Por Valeria Alicea Guzmán

La inteligencia artificial ya forma parte de los procesos de investigación, redacción y edición en distintos espacios académicos y profesionales. Sin embargo, para las revistas jurídicas representa un reto ante la integridad académica, la originalidad del pensamiento jurídico y la confianza de la comunidad legal.

Para la Junta Editora del Volumen 95 de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el tema ha estado presente durante el año académico y han realizado esfuerzos para orientar al cuerpo editorial y a la comunidad jurídica sobre un uso ético, prudente y consciente de estas herramientas.

"La Revista Jurídica no ha asumido públicamente una política y una postura en sí sobre el uso de inteligencia artificial", expresó Adrián Manuel Vega Reyes. Sin embargo, explicó que la Junta Editora del Volumen 95 realizó esfuerzos para comunicar al cuerpo editorial la importancia de utilizar estas herramientas de forma responsable.

Uno de esos esfuerzos fue un taller ofrecido por el profesor Alfonso Martínez Piovanetti. La actividad estuvo enfocada en el uso de herramientas de inteligencia artificial en procesos de investigación y redacción. Según Vega Reyes, la intención no fue adoptar una postura absoluta a favor o en contra, sino reconocer que estas herramientas ya se utilizan y que lo importante es cómo se usan.

"Lo que a nosotros nos importaba [era] que fuese de forma ética, prudente y consciente", indicó Vega Reyes, al explicar que el taller también abordó los riesgos de aceptar sin verificación el contenido generado por sistemas de inteligencia artificial. Entre esos riesgos, mencionó la posibilidad de que estas plataformas generen fuentes  inexistentes o información que no necesariamente responda al marco jurídico aplicable. "Puede que te supla fuentes que no existen, las famosas alucinaciones", advirtió.

Por su parte, Karlos García Rodríguez señaló que la Revista no asume una postura de exclusión total frente a la inteligencia artificial. Más bien, evalúa caso a caso el uso que pueda reflejarse en los artículos sometidos.

"La revista jurídica no toma un ‘no’ total a la exclusión de la inteligencia artificial porque reconocemos que es una herramienta. Es el uso que se le da a la herramienta lo que incide sobre la honestidad académica", explicó García Rodríguez. 

Joshua García Aponte coincidió en que una postura absoluta de prohibición sería difícil de sostener en la práctica. "Tener una postura de ‘no lo vas a usar’ es un poco ingenuo porque no podemos controlar que la persona utilice [la herramienta] en su casa", sostuvo. No obstante, compartió que la postura de la Junta se puede dividir de dos formas: la redacción y la edición.

"La redacción la controlamos parcialmente en la medida que hay redactores internos. Pero también hay redactores o autoras que someten sus artículos sin ningún tipo de supervisión en el proceso de escritura. Y yo creo que ahí es donde menos control tenemos", agregó. 

Con relación a la labor editorial de edición de los artículos, García Aponte mencionó que la postura para la edición de artículos y citas se centra en que debe ser un ejercicio humano de corroboración. 

"Hemos guiado a nuestra membresía hacia un proceso editorial más humano, en donde todo se constata visualmente utilizando el razonamiento crítico que desarrollamos en Derecho para producir lo que en su día será un volumen de revista", manifestó, por su parte, García Rodríguez.

Ante el uso de la inteligencia artificial

Ahora bien, ¿cuál es el proceso a seguir ante el posible uso de la inteligencia artificial en un escrito? 

García Rodríguez explicó que las incidencias vinculadas al uso de inteligencia artificial no siempre tienen la misma gravedad. Dijo que algunas pueden ser fácilmente corregidas durante el proceso editorial. Como ejemplo, mencionó el caso de una persona autora que utiliza una herramienta como ChatGPT para identificar fuentes sobre determinado tema y luego incorpora enlaces generados por la plataforma, incluyendo enlaces que contienen texto incrustado con la palabra "ChatGPT".

"Puede que en un artículo un autor haya utilizado ChatGPT  para preguntarle, sobre fuentes de un tema y ChatGPT te produce unos links. Esos links te llevan a los websites". Explicó que en estos casos el equipo editorial puede constatar si la fuente existe y si no se trata de una alucinación de la herramienta. 

El problema mayor surge cuando las referencias no pueden verificarse o cuando el texto no sostiene correctamente las proposiciones jurídicas que presenta.

"Es incómodo recibir un artículo para el cual hay sospecha de que hubo un uso. El que haya un uso de IA en sí quizás no es lo errado. Es el cómo se usa. Al recibir un artículo incomoda identificar el posible uso indebido, no ético, de la inteligencia artificial. Entender que ya ahora el proceso no es solamente editar para mejorar el contenido y el esfuerzo intelectual de una autora, es ahora, pues se convierte en un trabajo de cómo se construye una comunicación y  decirle a la autora o autor que este artículo  no puede ser publicado o no será publicado en nuestra institución, porque la incidencia de uso de inteligencia artificial fue a tal nivel y de tal naturaleza que hace del artículo algo no fehaciente. No es fidedigno y no comunica algo correcto dentro del Derecho", agregó Vega Reyes.

Asimismo, Vega Reyes explicó que la composición del equipo editorial permite identificar internamente el posible uso de la inteligencia artificial. 

Cuando una editora asociada revisa, por ejemplo, un párrafo que tiene cinco notas al calce, tiene que corroborar las fuentes físicas o virtuales, identificar su existencia y escanear la fuente.

"Cuando ese ejercicio ocurre, si la editora no identifica esa fuente, no la localiza en las redes, no la localiza en internet, no la localiza físicamente en una biblioteca, pues ya ahí hay una bandera que se levanta. La composición misma de nuestro cuerpo permite una práctica porque los esfuerzos de edición nos permiten desde un inicio poder ya ir detectando este párrafo o esta cita un tanto extraña porque no lo encontramos", detalló Vega Reyes. 

Sin embargo, García Rodríguez manifestó que, dentro del proceso editorial, dialogan sobre todas las preocupaciones y observaciones que tienen sobre los escritos y sostienen discusiones colegiadas. 

"Lo importante es cómo mantenemos la confianza de la comunidad jurídica, que lo que se está escribiendo aquí es producto en razonamiento humano y que el derecho en realidad esté vivo y no sea una vivencia artificial", confesó García Rodríguez.

Para García Aponte, uno de los retos más complejos es la detección. A diferencia de otras tecnologías, el uso de inteligencia artificial en la redacción o en la construcción de bibliografías no siempre deja una huella evidente. En algunos casos, puede identificarse por patrones de redacción, falta de profundidad, errores en citas o referencias inexistentes. En otros, requiere un proceso editorial mucho más minucioso.

Además, García Aponte expresó que el cuerpo editorial debe continuar siendo una especie de guardián de la integridad de lo que se publica."La labor yo la resumiría en dos palabras: rigor y excelencia". Según García Aponte, el rigor implica constatar que las fuentes existan y que digan lo que el autor sostiene y  la excelencia exige tener la honestidad de señalar cuando algo no puede verificarse. 

Guía o política institucional

Las Junta coincidió en que una de las principales necesidades de cara al futuro es desarrollar una guía o política institucional sobre inteligencia artificial. La política podría establecer niveles de tolerancia, criterios de evaluación, procesos uniformes y mecanismos para atender situaciones en las que se identifique un posible uso indebido de estas herramientas.

"Considero que es muy importante que las Revistas desarrollemos guías o políticas institucionales sobre el uso de Inteligencia Artificial, y aún más necesario ahora que la AI está en todo su apogeo y evolución. Cada vez hay alguna plataforma nueva o alguna actualización. Tener una guía o política institucional, sin duda, ayudará en el proceso de evaluación y selección de artículos, en los ciclos de su edición, y sobre todo, para las redactoras en su desarrollo de su escrito", reconoció Génesis Galán Canales. 

De cara al futuro, la Junta reconoció que estas herramientas pueden tener usos positivos si se incorporan de forma responsable.

"Las revistas jurídicas debemos sacarle provecho a la Inteligencia Artificial particularmente para simplificar, automatizar o apoyar procesos internos o administrativos. Sería muy chévere contar con alguna herramienta que nos ayude a reducir largas horas de trabajo. Sin embargo, nada debe sustituir el escrutinio y el criterio de la Junta Editora y los editores. Debemos seguir siendo nosotros mismos quienes evaluemos los escritos, con todos sus puntos o comas; y cuestionemos las fuentes utilizadas, confirmemos su existencia y su uso. Herramientas para apoyar o mejorar nuestro trabajo, pero no reemplazarlo", comentó Galán Canales.

García Aponte, por ejemplo, mencionó que la inteligencia artificial podría ayudar a mejorar los motores de búsqueda de las revistas jurídicas, de manera que las personas puedan consultar de forma más eficiente los contenidos publicados.

"No quiero que se cierre como una junta que está totalmente renuente. […] Tiene muchas posibilidades de buenos usos […] pero hay que usarlo con rigor, excelencia y responsabilidad ética", concluyó García Aponte.