La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes realizó ayer una vista pública del Proyecto de la Cámara 975 (PC 975), con el propósito de viabilizar, mediante referéndum, que el pueblo se exprese en torno a si se debe sancionar con faltas administrativas no criminales la posesión simple de 14 gramos o menos de marihuana dirigidas al consumo personal.

Lee aquí el PC 975.

Durante la vista pública también se discutió el Proyecto de la Cámara 1037 (PC 1037), que busca enmendar la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, a los fines de despenalizar la posesión simple de 14 gramos o menos de marihuana, sin referéndum.

Lee aquí el PC 1037.

El abogado José A. Maes participó como deponente y mencionó que la despenalización de la posesión de hasta 14 gramos de cannabis es ciertamente una reivindicación social y un avance en la política pública extraordinaria y de avanzada.

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"Resulta completamente injustificado que luego de haberse demostrado científica, social y legalmente los beneficios terapéuticos y medicinales de esta planta se siga procesando criminalmente a seres humanos por la posesión sin fines de distribución o comercialización de cannabis", expresó Maes.

"La despenalización no puede analizarse de manera aislada y sin tomar en consideración los factores o el impacto social, de salud pública, seguridad pública y económicos entre otros factores", comentó Maes, quien dijo que reconoce las propuestas de despenalización e intenciones legítimas legales, sin embargo, no favorece las medidas en discusión.

El abogado expresó que la falta de un sistema y marco regulatorio que permita que las personas mayores de 21 años puedan adquirir licitamente cannabis conlleva como consecuencia directa que deberán dirigirse al mercado negro o puntos de droga.

En el caso de menores de 21 años, Maes recomendó que no se les penalice, sino se les imponga una multa o algunas otras medidas menos punitivas.

Por otro lado, el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, Víctor Ramos Otero, favorece la iniciativa como un primer paso, pero entiende que se deben de utilizar los limitados recursos del gobierno en un modelo salubrista que, junto a un proyecto, permita ser efectivos en atender el problema social que implica la dependencia a las sustancias controladas.

Por su parte, la coordinadora del Programa Políticas de Drogas ConCiencia, Carla Correa de Intercambios Puerto Rico entiende que la medida PC 975 debe contemplar que se realice una campaña educativa con base científica de lo que significa la despenalización de 14 gramos de marihuana o la no despenalización, que permita al votante ejercer su decisión de una manera informada.

Correa agrego que convocar un referéndum para despenalizar el uso personal de la marihuana es un mal uso de fondos públicos, ya que esta decisión se puede tomar por medio de legislación.

El representante Héctor Ferrer Santiago, quien aboga por la despenalización de la marihuana expresó que, luego de escuchar a expertos de la salud, educación, seguridad, industria del cannabis, quedó convencido en que la mejor manera de llegar al futuro es enfrentar el problema que hay en los puntos de drogas.

La vista pública terminó con la participación de Georgiane Ríos, en representación del presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR), Carlos Rodríguez, quien resaltó que no se opone a la medida de la despenalización, no obstante, mencionó habría que hacer unos cambios en su lenguaje respecto a la salud y seguridad pública.

La Comisión de lo Jurídico es presidida por el representante Orlando Aponte Rosario.