El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó el Proyecto de la Cámara 2112 para centralizar las compras en el Gobierno de Puerto Rico mediante una sola Junta de Subastas, con el propósito de lograr ahorros al adquirir mayor volumen de bienes y servicios a mejores precios.

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Dicho proyecto —el cual crea la Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019— es de la autoría del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos «Johnny» Méndez Núñez.

El primer ejecutivo expresó que con esta medida se busca desalentar la corrupción al constituirse una sola Junta de Subastas compuesta por profesionales que no forman parte del Gobierno, lo cual debe dar total independencia a ese cuerpo al eliminar las juntas de subastas en todas las agencias instrumentales públicas, y las cuales son presididas en muchos casos por empleados de confianza que responden a los jefes de las entidades públicas.

Rosselló Nevares agregó que esta nueva política pública producirá ahorros de casi $77 millones para el 2020, mientras que la centralización del proceso permitirá la eliminación de cerca de 25,000 contratos duplicados.

Se informó que la ley dispone que ningún miembro de la Junta de Subastas podrá adjudicar asuntos en los cuales tenga algún interés personal directo o indirecto; o que esté relacionado a cualquiera de las partes solicitantes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

La medida establece mecanismos de adquisición que tienen el objetivo de fomentar la transparencia gubernamental y una sana competencia entre los licitadores; y adopta los mismos métodos de licitación incluidos en el Modelo de Compras del Colegio de Abogados de los Estados Unidos (ABA, por sus siglas en inglés), a fin de simplificar el proceso de compras.

El Gobierno de Puerto Rico y las corporaciones públicas, salvo aquellas exentas, deberán realizar sus compras por medio de la Administración de Servicios Generales (ASG) y seguir su método y procedimiento uniforme.

Por otra parte, aunque los municipios no están obligados a hacer sus compras y subastas de bienes, obras y servicios no profesionales mediante la ASG, sí deberán adoptar los métodos de licitación y compras excepcionales, así como seguir los procedimientos establecidos al comprar y subastar bienes, obras y servicios no profesionales.

Con el propósito de resaltar la transparencia en la gestión gubernamental, la ley establece que en la página electrónica de la ASG se deberán publicar todos los documentos relacionados con los procesos de publicación, celebración y adjudicación de subastas de toda obra pública y adquisición mediante subasta de bienes y servicios de todas las entidades gubernamentales.

Por su parte, el administrador de la ASG, Ottmar Chávez Piñero, sostuvo que con esta ley se eliminan 188 reglamentos para dar paso a un solo reglamento uniforme, brindando mayor uniformidad y certeza al proceso, creando un ambiente más competitivo para hacer negocios con Puerto Rico ya que utilizarán las mismas reglas de juego para todas las compras y subastas de bienes, obras y servicios no profesionales.

Chávez Piñero puntualizó que asimismo, se trata de una legislación de vanguardia que debe permitir fiscalizar de manera más ágil y efectiva las operaciones en un marco de total transparencia y visibilidad para el Pueblo de Puerto Rico.

La medida también adopta el Registro Único de Proveedores de Servicios Profesionales, un registro electrónico en el que se harán constar los nombres, direcciones y toda información que requiera la ASG sobre las personas naturales o jurídicas cualificadas y clasificadas como proveedores de servicios profesionales por la ASG para contratar con el Gobierno de Puerto Rico.

La medida fue radicada en Cámara el 13 de mayo de 2019 y fue atendida en ambos cuerpos legislativos por la Comisión de Gobierno.

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