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Por Daniel Rivera Vargas

Un proyecto de ley que actualmente se encuentra bajo evaluación en el Congreso de los Estados Unidos ha generado expectativas entre los grupos del tercer sector, quienes analizan cómo esta legislación podría afectar sus relaciones con el gobierno, especialmente del segundo mandato de Donald Trump como presidente.

El proyecto de ley H.R. 9495, titulado Ley para Parar el Financiamiento al Terror y Penalidades Contributivas a la Ley de Secuestrados Americanos, propone medidas significativas dirigidas a combatir el apoyo financiero a organizaciones terroristas. Entre las disposiciones más destacadas, se encuentra una cláusula que busca eliminar las exenciones contributivas otorgadas a entidades que sean identificadas como colaboradoras o que brinden apoyo a grupos clasificados como terroristas por el gobierno de los Estados Unidos.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) advirtió sobre los riesgos de esta medida al señalar que «esta legislación otorgaría al Secretario del Tesoro el poder unilateral de investigar y cerrar cualquier organización exenta de impuestos, incluidas universidades, medios de comunicación y grupos de la sociedad civil, despojándolas de su condición contributiva basándose únicamente en una acusación de irregularidades».

Este poder concentrado, según declaraciones escritas de la organización, plantea serias preocupaciones sobre la protección de derechos fundamentales como la libertad de asociación y expresión.

Más de un centenar de organizaciones, incluidas la ACLU, han manifestado su oposición al proyecto de ley mediante una carta dirigida a los líderes del Congreso. En ella, advierten que esta propuesta podría sentar un peligroso precedente y marcar el inicio de numerosas luchas legales en el futuro cercano, con implicaciones profundas para el tercer sector y los derechos civiles en Estados Unidos.

«La libertad de disentir sin temor a las represalias del gobierno es una parte vital de cualquier democracia que funcione bien, y ahora no es el momento de conceder al poder ejecutivo nuevos poderes para investigar y cerrar funcionalmente y silenciar a sus críticos. Esta noche, un número suficiente de miembros de la Cámara ha votado para bloquear la concesión al poder ejecutivo de nuevos poderes amplios y de los que es fácil abusar. Esta es solo la primera batalla de este tipo que esperamos ver en los próximos años, y seguiremos vigilantes trabajando para garantizar que la autoridad del poder ejecutivo se limite adecuadamente», dijo en declaraciones escritas Kia Hamadanchy, asesora senior de política pública de la ACLU.

La medida ha sido apodada como «nonprofit killer» (asesino de organizaciones no gubernamentales) debido a que otorga al Secretario del Tesoro de los Estados Unidos el poder de privar unilateralmente a una ONG de su exención contributiva por supuestamente apoyar a grupos terroristas, sin garantizar un debido proceso legal.

Esta preocupación fue destacada por Maritere Padilla Rodríguez, Directora Senior de Política Pública y Abogacía de Hispanic Federation en Puerto Rico, quien enfatizó el impacto negativo que podría tener esta legislación en organizaciones legítimas y en la defensa de derechos fundamentales.

«Es un proyecto de ley preocupante a nivel de los Estados Unidos. El jueves fue aprobado en la Cámara (de Representantes de Estados Unidos). Se espera que como el Senado está todavía en control de los demócratas no se apruebe, pero cuando entre el nuevo gobierno hay una alta probabilidad de que se vaya a aprobar», dijo Padilla.

Se espera que tras las elecciones generales de 2024 ambos cuerpos legislativos sean controlados por el Partido Republicana el próximo cuatrienio. El liderato actual republicano en la Cámara logró aprobar, después de varios intentos, el «non-profit killer» el jueves en votación de 219 a 184.

«Esta será mi tercera vez votando contra este proyecto, porque no importa quién sea el presidente, esta es una medida peligrosa e inconstitucional que le otorga poderes sin contrapesos para marcar a organizaciones no gubernamentales sin un debido proceso de ley», agregó ayer desde el hemiciclo federal la congresista Rashida Tlaib.

En entrevista con Microjuris, Maritere Padilla destacó los retos que enfrentan tanto las organizaciones no gubernamentales como Puerto Rico en general para el próximo cuatrienio. Entre los desafíos mencionó:

1. Barreras específicas para las ONG: La dificultad del idioma como un obstáculo clave para muchas organizaciones que buscan apoyo o interacción a nivel federal.
2. Ausencia de planes específicos para Puerto Rico: Subrayó la falta de compromisos concretos para erradicar el discrimen sistémico que afecta a la isla, como la exclusión de programas federales como el Seguro Social Complementario (SSI) y el programa nutricional SNAP.
3. Energía renovable y vulnerabilidad energética: Criticó la falta de una visión proactiva hacia la energía renovable, considerando la vulnerabilidad de Puerto Rico en este aspecto, especialmente después de desastres como los huracanes.

Expresiones de odio y trato injusto: Señaló que se han permitido expresiones de odio contra los puertorriqueños y recordó cómo, según la Comisión Federal de Derechos Civiles, la pasada administración mostró un trato injusto hacia Puerto Rico tras los huracanes Irma y María, contribuyendo a la pérdida de más de 3,000 vidas en 2017.

Padilla enfatizó la necesidad de abordar estos «puntos preocupantes» con urgencia, tanto desde la perspectiva local como federal, para garantizar un trato justo y equitativo hacia Puerto Rico y sus organizaciones.

«El no saber que pasara afecta a Puerto Rico y a las organizaciones sin fines de lucro», aseveró Padilla.

El resultado no solo puede ser que haya menos fondos, sino que por esa ausencia de recursos la sociedad necesita mucho más de las ONG, por lo que la carga es mayor.

«Las organizaciones buscan llenar los vacíos que el gobierno estatal y federal no logran atender. Si esta administración quita ayudas, establece más barreras a los fondos federales en Puerto Rico, las organizaciones también tendrían que llenar esos espacios», indicó Padilla.

Padilla subrayó que, a pesar de los desafíos, las organizaciones no gubernamentales (ONG) deberán adaptarse a cualquier escenario que enfrenten en el futuro.

«No importa las circunstancias, tenemos que trabajar con lo que hay, mantenernos positivos para impulsar a Puerto Rico hacia adelante y colaborar con el gobierno en todo lo que sea positivo para el país. Aunque el escenario es preocupante, nada es imposible para que las organizaciones sin fines de lucro continúen trabajando por las comunidades», afirmó.

Por su parte, Manuel Clavell, profesor especializado en la sección de discrimen por orientación sexual e identidad de género en la clínica de asistencia legal de la Universidad de Puerto Rico (UPR), destacó que su equipo ya está tomando medidas preventivas.

Según Clavell, «se están implementando precauciones necesarias para enfrentar los riesgos que podría traer una nueva administración de Donald Trump», haciendo énfasis en la importancia de proteger tanto a las personas como a las organizaciones que se benefician de los servicios legales que ofrece la clínica.

Ambos líderes coinciden en que, aunque el panorama es desafiante, la resiliencia y la colaboración serán esenciales para seguir adelante y garantizar la protección de los derechos de las comunidades más vulnerables.

«Se ha planteado que esas nuevas mayorías van a limitar los derechos o que no sean de fácil acceso ciertos derechos. Parece que es demasiado esto de la identidad de género y en vez de fomentar la expansión de esos derechos lo que quieren es limitar al binario masculino y femenino», sostuvo Clavell.

Clavell advirtió que propuestas legislativas como el llamado «nonprofit killer» podrían representar un atentado contra las organizaciones de base comunitaria, que históricamente han desempeñado un papel clave en áreas como la afirmación de identidades y la protección de derechos humanos.

Clavell destacó que muchas de estas organizaciones surgieron en contextos críticos, como la epidemia del sida, y han avanzado gracias a estructuras legales y corporativas que han logrado proteger a comunidades vulnerables, en especial las LGBTIQ.

El profesor subrayó que las decisiones judiciales y leyes que han reconocido derechos y otorgado protecciones a estas comunidades, como las cobijadas bajo la sección 501(c) del código de impuestos de los Estados Unidos, podrían verse directamente afectadas por medidas como el H.R. 9495. Esto amenaza no solo la continuidad de estas organizaciones, sino también los avances graduales obtenidos en igualdad y derechos civiles.

Clavell hizo un llamado a fortalecer las estructuras legales y tomar acciones preventivas para salvaguardar el trabajo de estas entidades, esenciales para el desarrollo y la justicia social en Puerto Rico y Estados Unidos.

El profesor resaltó la importancia de que instituciones como la clínica de asistencia legal de la Universidad de Puerto Rico, con más de 20 años de trayectoria, utilicen su experiencia para enfrentar los desafíos legales actuales y futuros. Subrayó que es esencial afianzar y proteger los derechos obtenidos bajo el marco normativo vigente, en una época en la que se han logrado avances históricos como la despenalización de la sodomía y el reconocimiento del matrimonio igualitario.

Clavell destacó que, además de defender los derechos ya establecidos, las instituciones legales deben aprovechar su legado histórico para luchar contra posibles cambios regresivos que puedan surgir bajo una nueva administración de Donald Trump. Esto incluye la identificación y litigio de casos estratégicos que puedan fortalecer derechos a través de la jurisprudencia.

El profesor enfatizó que estas acciones son cruciales para contrarrestar intentos legislativos que podrían debilitar las protecciones actuales, como lo que plantea el proyecto H.R. 9495. «Es nuestro deber utilizar nuestra experiencia y legado para garantizar que los derechos conquistados no solo se mantengan, sino que se fortalezcan en este clima de incertidumbre», afirmó Clavell.

Esto requerirá, indicó Clavell, procurar la consecución de dos metas: por un lado, continuar la presión de la comunidad jurídica para expandir los derechos existentes, a través del manejo de casos, test cases y casos especiales, para conseguir un derecho por la vía jurisprudencial, y presionar o aportar a las ramas ejecutiva y legislativa para avanzar en derechos. La otra meta es fortalecer las herramientas actuales, que, en el caso de Puerto Rico, incluyen muchas reconocidas estatutariamente en el Código Civil.

«Lo que pretendemos, ante esta situación del cambio de régimen político, es no dormirnos en los laureles de los derechos que ya se han conseguido por la vía jurisprudencial y estatutaria», sostuvo Clavell.

Añadió que las personas interesadas en buscar orientación en algunos de los servicios de la clínica de asistencia legal de la UPR pueden llamar al 787-999-9570.