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El Tribunal Apelativo de Puerto Rico ha ratificado el aumento del salario mínimo a $10.50 por hora, al confirmar que no es necesario que la Comisión Evaluadora intervenga para aprobar este cambio. La resolución del Tribunal establece que el aumento fue dispuesto por mandato legislativo, lo que implica que la aprobación adicional de la Comisión no es requerida para que la medida entre en vigor.

«De acuerdo a lo ya discutido, no es necesario que la Comisión Evaluadora apruebe el aumento de salario de $10.50/hr, al este haber sido dispuesto por mandato legislativo en la Sección 2.02 de la Ley Núm. 47-2021, supra», reza el documento.

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«A la Comisión Evaluadora, únicamente le fue delegada la discreción de, si luego de realizar los análisis y evaluaciones correspondientes, variar dicho aumento. Posterior a llevar a cabo dicho análisis, una mayoría de tres a dos de los miembros que formaron el quorum, votó a favor de mantener el aumento, y por ello, no se realizó una variación. Sobre esto no hay controversia alguna, pues queda claramente establecido. Es por lo que, es inmeritorio el argumento de la parte apelante respecto a la mayoría necesaria para que este entrara en vigor y fuese aprobado», lee el documento.

«Al no haber necesidad de que se apruebe el referido aumento por la Comisión Evaluadora, no es de aplicación la Sección 2.05 de la Ley de Salario Mínimo, supra. Ante la ausencia de una controversia real y justiciable, no procedía que el Tribunal de Primera Instancia emitiera una sentencia declaratoria, como bien resolvió», indica el documento.

Contexto

A principios de julio el juez del Tribunal de Primera Instancia en San Juan, Anthony Cuevas Ramos, determinó desestimar el recurso legal mediante el cual este grupo de organizaciones comerciales buscaba invalidar el aumento de salario mínimo.

Este recurso solicitaba un ‘mandamus’ y una sentencia declaratoria para invalidar el aumento del salario mínimo a $10.50 por hora aprobado por la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo en junio.

Además, solicitaron una sentencia declaratoria que anule estas decisiones administrativas y una orden para que la Comisión adopte un nuevo decreto obligatorio para abordar el vacío provocado por el informe invalidado sobre el costo de vida y la inflación en Puerto Rico.

Las organizaciones que impulsaron la demanda fueron la Cámara de Comercio de Puerto Rico junto a la Asociación Hecho en Puerto Rico, la Asociación de Restaurantes (ASORE), la Cámara de Mercadeo, la Industria y Distribución de Alimentos, la Asociación de Industriales de Puerto Rico, el Puerto Rico Hotel & Tourism Association (PRHTA) y la Asociación de Comercio al Detal.

Eventualmente, las organizaciones acudieron al Tribunal Supremo de Puerto Rico, pero este foro declaró «no ha lugar» la solicitud de certificación intrajurisdiccional y mociones relacionadas.

Supremo declara “no ha lugar” a solicitud para invalidar aumento del salario mínimo