por la Lcda. Adi G. Martínez Román, JSD
Directora Ejecutiva
Fundación Fondo de Acceso a la Justicia

Ahora más que nunca nuestra población vulnerable, empobrecida más aún por los estragos de los huracanes Irma y María, necesita ayuda para resolver todos los asuntos legales que surgen como consecuencia de esta emergencia. Para esto, la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia, Inc. (FFAJ) creó el Fondo Legal de Emergencia, mediante el cual hemos logrado hasta hoy allegar más de $800,000, de los cuales ya se han utilizado alrededor de $425,000 entre más de 15 organizaciones para servicios legales de emergencia. Entre los servicios brindados está la asistencia legal en los trámites de la Agencia para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés) – solicitud, apelaciones y affidavits – y toda la variedad de servicios legales de emergencia para adultos mayores (más de 50 años). También en las próximas semanas distribuiremos $350,000 para la provisión de servicios legales relacionados a la titularidad de las viviendas.

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A través de los servicios brindados por los abogados y abogadas que subvencionamos, hemos identificado problemas legales importantes que afectan el acceso al derecho fundamental a la vivienda de una gran cantidad de personas y familias. Principalmente, nos preocupa la cantidad de hogares que no han recibido la ayuda que le corresponde a través de los distintos programas de FEMA. A estos hogares, por ejemplo, se les ha denegado frecuentemente la ayuda para las reparaciones estructurales de los daños causados por los huracanes bajo el programa de Indiviudal Household Program (IHP), o la cantidad que reciben para reparaciones es irrisoria. También se reciben cantidades muy pequeñas para la compra de enseres, muebles y ropa bajo el Other Needs Assistance Program (ONA).

FEMA reportó a principios del mes de febrero pasado haber denegado alrededor de 13,800 casos por falta de titularidad. En marzo, recibimos data directamente de FEMA que subía el número de esos casos a más de 18,000. Existen personas, como la Comisionada Residente en Washington, Hon. Jenniffer González Colón, que indican que esos casos suman a más de 60,000. También, los abogados y abogadas que trabajan para las organizaciones que ya subvencionamos aseguran que la cantidad parece ser mucho mayor que la reportada por FEMA. Por otro lado, se informa que solamente .064% de los damnificados habían recibido la ayuda mayor de FEMA, que es $33,000 como total máximo. Incluso, se ha constatado que en Puerto Rico se ha recibido hasta tres veces menos asistencia económica que los damnificados por otros ochos ciclones de mayor y menor escala en EEUU. En definitiva, la falta de ayuda de FEMA por falta de titularidad formal y de las bajas cantidades provistas crea una situación insostenible para la recuperación y el desarrollo socio-económico sostenible de Puerto Rico luego del Huracán.

En cuanto a los problemas de titularidad formal, es importantísimo aclarar y seguir insistiendo que bajo el Stafford Act la persona que solicita ayuda de FEMA no tiene que tener título formal de propiedad para recibir asistencia para las reparaciones estructurales bajo el IHP. Para recibir ayuda, la persona tiene que ser un «Owner» según la definición provista en el 44 CFR 206.111. Aquí se indica que una persona y su propiedad clasifica como «Owner-occupied housing» cuando:

1. Tienen el título formal
2. No tiene titularidad formal, no paga renta, pero es responsable del pago del mantenimiento de la estructura o contribuciones sobre la propiedad
3. Tiene derechos de ocupación vitalicios y el título le pertenece a otra persona.

Incluso, las guías oficiales de FEMA (Individuals and Households Programs Unified Guidance – IH PUG – September 2016) establecen que cuando no tienen forma de probar estas situaciones, FEMA puede aceptar un «written statement», donde la persona explique por qué no tiene el título formal, que no paga renta, y que está a cargo de los impuestos o los gastos de mantenimiento.

Sin embargo, en Puerto Rico desde el inicio vimos una resistencia de los funcionarios de FEMA a aceptar estos «written statements», incluso cuando eran juramentados por notario. El primer paso fue hacer entender la importancia del notariado en Puerto Rico, y cómo una declaración jurada está revestida de una formalidad mayor que en EEUU. Aún cuando en las últimas semanas hemos visto avance de cooperación con los abogados y abogadas que subvencionamos, creemos que decenas de miles de casos han sido denegados por la mencionada reticencia. Por ejemplo, vemos comunidades de rescates de terrenos, donde los dueños de la estructura son los que reclaman, pero como el suelo es de una agencia del gobierno los clasifican como «squatters», cuando no lo son. A estas personas le deniegan toda ayuda, a pesar que llevan viviendo en sus hogares con la anuencia del gobierno por años, y están conectados a la red de servicios básicos de agua y luz. Hemos visto que se han denegado una variedad de casos de sucesiones no formalizadas, o cuando son varias familias que tienen sus casas en una misma dirección, pero sin haber llevado a cabo la escritura de segregación. Incluso, son muchos los funcionarios de FEMA que simplemente no entienden las escrituras públicas, ya sean de segregación, de donación, o los testamentos mostrados. A estos casos también les deniegan por lo que categorizan como inelegibilidad por «Ownership not verified».

Por todo esto, continúa siendo esencial el trabajo de asistencia legal realizado por los abogados y abogadas que asisten a los damnificados. Estos se aseguran de que FEMA acepte las declaraciones juradas, demostrando que las personas cualifican como «Owner» bajo el Stafford Act. Además, insisten en que los funcionarios de FEMA miren cada caso con cuidado en su determinación de quién es el responsable del mantenimiento de las estructuras. Ante la falta de un proceso de entrenamiento más eficiente para los funcionarios FEMA, nuestros abogados y abogadas han sido indispensables para hacerles entender el lenguaje de las escrituras, las diferencias en nuestro derecho de propiedad, además de demostrar que muchas veces las apreciaciones de los daños en las inspecciones no fueron realizadas correctamente. Ya hemos visto resultados positivos de familias que nos informan haber recibido de nuevo a los inspectores para rehacer su trabajo, o incluso haber recibido la ayuda económica que realmente necesitaban para las reparaciones.

Estamos muy orgullosos y agradecidos de los abogados y abogadas que han decido trabajar en estas encomiendas. Queda mucho por hacer, y en la FFAJ lo seguiremos haciendo. Confiamos contar con el apoyo de todo el gremio en esta importante labor de servicio, esencial para la reconstrucción sostenible de Puerto Rico.