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Las senadoras Elizabeth Rosa Vélez y Rosamar Trujillo Plumey, y el senador Juan Zaragoza Gómez, radicaron sendos proyectos para establecer el salario base y las escalas salariales de las personas trabajadoras sociales, y otro para crear la Carta de derechos de la profesión.

El Proyecto del Senado 894 propone, para las profesionales del trabajo social que laboren en posiciones regulares tanto en el sector público como en el sector privado, una base salarial de acuerdo a la preparación académica alcanzada. 

Las trabajadoras sociales con bachillerato o su homologación tendrían una base salarial de $3,989 dólares mensuales o $20.77 dólares la hora, las que tengan maestría tendrían una base de $4,232 dólares mensuales o $24.41 dólares la hora y aquellas que tengan doctorado tendrían una base de  $4,800 dólares mensuales o $27.69 dólares la hora.

Para las profesionales contratadas por servicios profesionales tendrían una base de $35 dólares por hora con grado de bachillerato, $45 dólares por hora con grado de maestría y $55 dólares por hora con grado doctoral.

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) estaría obligado a adoptar un reglamento para imponer multas de entre $1,000 y $5,000 dólares por el incumplimiento con las escalas salariales.

Los patronos tendrán un año para implementar estas nuevas escalas.

 Según la exposición de motivos del proyecto, en un estudio realizado en el 2014 sobre condiciones laborales de las y los profesionales del trabajo social en la Región de América Latina y el Caribe, el 70% de la muestra de Puerto Rico informó que su salario era $2,499 dólares mensuales ($14.42 dólares por hora) o menos, indistintamente de su grado académico.

Por otro lado, el Proyecto del Senado 893 establecería la Carta de Derechos de los y las Profesionales del Trabajo Social en Puerto Rico.

Esta segunda medida establecería los principios básicos para la protección de las personas trabajadoras sociales, sus derechos y responsabilidades, y promueve mejores condiciones laborales. 

Este proyecto confiere al DTRH la facultad para fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la carta de derechos y reconoce la legitimación activa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, para instar procedimientos administrativos ante el departamento, contra personas naturales, jurídicas o el Estado, en la eventualidad de incumplimiento con las disposiciones de la ley.