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La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, firmó el Proyecto del Senado 91, convertido en la Ley 82-2025, con el objetivo de enmendar la Ley contra el Hostigamiento e Intimidación o "Bullying". Esta nueva ley amplía el marco normativo para atender el acoso cibernético en el contexto escolar.

La medida, presentada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y coauspiciada por la senadora Joanne M. Rodríguez Veve (Proyecto Dignidad), así como por los senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP) Gregorio B. Matías Rosario, Jeison Rosa Ramos y Migdalia Padilla Alvelo, surge como parte de las políticas públicas dirigidas a erradicar el hostigamiento escolar.

Ambas leyes no solo prohíben explícitamente el acoso escolar en todas sus modalidades, sino que también promueven programas de orientación, capacitación y prevención dirigidos al personal educativo. Además,  fomentan la participación activa de padres, madres y encargados en el proceso de identificación, manejo y erradicación del hostigamiento escolar.

Sin embargo, aunque sus versiones enmendadas, tanto la Ley 85-2017 como la Ley 85-2018 ya reconocen el cyberbullying —entendido como hostigamiento por medios electrónicos o redes digitales— como una modalidad de acoso escolar, a través de esta nueva ley, se amplía aún más esta definición para incluir aquellas situaciones en las que una persona suplanta la identidad de otra en entornos digitales, ya sea mediante la creación de perfiles o páginas web falsas, o publicando contenido sin el consentimiento de la persona afectada, con el fin de perjudicar su imagen o integridad.

Este tipo de intimidación es particularmente común entre adolescentes y jóvenes, dada la omnipresencia de la tecnología digital, redes sociales y plataformas en línea, pero diferencia de otros tipos de acoso, el cyberbullying deja evidencia electrónica, lo que permite rastrear su origen y documentar el daño causado.

Asimismo, la ley prohíbe de forma terminante cualquier acto de acoso, hostigamiento o intimidación contra estudiantes, ya sea dentro de la propiedad o los predios escolares, en las áreas circundantes a los planteles, en actividades oficiales auspiciadas por las escuelas, y en la transportación escolar.

Con esta enmienda se busca reforzar la creación de entornos escolares seguros, inclusivos y libres de violencia, adaptando la legislación vigente a los desafíos de la era digital.