Por Valeria Alicea Guzmán

El debate sobre la inteligencia artificial abrió paso a una pregunta urgente: ¿Cómo trazar normas que protejan derechos fundamentales mientras se fomenta el desarrollo tecnológico?

En la conferencia Inteligencia Artificial y Estado de Derecho: Innovación y Cambio Sistémico se celebró el panel Política Pública: Marcos regulatorios para la inteligencia artificial en Puerto Rico y Estados Unidos. La discusión reunió a expertos para analizar cómo deben diseñarse los marcos regulatorios que rijan el uso de la inteligencia artificial. 

El evento fue fruto de una colaboración entre la Fundación del Tribunal Supremo de Puerto Rico, la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y la Rama Judicial de Puerto Rico.

La licenciada Ataveyra Medina Hernández, quien fungió como moderadora del panel, comentó que esta cultura de innovación y de riesgo se está enfrentando a los retos de regulación en materia de derecho, en materia de propiedad intelectual y en muchos otros.

"Vemos cómo también los gigantes a nivel internacional como Estados Unidos, la Unión Europea, China están impulsando modelos regulatorios, cada uno en sus idiosincrasias y se está dando un debate interesante a través de esos modelos para demostrar qué modelo va a prevalecer", expresó la abogada, quien también es miembro de la Junta de Síndicos de la Fundación del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

El licenciado Eliseo Roques Arroyo, de la firma Edge Legal LLC, resaltó los puntos centrales de los marcos regulatorios existentes y las tensiones entre la regulación y la innovación en la inteligencia artificial. Advirtió que "no se habla de meras sugerencias éticas, sino de cumplimiento estricto con consecuencias severas".

"La ciudadanía norteamericana no está alineada con el entusiasmo tecnológico percibido. En 2025, se demostró que el 50% de los adultos en Estados Unidos se encuentran más asustados que entusiasmados con la inteligencia artificial. El 57% percibe riesgos altos para la sociedad. 

La discusión llevó a plantear la pregunta central: ¿qué es lo que realmente se pretende regular? Desde un enfoque técnico y jurídico, con implicaciones prácticas, no se regula el sistema en abstracto, sino el artefacto entrenado: el modelo. Esta distinción resulta esencial porque delimita las obligaciones, auditorías, responsabilidades y el contexto en que debe aplicarse la normativa.

"Fuera de la Unión Europea, el cuadro, a mi manera de verlo, es desigual, por llamarlo de una manera. Estados Unidos carece de una legislación o una ley federal integral, con un mosaico de iniciativas a nivel estatal y guías sectoriales". 

Roques Arroyo señaló la importancia de que la conversación sobre inteligencia artificial incluya a quienes hacen política pública, resaltando la presencia del senador Wilmer Reyes en el conversatorio.  De igual forma, mencionó que, a nivel local, Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) marcó esos primeros intentos, pero advirtió que el reto para abogados, jueces, ejecutivos y la academia es llevar los principios a la práctica y crear mecanismos de verificación, evitar que se sustituya el juicio profesional y cuidar la calidad de los datos.

También subrayó que en Estados Unidos la inteligencia artificial ya está definida en el propio US Code, específicamente en el Título 10, relacionado con las Fuerzas Armadas, y en el Título 15, sobre comercio y negocios.

Ante el cuestionamiento de por qué se debe regular la inteligencia artificial, expresó: "Si se intenta imitar o emular la función humana, pues yo creo que merece algún tipo de regulación".

Compartió que, según la Universidad de Cornell en 2023, la inteligencia artificial es 90% más creativa que los humanos. Como parte de su análisis, destacó la diferencia entre un modelo, que es un artefacto técnico que combina algoritmos y datos de entrenamiento; y el sistema, que es la aplicación que integra modelos o contextos prácticos como diagnóstico, educación, contratación. 

Explicó que, a diferencia del enfoque estadounidense, el modelo europeo clasifica los sistemas de inteligencia artificial según su nivel de riesgo, desde los inaceptables hasta los de riesgo mínimo

"¿Cómo nosotros logramos ese equilibrio entre la innovación y la regulación? Evidentemente hay una necesidad de monitoreo y de responder a esos avances. Pero es importante la participación de todos los sectores", advirtió el licenciado. 

Roques Arroyo recordó cuando Europa ideó hace años la General Privacy and Data Regulation (GDPR). "Yo sospecho que eso es lo mismo que va a pasar en gran parte con el tema de Inteligencia Artificial"

"La ley de Inteligencia Artificial adoptada por la Unión Europea es extraterritorial. ¿Qué significa eso? Que se aplica fuera de su jurisdicción. Entiéndase, si una compañía ya sea en Puerto Rico o en Estados Unidos, y el sujeto que recibe o utiliza su servicio está en la comunidad europea, tiene que cumplir con los parámetros de la ley de Inteligencia Artificial. Yo no creo que la pregunta es si las compañías norteamericanas se van a ajustar a la ley europea, sino que es cómo se van a ajustar", relató el abogado. 

Política pública sobre la IA

Por su parte, el senador Reyes Berríos, quien es presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico, recordó que, cuando llegó a la comisión, la primera tarea fue establecer que la innovación tecnológica no tiene colores ni bandos políticos. Por eso convocaron a expertos de distintas administraciones para sentarse juntos a discutir legislación sobre estos temas.

Con relación a las iniciativas que se han impulsado desde su comisión, destacó las siguientes: 

Proyecto del Senado 731: "Ley de Subastas Públicas con Inteligencia Artificial y Transparencia Gubernamental de Puerto Rico"

La exposición de motivos destaca que la contratación pública en Puerto Rico ha estado marcada por procesos fragmentados, falta de transparencia y riesgos de corrupción. Ante esta realidad, y aprovechando herramientas como la plataforma JEDI y los avances en inteligencia artificial, el proyecto de ley propone consolidar la centralización total de las adquisiciones bajo la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico (ASG), con el fin de asegurar uniformidad, eficiencia y mayor supervisión en el uso de fondos públicos.

"En la campaña electoral, obviamente, el tema de la corrupción es uno neurálgico. No importa dónde sea, sea aquí, sea en uno de los estados, sea en cualquier nación, siempre es neurálgico. Y aquí tocamos el tema de lo que son las subastas", aclaró el senador. 

Resolución Conjunta del Senado 86: (Para establecer un Programa de Medicina de Precisión apoyado en Inteligencia Artificial)

La resolución señala que la medicina de precisión, apoyada en inteligencia artificial, puede transformar el sistema de salud en Puerto Rico al mejorar diagnósticos, tratamientos y reducir la carga de trabajo médico. Explica que el País cuenta con instituciones de salud, académicas y tecnológicas capaces de desarrollar este modelo. Por eso, se propone estudiar su viabilidad mediante un plan detallado que incluya recursos, fases de implementación y mecanismos de evaluación para garantizar su sostenibilidad.

"La meta final es transformar el sistema de salud con diagnósticos más certeros, terapias personalizadas, predicción de riesgos, y eficiencia en el uso de recursos médicos", aseguró Reyes Berrios. 

Proyecto del Senado 68: "Ley de Inteligencia Artificial del Gobierno de Puerto Rico"

"Este fue el primer reto cuando llegamos a la comisión, fue el proyecto del Senado 68, la Ley de Inteligencia Artificial del Gobierno de Puerto Rico. Este proyecto reconoce que la inteligencia artificial está entre nosotros", sostuvo. 

La exposición de motivos de la medida resalta que Estados Unidos ha establecido políticas y leyes para mantener su liderazgo en inteligencia artificial, incluyendo la National Artificial Intelligence Initiative Act of 2020, que coordina investigación, desarrollo y educación en esta área. Siguiendo ese ejemplo y el de varios estados, proponen que Puerto Rico cree la la Oficial de Inteligencia Artificial, un comité asesor y que el PRITS lidere la implantación de la política pública sobre esta tecnología. 

Proyecto del Senado 622: "Ley de Transparencia y Derecho a la Interacción Humana en Servicios Públicos Asistidos por Inteligencia Artificial"

La exposición de motivos reconoce que la inteligencia artificial ya se usa en los servicios públicos de Puerto Rico para ganar eficiencia, pero advierte que puede afectar la transparencia, la confianza y a poblaciones vulnerables. Por tanto, se propone una ley que obligue a notificar al ciudadano cuando interactúe con sistemas automatizados y le garantice el derecho a pedir la intervención de un ser humano.

En el panel, el senador indicó que muchos adultos mayores no dominan la tecnología."Buscamos que haya la advertencia en servicios de gobierno cuando se interactúe con inteligencia artificial. Buscamos que si esa persona no está satisfecha pues que pueda pedir un recurso humano y declinar automáticamente", detalló. 

"Estamos buscando las mejores prácticas. Tenemos el gobierno federal que si no se hace un balance hay amenaza de quitar fondos. [...] Pero buscamos el balance para que se le dé un trato digno al ciudadano y poner a su alcance la información y el trato que necesitan", puntualizó. 

Poblaciones vulnerables

El profesor Pedro Rivera Rivera advirtió que, antes de hablar de inteligencia artificial, es necesario entender qué ante las personas que la utilizan solo hay sistemas basados en "unos y ceros». Señaló que le plantea retos la inteligencia artificial que es capaz de desarrollar conciencia propia y alcanzar un poder potencialmente mayor que el del ser humano.

El licenciado advirtió que la ausencia de legislación en torno a la inteligencia artificial inevitablemente genera un vacío, y que serán los tribunales quienes tendrán que asumir un rol clave para llenarlo, especialmente en lo que afecta a las industrias y poblaciones más vulnerables.

También comentó que los menores y adultos mayores son poblaciones especialmente vulnerables ante la inteligencia artificial. Entre los riesgos señalados figuran la exposición a contenidos dañinos amplificados por algoritmos, la falta de un consentimiento informado verificable cuando un menor usa la computadora, la vigilancia biométrica en escuelas, los deepfakes y la explotación sexual mediante imágenes creadas con IA.

"Por ejemplo, había una muñeca que se estaba usando en Alemania para mostrarle a los muchachos, se llamaba Keyla, y esa muñeca resulta que sin consentimiento de nadie grababa las voces de los niños y lo que decían. Y lo estaban mandando y reportando de otro lado, por lo tanto esas conversaciones estaban siendo utilizadas quién sabe cómo. Obviamente la tuvieron que prohibir, la prohibieron, y ya no está", contó.  

Por otro lado, mencionó que otros sectores vulnerables son los empleados, expuestos a monitoreo excesivo y procesos de selección discriminatorios, y las personas con discapacidad.  

"Hay que movernos a la acción y actuar con la velocidad que se requiere", manifestó.

Asimismo, el licenciado Roberto López Dávila destacó que el marco regulatorio de Estados Unidos en materia digital está marcado por la fuerza del mercado como vector principal, lo que refleja preferencias regulatorias más económicas que legislativas. 

López Dávila señaló que, pese a los efectos de  la potencia innovadora de la inteligencia artificial, la regulación federal sigue siendo débil. Comentó que se han presentado cientos de medidas sin lograr consenso, y que existe incertidumbre sobre  Estados Unidos y sus relaciones internacionales.

La conferencia fue organizada por la Fundación del Tribunal Supremo de Puerto Rico y Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Sobre la Fundación del Tribunal Supremo de Puerto Rico

La Fundación del Tribunal Supremo de Puerto Rico fue establecida en 2001 por iniciativa del entonces Juez Presidente José Antonio Andreu García, con el propósito de fomentar el entendimiento del desarrollo histórico, los valores y el rol del Tribunal Supremo en la sociedad puertorriqueña.  Constituida como un fideicomiso sin fines de lucro, autónomo e independiente del Tribunal Supremo, la Fundación es dirigida por una Junta de Fiduciarios voluntarios y no permite la participación de funcionarios electos ni de empleados de partidos políticos. La Jueza Presidenta del Tribunal Supremo funge como miembro ex officio de dicha entidad.