El Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Pública informaron que, como parte del trabajo colaborativo y luego de una efectiva y precisa investigación a nivel estatal, se radicaron 46 denuncias por violaciones a la Ley de Armas de Puerto Rico contra ocho individuos que se dedicaban a la venta de armas ilegales en lugares públicos en el área metropolitana.

Este caso fue investigado por el fiscal Fernando Chalas de la Fiscalía de San Juan y por la División de Drogas de la Policía de Puerto Rico en San Juan, dirigido por el teniente Iván Bahr Silva.

Como parte de la investigación los hoy imputados realizaron varias transacciones de ventas de armas largas y cortas a plena luz del día al igual que en horas de la noche. Por estos hechos se radicaron cuatro cargos contra Julio Suárez Rodríguez, por violaciones al Artículo 5.01 (Fabricación, importación, venta y distribución de armas) y tres por violaciones del Artículo 5.04 sobre Portación y uso de armas de fuego sin licencia).

Contra Edwin Frías Polanco, conocido por Joel, enfrenta un cargo por violación al Artículo 5.01, tres por Artículo 5.04 y uno por Artículo 6.01 (Fabricación, distribución, posesión y uso de municiones). Contra un individuo conocido por Cocodrilo, se radicaron dos violaciones al Artículo 5.01 y cinco por Artículo 5.04. Contra Michael Gabriel Vázquez González, conocido por "Negry", y contra Héctor Adrián Vázquez Vázquez, conocido por "Nodky", se radicaron dos cargos por violación al Artículo 5.01, tres por el Artículo 5.04 y dos por Artículo 6.01, cada uno. Ramón Eugenio Marín Díaz, conocido por Moncho, enfrenta cargos por una violación al Artículo 5.01, dos por Artículo 5.04 y uno por Artículo 5.07 por Posesión o uso ilegal de armas largas, semiautomáticas, automáticas o escopeta de cañón cortado. Se radicó además un cargo por violación al Artículo 5.01, cuatro por violación al Artículo 5.04 y uno por violación al Artículo 6.01 contra Michael Miranda Solís, conocido por Tuto, y contra Yadiel Jesús Garau Molina, cada uno.Otros sujetos investigados fueron acusados a nivel federal.

"Esta investigación tomó varios meses de una ardua labor por parte de los agentes de la División de Drogas de la Policía de San Juan, que dieron la milla extra por lograr identificar y recopilar la prueba necesaria para ayudarnos a sacar estos delincuentes traficantes de armas ilegales de nuestras calles. Fue un trabajo en equipo que, como parte del Memorando de Entendimiento, fue referido a las autoridades federales. Pueden estar seguros que la investigación continúa y, trabajando en conjunto, seguiremos combatiendo las armas que están causando tragedias en Puerto Rico", señaló la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced.

"La venta de armas ilegales son un elemento colateral importante en los actos y organizaciones delictivas que cada día intentan apoderarse de nuestro sistema. Permitir que el tráfico de armas continúe, promueve la desestabilización de nuestras comunidades. Estas acusaciones son el resultado del trabajo investigativo en conjunto de la División de Drogas de la Policía y el Departamento de Justicia, y del compromiso en combatir la criminalidad en Puerto Rico", destacó el Secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera.