La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes presentó una medida para establecer una moratoria a los abonados sobre los pagos de aumento en las facturas de luz y agua. La medida, además, prohíbe el cobro del aumento en los peajes durante los próximos 12 meses.

La Resolución Conjunta de la Cámara 249 ordena a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, a LUMA Energy y a la Autoridad de Energía Eléctrica a establecer una moratoria voluntaria, a opción del cliente o abonado, sobre los pagos de aumento en las facturas de los servicios de agua potable y electricidad, respectivamente, correspondientes a los doce meses siguientes a su aprobación.

Del mismo modo, prohíbe el cobro de recargos, penalidades y/o suspensión de servicios por un cliente o abonado acogerse a la referida moratoria debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país ante los casos positivos de coronavirus (COVID-19) y el nivel histórico de hospitalizaciones.

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Además, prohíbe a la Autoridad de Carreteras todo aumento en el cobro de peajes en las autopistas de la Isla por los próximos doce meses a partir de la aprobación de la Resolución.

"A pesar de la crisis económica en la cual nos encontramos, LUMA y la Autoridad de Energía Eléctrica han solicitado un aumento en la tarifa de electricidad que alcanza sobre el 16% de la tarifa actual. Según ha trascendido, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) sigue el mismo camino, y próximamente anunciará un potencial aumento en su tarifa también. Con esta medida queremos salvaguardar la seguridad económica y garantizar los servicios esenciales de agua potable y energía eléctrica de cientos de miles de familias puertorriqueñas", expresó el presidente de la Comisión de Pequeños y medianos negocios y permisología, Jessie Cortés Ramos, al tiempo que explicó que el carácter voluntario de la medida permite que aquel cliente o abonado que desee continuar realizando sus pagos como de costumbre, así lo haga.

Por su parte, la representante Estrella Martínez Soto enfatizó en que la medida va dirigida a las familias más vulnerables económicamente.

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"Aquella persona que se vea en una situación económica precaria como consecuencia de las medidas implementadas ante esta emergencia, podrá acogerse a la moratoria para así contar con los recursos para atender sus necesidades básicas y la de los suyos, sin enfrentar cargos, penalidades o aumento en tasa de intereses o intereses adicionales que vulneren adicionalmente sus condiciones financieras", sostuvo Martínez Soto, quien añadió que muchos matrimonios en los que ambos padres trabajan han tenido que tomar la difícil decisión de que uno de ellos se quede en el hogar, cuidando a sus hijos que no tienen escuela donde asistir presencialmente.

Mientras, el representante Eladio "Layito" Cardona Quiles indicó que la medida podría ayudar incluso a aquellos que se encuentran activos en la fuerza trabajadora, ya que han visto incrementar onerosamente el costo de vida familiar. "Los precios de todas las mercancías, sin excepción, han ido en aumento, en algunos casos, precedidos de aumentos previos a raíz de los impactos del huracán María. Todo apunta a que la situación económica de miles de ciudadanos se mantendrá en una precariedad muy seria. Estamos convencidos de que muchos puertorriqueños pertenecientes a la clase trabajadora podrán beneficiarse, de aprobarse la medida", manifestó Cardona