El Secretario Auxiliar de la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) del Departamento de Justicia, Jesús M. Alvarado-Rivera, manifestó hoy su desacuerdo con el uso cada vez mayor de litigios infundados por entidades comerciales para obstaculizar la entrada o el crecimiento en el mercado de otros competidores. Estas prácticas pueden ser consideradas violaciones a la Ley de Monopolios y Restricción del Comercio.

Sus expresiones se dieron a conocer luego de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico hiciera final su determinación de denegar un recurso presentado por Empire Gas Company Inc., en el que procuraba dejar sin efecto la autorización concedida por la Comisión de Servicio Público a Puma Energy Caribe LLC para vender y distribuir gas licuado en Puerto Rico. Dicha autorización permitió que Puma Energy comenzara a distribuir gas licuado al por mayor, convirtiéndose en un competidor adicional en el mercado ocupado hasta entonces por Empire Gas y Tropigas.

Alvarado Rivera sostuvo que "durante los pasados años todos han visto, con mayor o menor notoriedad, cómo diversas empresas han hecho mal uso de nuestro sistema jurídico para impedir el mejor desarrollo de la competencia. Constantemente se presentan demandas, querellas, intervenciones y oposiciones sin mérito alguno, que sólo tienen como fin obstaculizar el desarrollo de un competidor. Lo hemos visto en casos civiles, en procedimientos de permisos de construcción, autorizaciones para transportar estudiantes, franquicias de televisión por cable y para la distribución de gas licuado, entre otros".

El Secretario Auxiliar de Asuntos Monopolísticos indicó que la conducta anticompetitiva no sólo ocurre con el abuso de los procedimientos judiciales o administrativos mediante la continua presentación de recursos frívolos. Además, una sola acción legal que objetivamente no tiene posibilidades razonables de ser favorecida y subjetivamente está motivada por el deseo de interferir con las operaciones comerciales de un competidor, también se considera ilegal.

"La empresa o persona que sufra los daños de estas acciones puede tener a su disposición una causa de acción bajo la Ley de Monopolios y Restricción del Comercio", afirmó el funcionario.

"Es importante trazar una línea entre la necesidad de asegurar que en cada procedimiento de permisos o licencias se cumplan todos los requisitos de ley, utilizando incluso la información que puedan aportar otros comerciantes, por un lado, y por otro evitar que estos procesos se utilicen injustificadamente como arma para impedir el desarrollo de la libre competencia. Eso no sólo perjudica al nuevo competidor, afecta a todos los consumidores que son privados de los precios más bajos y mejores servicios que brinda esa competencia. Por eso cada empresario debe abstenerse de incurrir en estas conductas anticompetitivas, pero no hay duda de que los tribunales y agencias reguladoras del País también deben ser conscientes de estas malas prácticas y detenerlas cuando sean identificadas", agregó Alvarado-Rivera.