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El segundo día de vistas de confirmación de la nominada al Tribunal Supremo de Estados Unidos (TSEU), Amy Coney Barrett, estuvo lleno de preguntas sobre su mirada conservadora u originalista a la hora de interpretar el derecho, sus posturas sobre los derechos reproductivos, su posición sobre los derechos de la comunidad LGBTIQ+, sus similitudes con el fenecido juez Anatonin Scalia y —principalmente— si se recusaría o abstendría de participar en la decisión de un pleito que involucre el Affordable Care Act o un pleito por el resultado de las elecciones del 2020.
Coney Barrett respondió que aportará su propio enfoque de interpretación, que no puede responder preguntas sobre pleitos hipotéticos y que el Senado «no está eligiendo al juez Scalia, elegirían a la jueza Barrett».
Ante la pregunta sobre si se recusará de atender un pleito que surja a partir de las elecciones del 3 de noviembre, respondió que —de ser confirmada—considerará y reflexionará todos los factores antes de inhibirse
De acuerdo con el informe que presentó en el 2011 el juez presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, la decisión de recusarse o inhibirse de decidir en un pleito depende de cada juez o jueza.
«Pueden considerar la posibilidad de recusarse en respuesta a una solicitud de una parte en un caso pendiente o por iniciativa propia», explicó Roberts en el informe.
El informe del juez presidente expone que los jueces del TSEU siguen los mismos principios generales en materia de inhibición que los demás jueces federales, pero la aplicación de esos principios puede diferir por las circunstancias particulares del Tribunal Supremo.
Roberts se refiere a que el Título 28, Sección 455, del United States Code (USC), que establece que un juez debe inhibirse en cualquier procedimiento en el que su imparcialidad pueda ser razonablemente cuestionada.
Igualmente, destaca que para aplicar la sección 455, el juez o la jueza deberá:
Roberts también planteó que un juez o jueza no puede inhibirse de un caso por conveniencia o simplemente para evitar la controversia.
Más bien, plantea, cada juez del Tribunal Supremo tiene la obligación de estar seguro de la necesidad de recusarse antes de decidir retirarse de un caso.
«Confío plenamente en la capacidad de mis colegas para determinar cuándo se justifica la recusación. Son juristas de integridad y experiencia excepcionales, cuyo carácter y aptitud han sido examinados mediante un riguroso proceso de nombramiento y confirmación. Sé que cada uno de ellos considera cuidadosamente cualquier cuestión de recusación que surja en el curso de sus deberes judiciales», expuso el juez Roberts durante el informe de 2011.
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