Por Daniel Rivera Vargas

Ya no hay marcha atrás: los abogados y las abogadas tienen un deber de adaptarse a las nuevas tecnologías, cuya ignorancia no es excusa ante las obligaciones éticas, y su incumplimiento puede conllevar sanciones, según se discutió el viernes, 26 de septiembre, en un panel con jueces y expertos en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

"La inteligencia artificial abre un abanico de oportunidades, pero también plantea retos éticos importantes y urgentes", dijo el juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Ángel Colón Pérez.

Las expresiones se dieron durante el panel «Ética Profesional e IA: El ejercicio de la profesión legal se adapta a los tiempos», como parte de la Conferencia «Inteligencia Artificial y Estado de Derecho: Innovación y Cambio Sistémico«.

El evento fue fruto de una colaboración entre la Fundación del Tribunal Supremo de Puerto Rico, la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y la Rama Judicial de Puerto Rico.

La discusión estuvo repleta de relatos locales e internacionales, de advertencias -incluyendo que los abogados no deberían usar la versión gratuita de ChatGPT- y de exhortaciones de cara a un futuro que en realidad es el presente. El panel coincide con la nueva obligación impuesta por el Tribunal Supremo a los abogados de tomar un mínimo de 6 créditos de Educación Jurídica Continua ante la entrada en vigor este enero de  las nuevas Reglas de Conducta Profesional, que contiene secciones explícitamente dirigidas a las nuevas tecnologías.

El panel moderado por el Juez Colón Pérez contó como panelistas al profesor de Derecho Guillermo Figueroa Prieto, el también profesor y en exjuez Alfonso Martínez Piovanetti, al juez presidente del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Raúl Arias Marxuach, así como Rebeca Servin Lewis, directora de asuntos Jurídicos en México, Centroamérica y el Caribe para la empresa Microsoft.

La primera en tomar la palabra fue Servin Lewis. "Somos optimistas respecto de cómo la IA puede ayudar a las personas, a las industrias y a la sociedad", manifestó la conferenciante. "No es innovar por innovar, es poner al ser humano en el centro. Tenemos una visión humanista de la inteligencia artificial", agregó.

La panelista enumeró diversas instancias en las que los tribunales han adoptado el uso de Inteligencia Artificial para el uso de los jueces. Por ejemplo, el sistema judicial brasileño lanzó en 2024 el Módulo de Apoyo para Redacción con Inteligencia Artificial, conocido por sus siglas MarIA. Este sistema de inteligencia artificial ayuda a los jueces en la redacción de borradores de escritos, aunque los jueces conservan la responsabilidad final, dijo. 

Mientras, en México, la Rama Judicial cuenta con la plataforma JulIA, con la meta de hacer más accesible el derecho a todos los ciudadanos, buscando simplificar el lenguaje de controversias legales.

"El ciudadano de a pie que no tiene conocimiento de legislación, que no tiene conocimiento de información jurídica, puede hacerse una idea de que es lo que hay", sostuvo Servin Lewis.

Asimismo, también en Argentina se está desarrollando un programa piloto de Inteligencia Artificial en la justicia y en Colombia tras una sentencia que permite el uso de Inteligencia Artificial para el apoyo de jueces, se han dado casos como el de la jueza María Victoria Quiñones, quien asegura que lo que antes les toma a 6 horas ahora lo resuelve en minutos. "Antes resolvía 4 casos por semana y ahora 20", destacó.

Por su parte, el exjuez Martínez Piovanetti comentó que el concepto de inteligencia artificial existe desde los 50, pero no es hasta hace 3 años que con la llegada de una versión 3.5 de ChatGPT que se sintió su impacto. 

"ChatGPT tiene 800 millones de usuarios semanales", sostuvo.

Martinez Piovanneti contó que él ha visto la mejoría de la plataforma. Por ejemplo, en el primer año que le dio un examen suyo, la plataforma "se colgó", y pasados varios años después, actualmente obtiene la segunda mejor nota.

También el exjuez discutió la nueva regla 1.19 sobre "competencia y diligencia tecnológica" que, aunque no requiere que los abogados sean expertos, si exige de los abogados un manejo razonable de los avances. 

"La tecnología es hoy indispensable en la práctica jurídica y notarial", reza el primer comentario del Supremo en esa regla, dijo Martínez Piovanetti.

Reconoció que los cambios siempre traen resistencia, como cuando hace algunos años se comenzó a implantar la plataforma Sistema Unificado de Manejo de Casos (SUMAC). 

"Hubo abogados que dijeron que si no los dejaban radicar en papel se iban a retirar", contó.

Afirmó que la Inteligencia Artificial implica retos diversos, como, por ejemplo, en el área de la confidencialidad de los documentos de los clientes. "Si usted usa la versión gratuita de ChatGPT, está consintiendo a usar toda esa información de sus clientes para la próxima versión de esa plataforma", alertó Martínez Piovanetti.

Añadió que hay aplicaciones para bufetes y abogados que se supone den una mayor protección.

Otro reto es que la plataforma a veces falla. Al respecto recordó también que  la regla 9.1 de Procedimiento Civil ya dispone que es un deber indelegable del abogado revisar la información que se somete en procesos judiciales.

Además, Martínez Piovanetti repasó la opinión formal 512 de la American Bar Association (ABA) que exhorta a ser celosos y revisar las configuraciones y términos y condiciones de las herramientas de Inteligencia artificial.

 Sobre los honorarios, Martínez Piovanetti  sostuvo que el que sabe usar herramientas de Inteligencia Artificial puede hacer en una hora lo que antes le tomaba cinco. La exhortación de las reglas es a solo facturar el tiempo efectivamente dedicado al asunto.

"Hay que estar al día con el paso de la tecnología. De aquí a unos años el que no se haya adaptado se va a quedar atrás «, indicó. 

El próximo panelista fue el profesor Figueroa Prieto, quien mirando ocasionalmente al juez Colón Pérez anticipó que pudiera haber una futura expresión del Tribunal Supremo de Puerto Rico -al que pertenece el juez- sobre el tema del uso inadecuado de Inteligencia Artificial. Indicó que esto podría ocurrir con el caso que recientemente trascendió de dos abogadas sancionadas en 1,000 por una jueza del Tribunal de Primera Instancia por citar jurisprudencia inexistente, que es algo que a veces provocan las llamadas alucinaciones de la Inteligencia Artificial. Las alucinaciones es como se le llama en este tema a las invenciones que puede provocar la IA.

Anticipó también que el Supremo se exprese en ese caso pero que pudiera tener efectos prospectivo, como suele hacer el alto foro cuando es la primera ocasión en que atienden una controversia.

El juez asociado del Supremo no hizo comentarios tras el comentario de Figueroa Prieto.

El profesor comenzó su ponencia haciendo un repaso histórico sobre el tema de la competencia de los abogados. Expresó que las primeras disposiciones de la ABA, de 1908, ni siquiera mencionan el tema de la competencia, por lo que tampoco hubo expresión al respecto cuando Puerto Rico -copiando los de la ABA- creó sus primeros cánones, en 1935. Ya en los 60 el tema se comienza a discutir en ABA y cuando Puerto Rico aprueba sus aún vigentes reglas éticas, en 1970, incorporan el tema de la competencia como deber ético, pero lo hicieron "sin darle contenido". Por jurisprudencia, con el pasar del tiempo, el Supremo fue delineando el alcance de la competencia entre juristas.

Figueroa Prieto contó que el comité que recomendó las reglas, que entran en vigor en enero próximo, no incluía el lenguaje de la 1.19 de competencia tecnológica. Fue el juez Colón Pérez que repasando el borrador se dio cuenta que el tema no se debía quedar en comentarios de las reglas, y reclutando a Martínez Piovanetti y al expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico Manuel Quilichini trabajaron en lenguaje de esta disposición. 

Esa 1.19 sobre competencia tecnológica ya tiene admiradores, dejó entrever Figueroa Prieto. "Muchas jurisdicciones de Estados Unidos están mirando lo que se hizo en Puerto Rico y están tratando de adaptar a su reglamentación eso que fue creación nuestra", comentó el profesor.

Pero las disposiciones éticas nuevas incluyen obligaciones, como que los bufetes con más de un abogado desarrollen un protocolo y celebren adiestramientos para el uso de herramientas tecnológicas. Dijo que este cumplimiento es importante porque le sirve de defensa a las oficinas legales cuando ocurran sanciones disciplinarias contra algunos de sus miembros por infracciones éticas en estos temas. 

Comentó que uno de los bufetes que más factura en Estados Unidos, cuyos socios capitales cobran $3.9 millones anuales, recientemente se encontró inmerso en un proceso disciplinario porque abogados de su firma presentaron un escrito con 17 citas incorrectas, atribuidas a mal uso de inteligencia artificial.

También recalcó que la competencia tecnológica no requiere un conocimiento total de los últimos avances en temas de computadoras, sostuvo Figueroa Prieto. "No hay duda de que la tecnología llegó para quedarse. No hay que temerle a las nuevas exigencias tecnológicas... no hay que ser experto en tecnología, lo que debemos es conocer lo necesario en función de la práctica de uno. Deben adaptarse. Y buscar ayuda", sostuvo

Añadió que los nuevos contratos deben incluir disposiciones en los que se le informe al cliente de forma detallada si se estará usando Inteligencia Artificial, y añadió que le preocupa el uso que le darán la Inteligencia Artificial por parte de los litigantes por derecho propio. El problema entonces se le transfiere a los jueces, dijo.

De otra parte, el juez Arias Marxuach dijo que hay tres tipos distintos de Inteligencia Artificial:  la predictiva, que a él le preocupa mucho porque predice decisiones sobre el futuro, y su potencial incorporación en el gobierno y los negocios; la de moderación de contenido en redes sociales; y finalmente la generativa, que identificó en su ponencia como IAG, que es "la que ha causado revuelo en la profesión".

Como herramienta, IAG puede ayudar a los abogados en diversas áreas, como hacer investigación jurídica, redactar o revisar contratos, entre otros. 

Pero, "hay que verificar el contenido generado por la IAG para verificar su pertinencia y corrección legal. sino, por ahí vienen las sanciones", sostuvo Arias Marxuach. 

Como ejemplo mencionó que el New York City Bar Association exige que "un abogado debe suplementar cualquier investigación jurídica de IAG con investigación realizada por un ser humano... no podemos apagar el juicio crítico".

Narró que, por ejemplo, en un caso de Alabama, el 2025 wl2086116 (ND Alabama 2025), siete abogados cayeron en la redada de casos alucinados. "Los abogados no se escaparon de la guillotina pero el bufete sí porque tenía un protocolo establecido, y dio adiestramientos", indicó. 

El juez federal, quien aclaró en que sus expresiones no son en nombre del tribunal que preside, mencionó que ya ha salido información de clientes de algunos bufetes donde en investigaciones no relacionadas a esos clientes salió a la luz esa información confidencial.

Explicó que los tribunales federales han impuesto sanciones monetarias tan altas como $31,000, además de referir al abogado a las  autoridades disciplinarias.

Un estudio de 2024, mencionó que IAG puede crear alucinaciones -como se le llama a cuando la IA crea respuestas incorrectas- rondan entre el 17 y el 33% en algunos escritos

Indicó que hay tribunales federales que han emitido órdenes de administración o "standing orders" que requiere la divulgación del uso de Inteligencia Artificial.

Sobre el tema del uso por parte de litigantes por derecho propio, Arias Marxuach dijo que "hay tribunales donde han eliminado demandas pro se con cientos de párrafos, creados con la asistencia de ChatGPT».

Finalmente, el juez dijo que le preocupan las nuevas generaciones y la labor de la academia para forjar las ante los retos de estas plataformas. Arias Marxuach señaló que nada de lo que expuso en esta presentación es una posición oficial del tribunal federal

La conferencia fue una colaboración entre la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y la Fundación del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Sobre la Fundación del Tribunal Supremo de Puerto Rico

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