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Aunque en algún momento el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revoque los casos insulares, continuarían los poderes plenarios y absolutos del Congreso federal sobre Puerto Rico.

Y es que, para el abogado constitucionalista Rafael Cox Alomar, los casos insulares se pueden revocar, pero es importante especificar que lo que se debe revocar es la doctrina que establece una diferenciación constitucional entre territorios incorporados y territorios no incorporados.

"A mí me parece que los casos se pueden revocar, pero la pregunta es, ¿qué de los casos insulares? Son 23 casos insulares del 1901 al 1902, que resolvieron muchas cosas. Yo creo que hay un consenso que lo que se tiene que revocar es la doctrina que establece que existe una diferenciación constitucional entre territorios incorporados y territorios no incorporados", destacó el profesor de derecho constitucional en la UDC David A. Clarke School of Law.

Recientemente, el Tribunal federal resolvió en el caso Estados Unidos v. Vaello-Madero, que no es inconstitucional que el Congreso trate a Puerto Rico diferente a los estados.  Confirmó, además, la legalidad de la exclusión de los residentes en Puerto Rico, de recibir el Seguro Social Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).

"Pero, la pregunta para los puertorriqueños es, aun si se revoca esa doctrina de los casos insulares, ¿cuál es nuestra ubicación dentro del escenario constitucional estadounidense?, y nos quedaríamos como territorio. Obviamente, no habría una distinción entre el territorio incorporado y no incorporado. Todos serían territorios y, por consiguiente, todos estarían sujetos a los poderes plenarios del Congreso bajo la cláusula territorial", agregó el abogado.

Vaello-Madero es un ciudadano que recibía el SSI en Nueva York desde 1985 y se mudó a Puerto Rico en el 2013. Aunque esta ayuda no aplica por ley a ciudadanos en Puerto Rico, Vaello-Madero siguió recibiendo el beneficio hasta que la Administración del Seguro Social se enteró y lo demandó para que devolviera el dinero recibido hasta 2017, unos $28,081.

"La doctrina de los poderes plenarios antecede los casos insulares, y ya se había resuelto desde principios del siglo 19 a través de las determinaciones del juez presidente Marshall, en lo que se le conoció como la trilogía de Marshall-Mcintosh-Worcester, y una serie de casos con respecto a las tribus nativoamericanas. Eso se va a quedar comoquiera, a pesar de que revoquen los casos insulares. Así que el tema nuestro se resuelve por la vía del Congreso, y no por la jurídica", añadió.