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Por Daniel Rivera Vargas

Un caso del estado de Montana es esperanzador para las luchas ambientalistas en numerosos renglones, según Verónica González Rodríguez, directora de la sección ambiental de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

En una decisión de 103 páginas del caso Held v. State of Montana, se declaró inconstitucional una enmienda de 2011 a la ley estatal de ambiente que no autorizaba a considerar el daño causado por los gases de invernadero en sus revisiones de tipo ambiental, esto luego de un pleito entablado en el 2020 por adolescentes y niños de hasta cinco años.

«Los demandantes tienen el derecho constitucional fundamental a un ambiente limpio y saludable, que incluye el clima como parte de su sistema de apoyo ambiental de vida», sostuvo la jueza Kathy Seeley, del condado Lewis and Clark de Montana.

La profesora González Rodríguez comentó que hay dos puntos principales que «podemos rescatar».

Por un lado, en primera instancia, se reconocen los tribunales como el lugar de rendimiento de cuentas en temas de cambio climático, algo que se ha visto menguado recientemente por otras decisiones judiciales, como en West Virginia v. EPA, emitida en 2022 por el Tribunal Supremo de Estados Unidos limitando el alcance de la Ley de Aire Limpio federal.

De hecho, la profesora manifestó que el gobierno podría aún apelar esta decisión y que ese trámite apelativo pudiera incluir al Supremo federal. «Podría ser que piensan que es un foro más amable para ellos», sostuvo la conocedora de derecho ambiental.

De acuerdo con la profesora, en Puerto Rico también han habido decisiones judiciales adversas al ambiente, como alguna jurisprudencia del Tribunal Supremo adversa al ambiente en temas como legitimación activa y a nivel de instancia decisiones adversas en casos como Luquillo y Rincón.

«Han habido derrotas importantes», reconoció la directora de la sección ambiental de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

Pero, en segunda instancia, la profesora resalta que el caso de Montana reconoce que el cambio climático es una amenaza real, en especial para las personas jóvenes, porque ellos son los que principalmente les tocará vivir en el futuro cercano con las ramificaciones de las acciones o falta de acción en temas ambientales de la actualidad.

Aunque se trata de un caso de primera instancia en Montana, la profesora González Rodríguez dijo que ciertamente es un fallo potencialmente persuasivo para otros estados y jurisdicciones y eso podría ser beneficioso.

De igual forma, sostuvo que se une a logros y avances a nivel jurídico del derecho ambiental en otras partes del mundo, como lo es la reciente aprobación de un informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre la importancia del litigio ambiental en el tema del cambio climático y decisiones en países como Holanda y Colombia. 

Particularmente, en Colombia se cuestionó que no están cumpliendo con sus compromisos con el Acuerdo de París sobre clima.

Incluso, en Chile se solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre las obligaciones del gobierno para proteger a los ciudadanos de los efectos del cambio climático, explicó González Rodríguez.

«Este tipo de jurisprudencia fortalece la idea de que estos casos son justiciables en los méritos, que los tribunales pueden tomar decisiones en los méritos», sostuvo la profesora.

«Mientras más determinaciones de esta naturaleza tengamos, más posible que tengamos un cuerpo de jurisprudencia que permita delimitar los contornos de las acciones que el estado tenga que hacer como las que no pueda hacer. Poco a poco se va montando el rompecabezas, digamos», concluyó.