Por Paola N. Solá Algarín
Estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, para el curso ADN Post-Sentencia de la profesora Iris Rosario Nieves

Barred: Why the Innocent Can’t Get Out of Prison es la obra más reciente de Daniel S. Medwed, un distinguido profesor de derecho y renombrado defensor de personas condenadas erróneamente. Anteriormente, también publicó el libro Prosecution Complex: America’s Race to Convict and Its Impact on the Innocent.

En esta ocasión, el autor hace una crítica al sistema procesal penal estadounidense – lo cual es pertinente para Puerto Rico por su conexión histórica, política y jurídica con Estados Unidos – desde su propia experiencia a lo largo de los años luchando por la excarcelación de personas inocentes. Además, suma ejemplos de casos reales que demuestran lo difícil que resulta revocar una condena errónea, incluso en casos de pena de muerte, donde han resultado infructuosos los esfuerzos de demostrar la inocencia antes de la ejecución.

El argumento del libro es que el régimen procesal postsentencia está en contra de los inocentes. Los inocentes no siempre son liberados. Una y otra vez, el autor ofrece ejemplos que dan cuenta de que se puede tener evidencia de inocencia y nadie está dispuesto a escucharla o a hacer algo al respecto con la misma.

El autor se preguntó «¿cómo es posible que una persona encarcelada con una afirmación de inocencia tan creíble no pueda tener ningún recurso?».

Se contestó: «el sistema penal estadounidense valora la culminación de los procesos y la eficiencia sobre la precisión».

Aunque el autor acepta que la culminación de los procesos y la eficiencia son consideraciones importantes en el sistema procesal penal, para él, estos elementos no son tan importantes como corregir una verdadera injusticia: la condena de una persona inocente.

Medwed examina por qué es tan difícil para las personas condenadas erróneamente superar los tecnicismos procesales y demostrar su inocencia, incluso cuando hay buena evidencia de que no han cometido el crimen. Para esto, repasa y analiza los mecanismos procesales existentes para conseguir una revocación de una condena errónea y la excarcelación de una persona inocente.

La Parte I del libro, dividida en cuatro subtemas, considera cómo las reglas del procedimiento de apelación invisibilizan posibles casos de inocencia y dificultan su identificación. El autor indica que estos peligros de la apelación directa se deben a los requisitos de preservación (que solo se pueden considerar errores del juicio que hayan sido debidamente objetados), los estándares de deferencia en la revisión, la doctrina del harmless error, las limitaciones de tiempo para apelar, así como las renuncias al derecho a apelar los preacuerdos. Todo esto, hace casi imposible que los tribunales de apelaciones puedan identificar adecuadamente condenas erróneas, y de hacerlo, es igual de difícil que revoquen las sentencias.

«La presunción de inocencia se desvanece con la condena, y es reemplazada por una de culpabilidad (traducción nuestra)».

La obra explica que se estima que entre .027% a 15% de los prisioneros son inocentes (página 7). Aproximadamente, 95% de los casos penales se resuelven mediante acuerdos de culpabilidad (página 20). Además, señala que un 15% de los certiorari aceptados por el Tribunal Supremo de Estados Unidos involucraban cuestiones de procedimiento criminal (página 167).

El autor explica que, con una población carcelaria estadounidense que supera el millón, incluso algunas de las estimaciones conservadoras se traducen en miles de personas inocentes.

Quien no acepta una oferta de culpabilidad se corre el riesgo potencial de recibir una sentencia mucho más alta —hasta tres veces más— al ir a juicio. Así, incluso los inocentes sucumben ante la presión del sistema de aceptar acuerdos de culpabilidad, lo que hace más complejo el probar su inocencia. Según el autor, el Tribunal Supremo se ha vuelto especialmente reservado al escoger casos criminales para revisión. Esto hace más difícil que se puedan revocar condenas erróneas y liberar inocentes de prisión.

La Parte II, con cuatro capítulos, analiza otros recursos posteriores a la condena, incluidos el Habeas Corpus y el Coram Nobis, que ofrecen mecanismos para detectar y corregir condenas erróneas en teoría, pero contienen una serie de obstáculos en la práctica, entre ellos: los recursos se limitan a situaciones donde se descubre nueva evidencia; existen limitaciones en el tiempo para someter la solicitud luego de una apelación; el reclamo de inocencia es irrelevante si no está acompañado de un reclamo constitucional; no existe derecho a representación legal en estas acciones; y en ocasiones no se celebran vistas judiciales en donde pueda sopesarse el reclamo.

Como resultado, menos del 1% de las peticiones de Habeas Corpus resultan ser exitosas para el peticionario. De estas, una gran mayoría son resueltas favorablemente cuando se tiene evidencia clara de la inocencia, es decir, pruebas de AND exculpatorias, pero uno de los principales retos es que la evidencia biológica adecuada para realizar pruebas de ADN solo se encuentra en alrededor del 10 al 20% de los casos.

Por otro lado, las leyes de pruebas de ADN postsentencia presentan sus propios problemas, como el requisito de que el peticionario debe estar encarcelado (no puede estar bajo probatoria o libertad bajo palabra y tampoco aplica para personas que cumplieron su condena, pero desean ser eliminados del registro de ofensores sexuales) y a su vez, no puede haber confesado o haberse declarado culpable en algún momento.

La Parte III mediante dos subsecciones, va más allá del Poder Judicial y explora el Poder Ejecutivo en donde los poderes de libertad bajo palabra y clemencia podrían ejercerse para ayudar a los inocentes, pero a menudo no lo hacen.

El autor identifica que estos mecanismos no están hechos para discernir entre si el solicitante es inocente o culpable, sino que los procedimientos se limitan a beneficiar —como acto de «perdón»— a cierto grupo de personas que hayan demostrado buena conducta y expresen arrepentimiento luego de haber extinguido gran parte de su sentencia.

El problema, a menudo, es que los inocentes no pueden arrepentirse de actos no cometidos y tampoco quieren ser «perdonados» por estos actos. Aún si se arrepintieran con el fin de salir de prisión, esto trae consigo consecuencias difíciles de vencer, como por ejemplo, que sean excluidos de los beneficios de las leyes de ADN postsentencia.

El autor nombra esta encrucijada como el Inocent Prisioner’s Dilema (el dilema de los prisioneros inocentes), y significa que el inocente tendrá que elegir entre la posibilidad de salir de prisión mintiendo sobre estar arrepentido y aceptando responsabilidad por los actos no cometidos, arriesgando así sus posibilidades de un reclamo de inocencia por haber admitido culpabilidad, o quedarse en prisión manteniendo su postura y esperar ser uno de los pocos afortunados que logran vencer las barreras del sistema.

«Si los tribunales realmente se preocuparan por la inocencia, los procedimientos que rigen tales reclamos no serían tan onerosos (traducción nuestra)».

Finalmente, la Parte IV, a través de dos capítulos, se profundiza en posibles cambios estructurales que podrían aliviar algunos de los daños infligidos por los procedimientos tradicionales.

Mediante su obra, el profesor Daniel Medwed aporta al derecho de varias maneras, entre ellas, ser una compilación de fácil entendimiento, pero muy ilustrativa del derecho procesal postcondena. Asimismo, es importante reconocer la humanización y personalización que el libro aporta con los casos discutidos. Se trata de casos que muchas veces son asignados en la Escuela de Derecho o que los juristas han leído varias veces, sin conocer las historias y los actores detrás de las opiniones o sentencias publicadas. Además, hay que enfatizar en la aportación histórica del autor respecto a los origines de los recursos de Habeas Corpus y el Coram Nobis, clemencia y libertad bajo palabra.

Puede criticarse al autor porque tuvo una excelente oportunidad para profundizar en ciertas problemáticas, como el racismo sistemático y las penas desproporcionadas en el sistema penal de Estados Unidos. Aunque Medwed menciona estos temas, lo hace incidentalmente y sin reconocerlos abiertamente como problemáticas que ameritan soluciones que vayan más allá de la reforma. En palabras del autor, «aunque soy simpatizante de varias de esas propuestas revolucionarias [refiriéndose a las propuestas de transformación del Sistema de Justicia Criminal], este libro tiene objetivos más modesto (traducción nuestra)».

Como estudiante de derecho con interés en el derecho penal, encuentro esta obra como excepcionalmente ilustrativa de la realidad práctica del derecho procesal penal: muchas veces es injusta. El derecho no es justicia. La justicia es la utopía que persigue el derecho. Habemos soñadoras que pretendemos que el derecho se acerque más a esa utopía, pero para lograrlo necesitamos conocer los obstáculos que enfrentaremos en el camino para así, poder diseñar estrategias para vencerlos. Barred: Why the Innocent Can’t Get Out of Prison, es un buen comienzo para eso.

La frustración como sentimiento está presente durante la lectura de Barred, aunque en ocasiones, la misma se desvanece al saber que, de alguna manera u otra, los casos dados como ejemplos podrían terminar en una excarcelación. Sin embargo, la excarcelación no es el fin de la agonía, ni es una justicia definitiva, tal como lo ilustra el autor con los trágicos finales de David (la víctima de un caso de agresión sexual cuando era menor) y Larry Youngblood (la persona condenada erróneamente en el caso, quien finalmente fue exonerado mediante pruebas de ADN).

Recomiendo este libro vigorosamente a todos los actores del sistema penal: agentes y policías, fiscales, jueces de todos los niveles, abogados, oficiales de libertad bajo palabra, integrantes de los comités de clemencia, profesores y estudiantes de derecho, entre otros. Hago especial énfasis en que sea una lectura imperativa para fiscales y jueces. El libro podría cumplir con lograr un cambio de perspectivas y la identificación del problema real y preocupante de que inocentes sean encarcelados y que sus posibilidades de salir de prisión sean escasas. Solo reconociendo el problema se puede lograr una solución.