Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del(a) autor(a) y no reflejan las opiniones y creencias de Microjuris o sus afiliados.

Por Ángel Ortiz Guzmán
Abogado y notario

Hay conductores que ven un estacionamiento para impedidos y lo interpretan como una oportunidad para estacionarse: "solo será un minuto", "no hay otro lugar", "nadie está usando el espacio". Esa frase, repetida con bastante frecuencia, revela un problema que va mucho más allá del tránsito: la falta de empatía hacia quienes enfrentan barreras cotidianas que muchos ni siquiera nos percatamos.

Los estacionamientos para personas con discapacidades, mejor conocidos como "estacionamientos para impedidos", no son un privilegio ni una ventaja. Son una herramienta básica de accesibilidad. Por eso suelen ubicarse cerca de entradas, rampas o ascensores: la distancia corta puede significar la diferencia entre llegar con autonomía o quedarse fuera de una consulta médica, del trabajo, de una tienda o de una actividad familiar.

Tampoco se trata únicamente del estacionamiento. Las franjas diagonales que lo acompañan permiten abrir completamente la puerta del vehículo y desplegar una silla de ruedas, un andador, muletas u otro equipo de movilidad. Ocupar ese espacio, aunque sea brevemente, puede impedir que una persona baje o suba de su automóvil con seguridad.

Un error común es asumir que la discapacidad de una persona siempre se ve. No es así. Hay condiciones cardíacas, respiratorias, de dolor crónico, discapacidad intelectual, autismo y otras situaciones que pueden requerir legítimamente estos espacios sin que la persona utilice una silla de ruedas. Juzgar a alguien porque "no parece discapacitado" es otra forma de exclusión.

Cuando un conductor sin derecho ocupa un estacionamiento para impedidos, no solo incurre en una violación a la "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico". Le está quitando a otra persona la posibilidad de participar de la vida en igualdad de condiciones. Detrás de cada estacionamiento reservado hay alguien que necesita ese espacio para ejercer derechos tan elementales como atenderse, trabajar, estudiar o compartir con su familia.

En Puerto Rico, este respeto tampoco depende únicamente de la buena voluntad. La Ley de Vehículos y Tránsito establece que estacionarse u obstruir un área designada para personas con impedimentos, sin autorización o sin exhibir el permiso de estacionamiento en forma de rótulo removible, conlleva una multa de mil dólares. Asimismo, utilizar o exhibir una tablilla especial para personas con impedimentos físicos permanentes y equipo asistido para conducir sin estar autorizado puede constituir un delito menos grave. Estas normas existen porque el acceso no es un favor que se concede: es un derecho que debe protegerse.

La solución no exige grandes cambios. Exige algo más sencillo y fácil: respeto. Si no se tiene el rótulo removible o la tablilla correspondiente y la persona con discapacidad no viaja en el vehículo, el estacionamiento para impedidos no se utiliza. Si está ocupado, se busca otro espacio. Si se observa una violación a la ley, debe reportarse a la Policía de Puerto Rico, la Policía municipal o a la Oficina de Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI).

Respetar los estacionamientos para personas con discapacidades es una medida pequeña, pero poderosa. Dice que una sociedad no se mide solamente por sus leyes o sus edificios, sino por la conducta cotidiana de quienes los usan. Una ciudad verdaderamente accesible comienza cuando entendemos que esos espacios no pertenecen a "nadie": son de quienes los necesitan para poder moverse, decidir y vivir con dignidad. Respetar un estacionamiento para personas discapacitadas no cuesta nada; ignorarlo puede costarle a alguien su autonomía o su vida.

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del(a) autor(a) y no reflejan las opiniones y creencias de Microjuris o sus afiliados.