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Por Paola Arroyo Guzmán 

El mundo del derecho laboral en Estados Unidos se ha visto sacudido por una noticia de gran impacto: el presidente Donald Trump ha despedido a la exconsejera general de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo (NLRB, por sus siglas en inglés), Jennifer Abruzzo, y a la presidenta interina de la junta, Gwynne Wilcox con el fin de comenzar un proceso de reestructuración en el ente.

¿Qué impacto podría tener el despido de Jennifer Abruzzo y Gwynne Wilcox en la política laboral y las decisiones de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo (NLRB, en inglés) en Estados Unidos?

 En entrevista con Microjuris, la abogada con enfoque en asuntos laborales, Natalia Colón, analizó el impacto de estas destituciones y sus posibles implicaciones. Según Colón, la destitución de Abruzzo era previsible, pero la de Wilcox plantea serios cuestionamientos sobre la independencia de la NLRB.

En el 1935, el Congreso pasó la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo (NLRA por sus siglas en inglés), dejando claro que la política de los Estados Unidos es promover la negociación colectiva protegiendo la plena libertad de asociación de los trabajadores. «La NLRA protege la democracia en el lugar de trabajo proporcionando a los empleados de los lugares de trabajo del sector privado el derecho fundamental a buscar mejores condiciones de trabajo y la designación de representación sin miedo a represalias», lee la descripción de la NLRB en su portal.

«Si Wilcox decide impugnar su remoción, podría generar un debate judicial significativo sobre los límites del poder presidencial en la reestructuración de agencias independientes», explicó Colón.

El cese de Jennifer Abruzzo era un paso anticipado, dado que los presidentes suelen buscar nombrar a sus propios asesores generales para alinear la agencia con las prioridades de su administración. De acuerdo a información reseñada en medios internacionales,  Wilcox recibió una carta de la administración Trump alegando que la NLRB no había cumplido con sus responsabilidades. Sin embargo, se destaca que el simple desacuerdo con la dirección de la Junta no cumple con los requisitos legales de negligencia o mala conducta, lo que podría generar desafíos legales.

En esa misma línea, la abogada destacó que este caso podría sentar un precedente clave en el ámbito del derecho laboral y administrativo. «Dependiendo del desenlace, podríamos ver cambios en la manera en que futuras administraciones manejan los nombramientos y destituciones en la NLRB», añadió.

Indicó, además, que este caso podría sentar un precedente sobre hasta qué punto llega la autoridad presidencial para reestructurar agencias federales independientes como la NLRB. La decisión de Trump podría enfrentar desafíos legales y abrir un debate sobre los límites del poder ejecutivo en la regulación de organismos laborales.

«El National Labor Relations Board (NLRB) es una agencia reguladora independiente, creada por ley, lo que implica que sus comisionados no deberían estar sujetos a una remoción libre basada en cambios presidenciales. Su función se asemeja en muchos aspectos a la de un juez, ya que trabajan por períodos prolongados. En Estados Unidos, existe un caso en el que Donald Trump pretende desafiar este principio al remover a un comisionado de la Junta por diferencias en política pública. En esencia, los hechos son comparables con la destitución de Jennifer Abruzzo en la NLRB», explicó Colón.

Colón también destacó que «la destitución de Wilcox no responde a un planteamiento de justa causa. La teoría detrás de esta decisión parece basarse en la visión de que las agencias deben responder directamente al presidente. Sin embargo, esto toca un asunto constitucional clave: la separación de poderes».

Sobre el impacto de la administración Trump en las agencias independientes, Colón indicó que «Trump ha tomado medidas para reducir el quórum de estas agencias, lo que impide que puedan tomar decisiones o modificar guías regulatorias. Esto genera un vacío operativo hasta que se reestablezca el quórum necesario, lo que a su vez afecta la continuidad de políticas públicas previas. Estas decisiones están basadas en ideologías y podrían transformar significativamente el panorama regulatorio».

Además, Colón explicó otro aspecto de la política laboral de Trump: «Uno de los temas clave es la equidad en los centros de empleo. Esto abarca desde la inclusión de personas con discapacidades hasta la identidad de género. Bajo las órdenes ejecutivas de Trump, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) revisará los programas de discriminación para asegurarse de que no se implementen políticas que favorezcan afirmativamente a ciertos grupos. Lo que Trump no permitirá son los planes de acción afirmativa, que buscan dar mayores oportunidades a personas con características protegidas por la ley sobre otros grupos. Sin embargo, su orden ejecutiva no altera el estado de derecho en materia de protección contra la discriminación; simplemente impide la creación de políticas que fortalezcan esas protecciones».

Por otro lado, la abogada aseguró que la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, en ingles) no va a desaparecer porque su eliminación requeriría una acción del Congreso.

Eliminación de OSHA

Asimismo, Colón discutió un proyecto de ley en el Congreso que busca eliminar la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés).

Recientemente, el congresista Andy Biggs, de Arizona, presentó un nuevo proyecto de ley destinado a abolir la OSHA. El proyecto de ley, titulado «Ley de Anulación de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional» o «Ley NOSHA», fue remitido al Comité de Educación y Fuerza Laboral.

«En términos de cultura corporativa, el enfoque de muchas empresas que simplemente piden perdón puede desincentivar el cumplimiento. Esto contrasta con aquellas empresas que sí invierten en medidas efectivas para garantizar el cumplimiento normativo», dijo sobre el tema de la cultura corporativa de cumplimiento regulatorio.

Indicó que es correcto realizar un acercamiento para revisitar la regulación, «no para desregular», sino para evaluar si «promete la mejor eficiencia». «Debemos revisitar». Sin embargo, la licenciada destacó que el presidente de los Estados Unidos debe actuar con mayor cautela en su ejecución.

«Las empresas necesitan una dirección clara en la gestión de las relaciones laborales y el manejo del personal para garantizar un entorno de trabajo eficiente y conforme a la normativa vigente».