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La reciente propuesta del expresidente Donald Trump de que Estados Unidos asuma el control («take over») de la Franja de Gaza, territorio ocupado por el pueblo palestino y eje de la histórica disputa con Israel, podría vulnerar el derecho internacional, e incluso interpretarse como un crimen internacional.
Además, esta iniciativa podría desencadenar nuevas confrontaciones en una región ya convulsa, advirtió Luis Enrique Romero Nieves, catedrático de derecho internacional público en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
A principios de febrero, el expresidente Donald Trump ofreció una conferencia de prensa en la Casa Blanca junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, donde se pronunció a favor de un «take over» de la Franja de Gaza.
Durante su intervención, afirmó que «nosotros la poseeríamos» («we will own it») y sostuvo que el territorio no debería ser reconstruido por sus actuales habitantes. Además, propuso transformarlo en una «Riviera» y sugirió que los 1.2 millones de palestinos que residen allí fueran reubicados en «países de interés con corazones humanitarios», con los costos de su traslado cubiertos por «países vecinos de gran riqueza».
En entrevista con Microjuris, Romero Nieves explicó que la Franja de Gaza no solo es un territorio históricamente disputado, sino que también ha sido el foco de múltiples acciones legales internacionales destinadas a promover la coexistencia entre palestinos e israelíes.
Sin embargo, advirtió que la propuesta del expresidente Trump desvirtúa esos esfuerzos.
«Cabe preguntarse si lo que pretende Estados Unidos es la relocalización o la eliminación total del pueblo palestino», sostuvo Romero Nieves.
Una eliminación de un pueblo, o su desplazamiento, pudiera constituirse en crímenes de lesa humanidad, elaboró el profesor.
«Si el efecto final de esto es un desplazamiento del pueblo palestino y su destierro, el destierro del pueblo palestino yo me aventuraría a decir que sí, que podría configurarse de que sería un crimen de lessa humanidad», añadió.
En virtud de esa declaración de Trump que, según Romero Nieves, «implica un apoyo irracional a Israel» se puede desencadenar un conflicto donde otros países pueden intervenir para hacer frente a esa potencial ocupación, añadió.
Cuando se le mencionó al profesor que la Casa Blanca ha dado indicios de que esta propuesta no conlleva la activación de tropas militares en combate, Romero Nieves dijo que en la actualidad no hace falta necesariamente la activación de soldados para que haya una demostración de fuerza militar.
«‘Troops on the ground’ no ha sido necesaria con aparatos no pilotados y que Estados Unidos domina. No sabemos si la ausencia de ‘troops on the ground’ incluye la ausencia de agresión, de fuerza, y de intervención armada, quizá esa aseveración es una cuestión de semántica», aseveró.
Recordó que Estados Unidos ha sido un aliado histórico de Israel y que, en el derecho internacional, los pueblos soberanos tienen derecho a la autodefensa y a la defensa colectiva, es decir, a recibir apoyo de un aliado en la defensa de su país. Sin embargo, destacó que el ejercicio de la autodefensa está sujeto a principios de proporcionalidad, por lo que el uso de la fuerza debe limitarse a lo estrictamente necesario para repeler un ataque o una agresión.
Romero Nieves señaló que, en el ámbito del derecho internacional, podrían surgir expresiones o movimientos de países en organismos como las Naciones Unidas en contra de la propuesta de Estados Unidos. No obstante, descartó la posibilidad de una intervención del Consejo de Seguridad de la ONU, dado que Estados Unidos es uno de sus cinco miembros permanentes, junto con Francia, el Reino Unido, China y Rusia.
Sin embargo, eso no impide que otros organismos puedan intervenir. Por ejemplo, aunque Rusia es miembro del Consejo de Seguridad, su presidente, Vladimir Putin, enfrenta órdenes de arresto por crímenes de guerra en Ucrania.
Al preguntarle si la situación en Gaza podría derivar en una acusación o una orden de arresto contra el expresidente Trump, Romero Nieves afirmó: «Sin duda alguna, la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción para procesar e investigar crímenes de lesa humanidad, lo que podría incluir ese desplazamiento forzado. Dependiendo de la magnitud y los efectos de la propuesta de Trump, al menos podría iniciarse una investigación».
Además, la propuesta de Trump coloca a Estados Unidos de espaldas a sus responsabilidades internacionales de fomentar la paz internacional: «Estados Unidos quebranta obligaciones fundamentales como miembro de Naciones Unidas».