Por Daniel Rivera Vargas

A menos de 15 días de las elecciones generales en Puerto Rico, Microjuris.com decidió preguntarle a las personas que aspiran a gobernar sobre sus posturas sobre (1) seguridad, (2) acceso a la justicia y (3) nombramientos de fiscales y de jueces.

La primera tirada de esta historia será sobre las posturas y las propuestas de los candidatos y la candidata sobre el acceso a la justicia.

Nota editorial: Colocamos las propuestas a partir del orden alfabético de los nombres de los candidatos y la candidata a la gobernación de Puerto Rico.

Alexandra Lúgaro (MVC)

• Ofrecer asistencia a las personas para hacer valer sus derechos, sin que su condición económica o social sea un obstáculo, prestando especial atención a los grupos que sufren discriminación, como las mujeres sobrevivientes de violencia de género, jefas de familia, las personas trans, jóvenes y menores de edad, las personas con diversidad funcional, las personas migrantes, comunidades empobrecidas, afrodescendientes y la comunidad LGBTTQI+.
• Crear y apoyar programas para apoderar a las personas y comunidades, brindándoles la información y herramientas necesarias para el conocimiento de sus derechos y los mecanismos disponibles para ejercerlos y el uso de los métodos de resolución de disputas.
• Fortalecer con recursos administrativos, tecnológicos y económicos los servicios legales que ofrecen entidades sin fines de lucro a personas y comunidades de escasos recursos y con mayor vulnerabilidad económica y social.
• Establecer una medida de exención contributiva que estimule a los abogados y las abogadas a asumir mayor responsabilidad en la atención de las necesidades legales de las personas más empobrecidas y de las personas y comunidades que viven con mayor vulnerabilidad económica, social, política, ambiental y cultural.

Carlos «Charlie» Delgado (PPD)

• Proveer educación sobre sus derechos y responsabilidades
  • • Imponer al Departamento de Educación el deber de ofrecer charlas o seminarios a los estudiantes sobre tema de derechos y el acceso a la justicia.
    • Transmitir charlas educativas sobre temas legales a través de los portales de internet del gobierno.
    • Ceder espacios gratuitos para que se ofrezcan temas sobre acceso a la justicia en WIPR.
    
    
  
  
• Fortalecer entidades privadas que proveen servicios legales a la comunidad
  • • Establecer acuerdos colaborativos entre municipios y agencias públicas mediante las cuales se les garantice a las organizaciones y entidades privadas y sin fines de lucro que brindan servicios legales un espacio adecuado y sin costo alguno donde atender a los ciudadanos de escasos recursos económicos. Estos acuerdos implican acceso a fotocopiadora, computadora, papel, materiales y otros recursos disponibles y necesarios para la prestación del servicio legal que ofrecen.
    • Identificar propiedades públicas en desuso que se puedan poner a disposición de entidades u organizaciones que ofrecen servicios legales gratuitos.
    • Garantizar que se cumplan las aportaciones económicas a las entidades u organizaciones.
    
    
  
  
• Estableceremos un comité asesor continuo sobre el acceso a la justicia que integre representantes del gobierno y del sector privado.

César Vázquez (PD)

• Respaldar que los procesos judiciales puedan ser lo más democratizados posibles.
• Implementar las medidas de mediación y arbitraje como métodos alternos de alcanzar la justicia en Puerto Rico.
• Fortalecer el acceso a la justicia de los adultos mayores.
  • • Desarrollar alianzas con organizaciones del tercer sector, tales como el AARP y organizaciones del tercer sector otras de base comunitaria y de fe para, poder lograr:
    • El poner en vigor de manera práctica, sencilla y accesible mecanismos legales y procesos judiciales que tomen en consideración y protejan a la persona, en este caso al adulto-mayor, en cuanto a su dignidad, independencia y seguridad en la administración de sus necesidades y bienes.
    
    
  
  
• Proveer estructuras de atención, cuidado y solidaridad para amparar al cuidador familiar.
• Implementar efectivamente las leyes existentes para la protección de los derechos y la concesión efectiva de remedios a los adultos mayores, siempre velando al máximo la protección de la vida. Esto incluye el extender la ley del procurador de salud para efectos de procesos administrativos ante los planes de salud del gobierno para la obtención y reclamación de beneficios.

Eliezer Molina (Independiente)

• Digitalizar los trabajos de los tribunales.
• Desarrollar una Ley de Justicia Contributiva.
• Promover un sistema univida para proveer servicios de salud.
• Desarrollar un sistema  de vivienda viable en costo.

Juan Dalmau (PIP)

• Reconocerle legitimación activa a toda persona para iniciar procesos judiciales dirigidos a exigir reparaciones por daños al ambiente y crear la Procuraduría de los Recursos Naturales y Ambiente.
• Asistencia legal en el ámbito civil (casos de custodia, divorcio, alimentos) y Servicios Clínicos Comprensivos para las sobrevivientes de violencia sexual.
• Educar y asistir a las familias de estudiantes con diversidad funcional sobre los procesos administrativos para la obtención de servicios, y modificar el acercamiento actual del Departamento en la atención de querellas.
• Derogar la "Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a Información Pública" y aprobar un estatuto que establezca la presunción de que toda información en poder del Estado se presumirá pública.
• Desarrollar mecanismos de solución informal a los conflictos entre patronos y trabajadores.
• Reformular la Comisión de Derechos Civiles para dotarle de facultades adicionales de investigación y adjudicación, y legitimación activa para la tramitación judicial de violaciones de derechos humanos a raíz de una querella recibida.
• Instituir un jurado administrativo con injerencia sobre sobre la evaluación de concesión de licencias, franquicias y derechos de operación.

Pedro Pierluisi (PNP)

• Fortalecer la confianza en el sistema de justicia.
• Poner fin al sentido de impunidad en nuestras calles.
• Consecuencias para las personas que tienen problemas con la ley, ya sea un crimen violento en la calle, crimen de cuello blanco o corrupción.
• Dejar atrás el sistema de castigo al menor sin brindar oportunidades de desarrollo y rehabilitación, así como evaluar métodos alternos para situaciones penales que así lo permitan, por ejemplo, modelos de justicia restaurativa para ciertos tipos de ofensas.
• Continuar fortaleciendo los programas de apoyo a víctimas, enfatizando casos de violencia doméstica, crímenes de índole sexual y crímenes contra menores.

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