La presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado, Itzamar Peña Ramírez, radicó varias medidas que buscan enmendar la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, a los fines de proteger tanto a las víctimas, como a los hijos menores de edad, que estén expuestos a situaciones de violencia.

Uno de los proyectos propone enmendar la mencionada Ley para disponer que en todo caso en que se expida una orden de protección y la pareja tenga hijos menores de edad, las relaciones paterno filiares queden automáticamente paralizadas, para salvaguardar la seguridad de los menores.

La medida que enmendaría los Artículos 2.1 y 2.9 de la Ley 54 de 15 de agosto de 1989, ordenaría a la Unidad de Trabajo Social del Tribunal a realizar una evaluación a los efectos de que se recomiende si se deben establecer y/o restablecer las relaciones paterno filiares, sin que los o las menores estén expuestos a ser víctimas de violencia o maltrato durante las relaciones filiares.

"Bajo ningún concepto se puede justificar, ni aceptar ningún tipo de violencia en cualquiera de sus modalidades. Los ciudadanos que soliciten una orden de protección tienen que sentirse confiados de que se atenderán todos los renglones que esto envuelve, incluyendo la protección de los hijos que son parte esencial del núcleo familiar. No podemos minimizar el peligro ni el riesgo que esto conlleva, cuando en una relación de pareja, existen menores que pueden resultar siendo víctimas inocentes de las situaciones entre los adultos; muchas veces a causa del odio, rencor, celos, venganza, coraje o despecho que pueda sentir la parte agresora. Por lo tanto, ante la vulnerabilidad del asunto, tenemos que evitar que los menores estén expuestos a situaciones de violencia o maltrato. Nos corresponde protegerlos y evitar que les causen daño. En ese sentido, un trabajador social deberá investigar y evaluar cada caso para determinar si es recomendable o no, el permitir las relaciones paterno filiares; de manera que exista menos riesgo para los menores», recalcó la senadora Peña Ramírez.

La exposición de motivos del proyecto de ley establece que "es importante evaluar el caso y la persona querellada, considerando siempre el mejor bienestar y la seguridad emocional de los/las menores. No se puede, bajo ningún concepto, exponer a los/las menores a ningún tipo de riesgo. Hay que considerar que el/la menor se puede encontrar en medio de la separación de los padres y por causa de los resentimientos, frustraciones, corajes y celos que éstos puedan sentir; son vulnerables a ser víctimas inocentes de estas rupturas emocionales".

Por otro lado, Peña Ramírez presentó un proyecto de Ley para enmendar el Artículo 2.3 de la Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, a los fines de otorgarle capacidad jurídica a las madres, padres, hijas e hijos mayores de 18 años de edad, para solicitar órdenes de protección a favor de sus hijos o hijas y madres o padres, víctimas de violencia doméstica.

"Reconocemos que en la mayoría de las ocasiones las víctimas de violencia doméstica tienen un gran temor de que le hagan más daño a éstas o a sus hijos. Esa es una de las razones principales que limita la capacidad de las víctimas a buscar ayuda o a presentar una solicitud de orden de protección ante el Tribunal. Es por ello que radicamos una medida legislativa que busca enmendar la Ley de Violencia Doméstica para otorgarle capacidad jurídica a los padres de la víctima o a los hijos de las víctimas que tengan 18 años o más; para que puedan solicitar una orden de protección y que el Tribunal ordene una vista con carácter de urgencia para evaluar el caso en protección a la víctima, pero salvaguardando los derechos de la parte que se alega es la agresora", indicó la senadora Peña Ramírez.

La Presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer agregó que "con este nuevo mecanismo estamos atendiendo el problema de la violencia doméstica desde un enfoque preventivo, para salvar vidas y lograr mayor protección a las víctimas, evitando así que continúen aumentando los casos de maltrato y violencia, que lamentablemente culminan en situaciones trágicas".

Esta última medida fue radicada por la senadora Peña Ramírez durante el pasado cuatrienio y se discutió en vistas públicas, recibiendo el aval de todas las entidades y organizaciones, incluyendo la Oficina de la Procuradora de la Mujer, la Policía y el Departamento de Justicia, quienes expresaron la necesidad de lograr la enmienda sugerida. No obstante, y a pesar de contar con un informe positivo que recomendaba al Senado su aprobación, la medida quedó detenida en la Comisión de Reglas y Calendario, y nunca fue sometida al pleno del Alto Cuerpo para su aprobación.