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Por Daniel Rivera Vargas

La reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de revocar la doctrina Chevron, que favorecía la deferencia de los tribunales hacia las agencias, podría tener implicaciones en decisiones de casos bajo la ley federal Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA), según el abogado John Mudd, quien ha atendido casos relacionados con este estatuto que rige la quiebra del gobierno.

¿Qué decidió el Supremo federal sobre la doctrina de Chevron y qué significa para Puerto Rico?

La doctrina de Chevron U.S.A. v. Natural Resources Defense Council, 467 U.S. 837 (1984), establecía que en ciertos casos correspondía a los tribunales brindar deferencia y sostener la interpretación de la agencia, aun cuando el tribunal pudiera pensar que existía una mejor interpretación.

Sin embargo, la semana pasada, en una decisión esperada por los observadores del alto foro judicial, el Tribunal Supremo federal revocó esa doctrina en los casos Relentless, Inc. v. Department of Commerce y Loper Bright Enterprises v. Raimondo, resolviendo que la deferencia Chevron era contraria al mandato congresional de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés), donde se coloca la responsabilidad de interpretar en los tribunales.

Mudd explica que el posible impacto del nuevo precedente Loper Bright surgiría del hecho de que la jueza Laura Taylor Swain ha resuelto que la Junta de Supervisión y Administración Financiera opera como una agencia federal, aunque esté incrustada dentro del gobierno estatal.

Por tanto, continuó Mudd, ella revisa las decisiones de la Junta de Supervisión de forma similar a como un tribunal evalúa las decisiones de agencias administrativas, por lo que un cambio en la normativa judicial respecto a la relación entre agencias y tribunales podría tener algún impacto.

Pero, aclara Mudd, la realidad es que Loper Bright deja inalterado lo relacionado a la deferencia de las agencias relacionada a la evaluación de hechos, sino que el cambio principal es que ya en casos de que haya ambigüedad en la ley, el tribunal no está atado a seguir lo que diga la agencia, o en el caso de Promesa la Junta de Supervisión.

«El ‘policy and fact finding’ se quedan igual: solo se pueden revisar cuando es arbitrario. Ahora cuando están interpretando partes de la ley PROMESA que sean ambiguas, ahí no se le va a dar deferencia a la Junta», sostuvo Mudd.

El abogado entiende que esto no necesariamente afectará mucho en las decisiones de la jueza Swain, quien es encargada de la corte de título III creada por PROMESA para evaluar inicialmente las controversias judiciales relacionadas a la quiebra del gobierno, aunque sí pudiera afectar el resultado de casos en el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito.

«Yo no creo que haya mucha diferencia. Swain le da el 85% de lo que pida la junta quizá si haya diferencia en el tribunal de primer circuito», afirmó Mudd. «Yo no creo que Swain cambie su visión de las cosas», aseveró.

El abogado dijo que también hay que entender que Lopez Bright es un cambio en el derecho, pero que en la amplitud en que se ha difundido, y que ya en la práctica las decisiones de las agencias son cónsonas con decisiones judiciales previas.

«La prensa en Estados Unidos se ha vuelto loca diciendo ‘esto cambia todo’. Esto no cambia nada. Hace años la decisión de Chevron ha sido afectada por otras decisiones», sostuvo. «Va a tener un impacto, pero menos impactante de lo que la gente cree», añadió.

El cambio principal, reiteró, es en lo que tiene que ver con dudas en el derecho, con interpretación de áreas que no sean claras con la ley, en la que anteriormente lo que decía la agencia tenía que prevalecer, porque «bajo Chevron, si (un juez) tiene una opinión diferente a la agencia te tenías que tragar la lengua y aceptarla. Ahora no (bajo Loper Bright)».

Agregó que también es importante en la decisión de Loper Bright que dos de los seis miembros de la mayoría, los jueces Clarence Thomas y Neil Gorsuch, en opiniones concurrentes, entienden que Chevron violaba la separación de poderes porque limitaba inconstitucionalmente, según ellos, el ejercicio del poder judicial de los tribunales frente a las agencias.

Respecto a posible impacto del nuevo precedente federal en Puerto Rico, Mudd dijo que la decisión es sobre una ley federal y aquí no se usa esa ley, sino que existe una disposición estatal para asunto administrativos, por lo que no hay un impacto directo, aunque es de esperarse que los abogados que cuestionan decisiones de las agencias usen el precedente federal en sus argumentos porque sigue siendo relevante por su valor persuasivo.

Eventualmente, dijo Mudd, el supremo de Puerto Rico, tendrá que expresarse sobre qué hacer con Loper Bright. «Seguramente van a tener que decidir sobre ello. Ponle el sello: si, la adoptamos, o no la adoptamos».

Supremo federal anula la doctrina de Chevron