejar las cosas como están o procurar un segundo proceso criminal para pasar prueba sobre los dos delitos en los cuales no hubo acuerdo», sostuvo Aldridge.
Cabe destacar que en el sistema federal no hay libertad bajo palabra.