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Un grupo bipartita de 43 líderes de la Cámara y Senado de EE.UU. realizó un llamado al Departamento de Justicia Federal a que no siga utilizando y condene los Casos Insulares, una jurisprudencia racista del Tribunal Supremo de los EE.UU. que justifica la gobernanza colonial en los territorios.

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Un grupo de legisladores realizaron hoy una conferencia de prensa junto a organizaciones de derechos civiles y otros aliados que también exigen acción a Justicia federal.

Los casos insulares son la infraestructura constitucional sobre la que se basan tratos desiguales que vemos en contextos muy conocidos por todos y en tiempos recientes como lo son: la recuperación de desastres, quiebras de entidades gubernamentales, representación Congresional, asuntos contributivos, derechos civiles, beneficios de programas federales, entre otros.

Indicaron, además, que los Casos Insulares son comparables a decisiones como Dred Scott v. Sandford, Plessy v. Ferguson, y Korematsu v. United States. Sin embargo, a diferencia de estas, el DOJ continúa defendiendo y utilizando la doctrina de los Casos Insulares, sentenciaron.

La carta de los congresistas fue liderada por el portavoz de la minoría del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, Rep. Raúl M. Grijalva, y la congresista de Islas Vírgenes, Stacey Plaskett, junto a 28 miembros de la Cámara de Representantes y 15 miembros del Senado.

El presidente del Comité Judicial del Senado, Dick Durbin, el portavoz de minoría del Comité Judicial de la Cámara, Jerrod Nadler, y otros siete miembros de los Comités Judiciales de Senado y Cámara se unieron al llamado al Departamento de Justicia.

La carta de los congresistas viene luego de que el mes pasado el Departamento de Justicia sometió una moción en la cual argumentó que: «algunos aspectos del razonamiento y la retórica de los Casos Insulares, los cuales invocan estereotipos racistas, son indefendibles y repugnantes». Estas expresiones dan paso a la pregunta, ¿cuáles son los "aspectos" de los Casos Insulares que el Departamento de Justicia continúa aceptando?

«El Departamento de Justicia (DOJ) ha tomado grandes pasos en la dirección correcta al criticar "aspectos" racistas de los Casos Insulares y describirlos como «indefendibles y repugnantes». Pero ya es tiempo que el DOJ haga más e inequívocamente rechace estas decisiones discriminatorias, como lo ha hecho antes con otras opiniones del Tribunal Supremo que dependían de estereotipos racistas que violentan la Constitución y su mandato de igualdad y respeto a la ley», dijo Portavoz de la Minoría, Rep. Raúl Grijalva.

«El Departamento de Justicia tiene una oportunidad importante de liderar el rechazo a los Casos Insulares. Por demasiado tiempo, estas decisiones han justificado un marco legal racista y colonial que estructuralmente ha privado a 3,6 millones de residentes de los territorios estadounidenses de sus derechos y les ha negado igualdad en derechos constitucionales. Ni el Departamento de Justicia ni nadie más debería defender ningún «aspecto» de los Casos Insulares racistas», sostuvo, por su parte, la congresista Plaskett.

«Los Casos Insulares son una mancha en la historia de nuestro país y su tribunal mayor. Al sol de hoy, estas decisiones continúan impactando a los que viven en los territorios estadounidenses. Necesitamos admitir que estas decisiones explícitamente racistas fueron decididas incorrectamente y hago un llamado al Departamento de Justicia a que así lo exprese», comentó el Jefe de la Mayoría del Senado Dick Durbin (D-IL), Presidente del Comité Judicial del Senado.

«El Departamento de Justicia (DOJ) se encuentra en un momento decisivo para corregir una injusticia histórica y acabar con el trato de segunda clase hacia sobre 3 millones de ciudadanos que viven en los territorios estadounidenses. Nuestro gobierno ha tenido pendiente por mucho tiempo rechazar esta doctrina racista y discriminatoria y estoy orgulloso de unirme a mis colegas en este esfuerzo para acabar con la dependencia del DOJ en esta odiosa jurisprudencia», dijo el Congresista Jerrold Nadler, Portavoz de la Minoría del Comité Judicial de la Cámara.

A los Congresistas se le unieron las organizaciones Right to Democracy, ACLU y otras organizaciones de derechos civiles y justicia social.

«El Departamento de Justicia de EE.UU. tiene la oportunidad de corregir y contrarrestar los argumentos racistas que presentó al Tribunal Supremo en los 1900s, los cuales sentaron las bases para los Casos Insulares. En ese entonces argumentaron que las personas en los territorios insulares eran «salvajes e incivilizados» y que se les podía negar los derechos constitucionales básicos y la autodeterminación», dijo Adi Martínez-Román, Co-directora de Right to Democracy, organización que previamente ayudó a liderar una carta pidiéndole al Presidente Joe Biden que rechace los Casos Insulares.

«Destacamos que tantos miembros en el Congreso, incluyendo a líderes en los Comités Judiciales de la Cámara y Senado, reconozcan que ha llegado la hora de pasar la página en cuanto a los Casos Insulares, su doctrina racista y el estatus «separado y desigual» («separate and unequal») que crearon». Dijo Neil Weare, Co-director de Right to Democracy, y quien ha estado litigando para revocar los Casos Insulares por más de una década.

«La persistencia de los Casos Insulares demuestra un legado preocupante de racismo. Pedimos al Departamento de Justicia que públicamente rechace cualquier dependencia que tenga con estos casos. Estos precedentes anticuados fundamentan la relación discriminatoria y colonial entre los EEUU y los territorios, y van contra la autodeterminación. El rechazo de estos casos sería un paso pequeño, pero significativo, hacia remediar esta injusticia histórica», indicó Alejandro A. Ortiz, Asesor Legal Sénior del Racial Justice Program en la ACLU, organización que envió una carta similar al Departamento de Justicia en el 2022 junto a otras organizaciones de derechos civiles.

«Aplaudimos a los miembros del Congreso por solicitar al Departamento de Justicia que condene inequívocamente los Casos Insulares. La discriminación sistémica que sostienen los casos insulares pertenece a nuestros libros de historia, sin embargo, están siendo utilizados como base para la toma de decisiones sobre Puerto Rico y otros territorios. Apoyamos el llamado del Congreso a rechazar los Casos Insulares para proteger los derechos constitucionales y humanos de las personas en los territorios», expresó Frankie Miranda, Presidente y CEO de Hispanic Federation.

«Apoyamos el llamado realizado al Departamento de Justicia a que denuncie los Casos Insulares», señaló Lourdes M. Rosado, Presidente y Directora Legal de LatinoJustice PRLDEF, organización que ha sometido mociones y alegatos solicitando al Tribunal Supremo que revoque los Casos Insulares. «Ya ha estado pendiente por mucho tiempo que nuestro gobierno rechace el precedente que estos casos han establecido por más de un siglo, y la manera en que su lenguaje racista y discriminatorio ha determinado el trato de segunda clase brindado a los puertorriqueños y otros residentes de territorios estadounidenses en multiplicidad de leyes y políticas federales. Además, le damos la bienvenida a propuestas para rectificar las injusticias históricas que estos casos representan mediante la eliminación de políticas que discriminan contra los residentes de los territorios cuando se trata de beneficios y derechos que otros ciudadanos estadounidenses reciben».

En semanas recientes, el Gobernador de las Islas Vírgenes Albert Bryan, Jr., y Lcdo. Manuel Quilchini, Presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, han enviado cartas al Departamento de Justicia instándoles a condenar los Casos Insulares.

«La gente de las Islas Vírgenes merecen disfrutar la gama completa de los derechos civiles y políticos que confiere la Constitución de los EE.UU.», dijo el Gobernador Bryan, quien le escribió al Departamento de Justicia el mes pasado en antelación al 107mo aniversario de la compraventa por Estados Unidos de las Islas Vírgenes en el 1917.

«El Departamento de Justicia tiene la oportunidad de rectificar su error histórico y continuo mediante el rechazo inequívoco a la discriminatoria y racista doctrina de incorporación territorial establecida por los Casos Insulares», expresó el Lcdo. Quilichini, Presidente del CAAPR, quien le escribió al Departamento de Justicia este mes. Esta carta se une a una resolución en el 2022 del American Bar Association y cartas similares del Virgin Islands Bar Association y New York State Bar Association.

La Comisión de Derechos Civiles de los EE.UU. se reunirá el viernes, 19 de abril de 2024, a las 10:00 a.m. para escuchar los informes de los Presidentes del Comité Asesor de las Islas Vírgenes Estadounidenses y de Puerto Rico.

Estos informes examinan los Casos Insulares y los impactos que han tenido en los derechos civiles de los territorios estadounidenses.