Reorganización de la Oficina del Contralor Electoral

12 de enero de 2015

Ley de Puerto Rico | Contralor Electoral , Legislativo , Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico , Oficina del Contralor Electoral

Oficina_del_Contralor_Electoral Descargar documento: Enmienda la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas.

Reorganiza la estructura administrativa de la Oficina del Contralor Electoral, sus funciones, facultades y responsabilidades. Modifica el sistema de financiamiento de los partidos y las campañas políticas.

Durante la pasada contienda electoral participaron seis partidos políticos. Tres partidos por petición lograron la inscripción durante el año electoral. El impacto presupuestario para el Gobierno durante este año fue de cuatro millones cuatrocientos ocho mil doscientos sesenta y cuatro dólares ($4,408,264.00) por partido. Esta cifra se refiere a gastos administrativos ordinarios en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Hay que añadir a este costo el Fondo Electoral que la Ley separa para los Partidos Políticos inscritos de cuatrocientos mil dólares ($400,000.00) en año no electoral y seiscientos mil dólares ($600,000.00) en año electoral. En adición, la Ley para el Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico, Ley 222-2011, dispone que un partido político o su candidato a la gobernación podrá optar por acogerse a un fondo voluntario de un millón de dólares ($1,000,000.00), si no desea participar del sistema de pareo.

En otras palabras, el costo aproximado para el gobierno solo durante el año electoral es de cinco millones ochocientos mil dólares ($5,800,000.00) por partido político inscrito. Si se repitiera para el 2016 un escenario con igual número de participantes, el costo ascendería a veintitrés millones doscientos mil dólares ($23,200,000.00). Esto, sin tomar en consideración los partidos que se acogen al sistema de pareo.

La Asamblea Legislativa está obligada a prestar especial atención a la crisis presupuestaria que tiene el Gobierno, atender las necesidades que tiene la población y sentar prioridades en cuanto a la sana administración pública del País. Mediante esta Ley se implanta la política pública en cuanto al financiamiento de los partidos y campañas políticas.