» Ir al portal nuevo de Microjuris OK
El senador Luis Daniel Rivera Filomeno radicó recientemente el Proyecto del Senado 1656, que crearía la Ley para Regular el Salario Anual de los Jefes de Agencias y Corporaciones Públicas, y otros Funcionarios y Empleados en el Servicio de Confianza en la Rama Ejecutiva.
La medida propone un salario anual de ochenta mil dólares ($80,000.00) para los Jefes de Corporaciones Públicas, Secretario de Estado, Secretarios, Director de Gerencia y Presupuesto, Presidente de la Junta de la Junta de Calidad Ambiental, Presidente de la Junta de Planificación, Procurador General y el Superintendente de la Policía.
Para Administradores y Jefes de Instrumentalidades adscritas a un Departamento Constitucional o su equivalente, el salario anual sería de setenta mil dólares ($70,000.00).
Reza la exposición de motivos del proyecto:
Como parte del fortalecimiento y reafirmación de un Sistema de Retribución Uniforme, la política retributiva para los Jefes de Agencia y Corporaciones Públicas, y empleados y funcionarios en el Servicio de Confianza en el servicio público debe ser estructurada a tono con las realidades fiscales del país.
Por otro lado, debido a la crisis fiscal por la que atraviesa el gobierno de Puerto Rico, se hace indispensable que se establezcan mecanismos para una aplicación juiciosa y restringida en el desembolso de fondos para la otorgación de salarios en el servicio público. Como medida de control debido a la situación fiscal por la que atraviesa el Gobierno Central, en las Agencias y Corporaciones Públicas deben establecerse parámetros en los aspectos retributivos en el servicio público. La retribución uniforme contribuye a mantener estándares adecuados en la otorgación de salarios y en el desarrollo de escalas retributivas para evitar que los sueldos se concedan fuera de la realidad fiscal gubernamental, y de forma desproporcionada en el sistema público.
Por ser retribución una materia de alto interés público, es imperativo que se adopten para las agencias y corporaciones públicas políticas de retribución uniforme para las autoridades nominadoras y otros funcionarios y empleados de la Rama Ejecutiva.
Esta Asamblea Legislativa entiende que el servicio público debe contar con parámetros de retribución que facilite su aplicación mediante la adopción de normas claras y precisas que viabilicen el logro de nuestro objetivo para las autoridades nominadoras.
De aprobarse, la Ley entraría en vigor el 2 de enero de 2017.