Por Daniel Rivera Vargas

Notarios ofrecen servicios gratuitos para trámites migratorios, mientras que abogados y abogadas reciben capacitación para asistir a personas indocumentadas. Universidades organizan foros sobre el impacto de las nuevas órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, y se imparten adiestramientos a iglesias para brindar apoyo. La comunidad jurídica se moviliza para ofrecer ayuda ante esta nueva realidad federal.

El presidente reelecto, Donald Trump, ha emitido lo que la Casa Blanca califica como «cientos de acciones ejecutivas» con el objetivo de «fortalecer la seguridad fronteriza, agilizar deportaciones, impulsar la economía, reducir costos, mejorar la transparencia gubernamental y restablecer la contratación por mérito en el gobierno federal».

«Aquí hay políticas que merecen condena enérgica, como en el caso de la comunidad inmigrante las medidas van desde pretender eliminar la ciudadanía estadounidense a hijos de inmigrantes, el cierre de un portal para tramitar asilos, cancelación de programas para refugiados y ha autorizado redadas en lugares como escuelas, iglesias y hospitales», expresó en declaraciones escritas el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

Las recientes detenciones de inmigrantes por parte de las autoridades federales han afectado a personas sin historial delictivo e incluso con estatus migratorio legal, señaló el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico en un comunicado. «Esto nos lleva a entender que estas acciones se basaron en el color de piel de las personas e incluso en su acento», expresó la presidenta del Colegio, Vivian Godineaux Villaronga.

El CAAPR celebró ayer una conferencia de prensa junto a diversas comunidades para expresar su rechazo a las políticas migratorias del presidente Trump y anunciar nuevas iniciativas en apoyo a los inmigrantes.

El Colegio, junto otras organizaciones, estará disponible para adiestramientos a organizaciones como iglesias para «creación de protocolos para congregaciones en caso de redadas de migración». Un taller sobre este tema está anunciado para este sábado 1 de febrero a las 10:00 a.m., en la sede del Colegio, en Miramar.

El reverendo Ángel Luis Rivera Agosto, ministro ordenado de la Iglesia Discípulos de Cristo, explicó que esta iniciativa busca establecer protocolos para enfrentar situaciones que considera escandalosas y violatorias de derechos humanos y constitucionales bajo las políticas de Trump. Como parte de la sociedad civil, señaló que cuentan con los profesionales de derecho para asistir en la capacitación, abordando, por ejemplo, cómo las iglesias, al ser espacios privados, requieren órdenes judiciales para permitir el ingreso de agentes federales, y cómo deben proceder los ancianos o ujieres ante su llegada.

«El presidente de Estados Unidos ha hecho un llamado a deportaciones masivas de inmigrantes. Y también ha criminalizado a todo el sector migrante, como ‘ilegal aliens’, extranjeros ilegales, nosotros sostenemos que no hay ninguna persona en e l mundo ilegal, puede haber persona sin documentos o con estatus migratorio temporero, pero nadie es ilegal», sostuvo el ministro Rivera Agosto. «Trump no se inventó la constitución, aunque haya órdenes ejecutivas él tiene que estar sometido a la ley, al Law of the Nation», sostuvo Rivera Agosto, quien dijo que el taller es en conjunto con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Al momento de la entrevista, el taller aún no estaba confirmado para una transmisión virtual. Sin embargo, el reverendo Rivera Agosto indicó que la intención es replicarlo en otras partes de la Isla, incluyendo diversas congregaciones.

Rivera Agosto, miembro fundador de la Mesa de Diálogo Martin Luther King Jr., aclaró que, aunque no hablaba en nombre de esa organización, destacó que varias congregaciones del protestantismo histórico han expresado su apoyo a la comunidad inmigrante. Entre ellas, mencionó la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, las iglesias bautistas en Puerto Rico y la Iglesia Metodista de Puerto Rico. Esta última, además de contar con una carta pastoral sobre el tema, ha incorporado en su doctrina la protección de las comunidades inmigrantes y, desde 2016, ha tomado la determinación de convertirse en iglesia santuario.

Por su parte, Ariadna Godreau, de Ayuda Legal, informó que han habilitado una línea de orientación gratuita sobre temas migratorios. Además, destacó que están brindando asistencia a organizaciones sin fines de lucro, las cuales, según señaló, deben ser una línea de resistencia frente a las acciones gubernamentales, como el posible recorte de fondos federales, que las amenazan.

«Una orden ejecutiva no crea ley. Establece política pública pero no crea ese estado de derecho, y es importante que el gobierno de Puerto Rico sepa que tiene ese espacio de acción, pero también que las organizaciones sepan que falta un trecho para que esto esté decidido. En el interín, seguir ayudando. La política de organizaciones y Ayuda Legal es el reproche absoluto contra los ataques a la comunidad inmigrante, a la comunidad LGBTIQ y la consigna debe ser ni un paso atrás. La administración Trump viene con una agenda de odio», indicó Godreau en entrevista con Microjuris.

Ayudar al inmigrantes y capacitación al letrados

Desde las universidades también se han dado pasos significativos en apoyo a las comunidades amenazadas, como la de los inmigrantes, implementando iniciativas para ofrecer orientación legal, promover la conciencia sobre los derechos y brindar apoyo directo a quienes se ven afectados por las políticas migratorias actuales.

La licenciada Mariela Negrón Marty, profesora de derecho migratorio y tutora clínica en asuntos migratorios de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, explicó que su objetivo es asistir tanto a inmigrantes como a los profesionales del derecho interesados en ayudarles, dado que el derecho migratorio es un área altamente especializada que requiere formación y conocimientos específicos.

«Como facultad estamos desarrollando un plan para ayudar a la comunidad inmigrante básicamente ofrecer talleres de manera virtual para no congregar a las personas en ciertos lugares y no corran el riesgo de ser identificados por las autoridades. Se está desarrollando una manera de proteger la confidencialidad de todos los participantes y proteger a nuestros clientes y cualquier persona de estatus migratorio irregular», sostuvo Negrón Marty.

«También el objetivo es ayudar a abogados y abogadas que puedan ayudarlos (a los inmigrantes) en la representación legal. Es una práctica tan específica, es complicado conseguir abogados que ahora mismo puedan hacer este tipo de trabajos», sostuvo.

La licenciada Negrón Marty explicó que los abogados y abogadas que litigan en los tribunales de inmigración deben estar inscritos en un registro especial de profesionales del derecho de inmigración. Además, destacó que la corte de inmigración no se encuentra en las sedes tradicionales de Viejo San Juan o la calle Chardón, sino que opera desde Guaynabo, cerca del centro comercial San Patricio, justo al lado del Servicio de Aduanas y Control de Inmigración (ICE).

Además, la licenciada Negrón Marty mencionó que hay mucha información importante que compartir con los letrados, como orientarlos sobre los beneficios disponibles, como el asilo, y aclarar mitos comunes. Un ejemplo de ello es explicar que una petición familiar por sí sola no es suficiente para evitar una deportación.

De igual forma, ha tenido que explicarle a los abogados y abogadas cómo enfrentar situaciones con esa comunidad. «Hemos recibido muchas llamadas. Ayer recibí una llamada de un colega que es criminalista, que tenía una vista preliminar en el tribunal de Fajardo y había un oficial federal sentado en sala, ellos estaban pensando que estaba para otro caso, y cuando acabó la vista, se llevaron a su cliente», contó la profesora.

«Él quería saber cómo podía ayudar a los familiares en esta parte del proceso. Él no cuestiona el estatus migratorio de sus clientes, pero en ese caso él sabe que tiene muchos clientes con estatus migratorio irregular. Él no lo cuestiona pero no sabe cómo educar a los familiares», sostuvo.

El proceso legal para un migrante es extremadamente difícil, afirmó Negrón Marty. Explicó que, a diferencia de los ciudadanos, los inmigrantes no tienen la oportunidad de hacer una llamada. Además, en la isla no existe un centro de detención específico para inmigrantes, por lo que son llevados al Centro de Detención Metropolitano, conocido como la cárcel federal, antes de ser trasladados a Miami. Sin embargo, actualmente en Miami no hay espacio disponible, lo que agrava aún más la situación. Durante su detención, los migrantes tampoco pueden recibir dinero, lo que dificulta su acceso a medicamentos y otros artículos esenciales durante ese período de encarcelamiento.

Asimismo, Negrón Marty, quien anunció que la próxima semana se ofrecerán talleres para abogados y abogadas sobre cómo pueden ayudar a la comunidad migrante, hizo un llamado al gobierno para que no proporcione información sobre el estatus migratorio de las personas. Esto, luego de que trascendiera que el Departamento de Justicia planeaba suministrar datos a las autoridades federales sobre testigos y víctimas con estatus migratorio no definido.

Personas que deseen más información pueden llamar al 787-951-3089 o escribir al mnegronlaw@gmail.com.

Sombrío panorama para la comunidad LGBTIQ

Al 29 de enero, la orden ejecutiva más reciente del presidente Trump fue contra la "mutilación y cirugía química de menores", esto relacionado a los tratamientos científicos usados por personas trans para cambio de sexo.

Manuel Clavell, director de la clínica de asistencia legal de la Universidad de Puerto Rico sobre discrimen por orientación sexual e identidad de género, describió como "peligrosísima" la acción de Trump.

«Sabemos que hay un esfuerzo del nuevo gobierno para impedir los tratamientos y que los profesionales de la salud asistan a menores de edad, que están acompañados por sus padres, en los procesos de afirmación de género», manifestó Clavell.

Añadió que en los casos de menores de edad el no tener estos tratamientos podría disparar la condición llamada disforia de género, que es una condición de salud que tiene que ver con esa disparidad que siente entre su sexo asignado al nacer y lo que entiende la persona es su verdadera identidad de género. El no tratar esa condición puede llevar a situaciones como depresión e intentos suicidas, además de que se asocia con pobreza y deserción escolar, según un consenso de la mayoría de la comunidad científica, que avala los tratamientos hormonales para este proceso de cambio que procuran personas en la comunidad trans.

«Es real y peligrosísima», comentó el profesor Clavell, quien caracterizó la orden de Trump como «el abandonar a esas personas a su suerte, simplemente por una repulsión ideológica».

Más allá de la orden de Trump, hay un caso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, sobre una ley del estado de Tennessee en contra de los tratamientos hormonales a menores, y que es disputada por unos padres que quieren que su hijo reciba este proceso, explicó Clavell.

Dijo que este tipo de medidas aumenta el nivel de discriminación en personas que ya pertenecen a «intersecciones vulnerables» y pueden «hundirlos en la informalidad» y los expone al «mercado gris» donde por Internet se venden hormonas para estos cambios sin adecuada supervisión médica.

Explicó que la clínica tiene varios propósitos entre ellos dos fundamentales.

El primero es la asistencia legal a cualquier persona que haya sufrido discriminación por orientación sexual e identidad de género, que se abre a asuntos como el cambio de nombre y de marcador de género, aunque a nivel federal ya se vio afectado porque el presidente Trump también ordenó eliminar de los pasaportes la opción de un marcador de género X para las personas que no se identifican como hombre con el género masculino o femenino.

Al respecto, recordó que hay legislaciones estatales vigentes que no se ven afectadas por las órdenes ejecutivas de Trump, y aseveró que la gobernadora Jenniffer González no ha tomado acciones paralelas a proyectos radicados en la legislatura, como el P. del S., la llamada libertad religiosa, que permitiría a un empleado público negarse a dar un servicio a una persona de la comunidad LGBTIQ.

El segundo propósito de la clínica es la educación a la comunidad, lo que incluye investigaciones de diversos asuntos, y trabajar en temas como las licencias parentales para personas no gestantes cuando nace o llega un menor a esa familia.

Otros temas medulares en la clínica son los derechos de la comunidad no binaria, y las guías estatales de lo que constituye discrimen por razón de identidad de género y orientación sexual.

Interesados en información adicional o buscar servicios en esta clínica pueden comunicarse al correo clinica.legal@upr.edu o al teléfono (787) 999-9570.