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Por Daniel Rivera Vargas

El Tribunal Supremo de Estados Unidos celebrará el 21 de febrero de 2023 una vista oral en la que se discutirá la sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones, por lo que antes de julio pudiera haber una decisión federal que afecte las grandes empresas de redes sociales del mundo, según Julizzette Colón-Bilbraut, abogada, consultora y fundadora de la firma de inteligencia social Monitor SM.

Lee los detalles del caso.

La letrada explicó que los hechos del caso que dan pie a González v. Google son lamentables.

Contexto

Noemi González, de 23 años, fue una de 129 personas asesinadas en 2015 por un ataque de la organización extremista Estado Islámico (ISIS, en inglés) en París, Francia.

Tras esto, los familiares de la joven fallecida reclaman que los algoritmos de Google, que permiten que una persona continúe recibiendo información similar a sus búsquedas, han fomentado el adoctrinamiento de personas para unirse a grupos como ISIS.

Es incierto en este momento anticipar qué puede surgir de la decisión, adelantó la consultora, pero es un caso que puede afectar los ingresos de estas grandes empresas. Dijo, de igual forma, que si la decisión afecta el mecanismo de los algoritmos y podría significar menos anuncios, dinero y contenido.

«(Puede) desarticular el comportamiento de las redes sociales y el internet como lo conocemos», mencionó la experta.

Colón-Bilbraut dijo que hay que entender tres contextos en este caso: el legal, el político o cómo opinan las dos facciones mayoritarias de Estados Unidos y en el tribunal.

«En el contexto legal, hay que entender lo que es la sección 230 de Ley de Decencia de las Comunicaciones. Esta ley básicamente viene en operación en 1996 y el Congreso en 1996 determina que, como política pública, debe proteger el Internet como un ambiente de ideas, de negocios, de reacción», sostuvo.

Entonces, dijo la consultora, en la sección 230 el Congreso decide crear para las compañías de servicios interactivos de computadora una inmunidad en la que, contrario a los publicadores de contenidos, no son responsables de lo que otras personas publiquen en sus servicios. Asimismo, crea otra esfera de inmunidad donde se le permite a estas empresas filtrar el contenido por diversas razones, como que sea obsceno, extremadamente violento y lo que sea «de otra manera objetable».

Protección a la Sección 230

Las grandes plataformas de redes sociales se desarrollaron al amparo de la Sección 230 y, con el tiempo, comenzaron a verse casos como uno el pasado cuatrienio en relación a la inmunidad y el tráfico sexual, pero el alto foro federal protegió la sección.

Sin embargo, en el caso de González, en que se alega que hubo una violación a una ley que prohíbe propiciar material terrorista, hay un contexto político que se ha desarrollado inmensamente y que pudiera matizar el fallo del alto foro.

«No podemos ver estas opiniones legales sin entender el contexto político. Tanto demócratas como republicanos quieren una modificación a esta ley, pero no quieren exactamente la misma modificación», dijo Colón-Bilbraut.

Republicanos 

• Según la abogada, este sector, objeta el poder de regular el contenido de las redes sociales, como parte de la narrativa de que «la izquierda controla los discursos en esas plataformas tratando de silenciar a la derecha, o una forma de censura». 

Demócratas

• Según la abogada, este sector busca una moderación del contenido con directrices que impongan cierta responsabilidad cuando se permitan cosas rechazables, como sostienen es el hate speech.

Colón-Bilbraut añadió que esto ocurre en un ambiente político estadounidense tan dividido que, aunque ambos grupos quieran enmendar la sección por la vía legislativa, «no van a poder enmendarla, no tienen consenso para lo básico, imagínate para esto».

Aquí viene el tercer contexto, dijo Colón-Bilbraut, y es la corte en sí. O más bien, su actual composición.

«Aquí hay un juzgador muy importante y es Clarence Thomas, que fue un juzgador muy importante en el caso de Dobbs, permitiendo que un derecho concedido por casi 50 años (el aborto) se devuelva a los estados. Thomas siempre había manifestado su oposición contra Roe v. Wade, y llegó con su mayoría e hizo lo que quería hacer. A pesar de ser un tema tan dividido, la prudencia hubiera sugerido dejar hacer las cosas como estaban, pero no, esta corte intervino», sostuvo Colón-Bilbraut. «Aquí, Clarence Thomas desde 2020 está diciendo que se debería haber enmiendas al artículo 230, porque él piensa que su interpretación ha sido muy amplia y debería de haber unas limitaciones», agregó.

En una declaración, al denegar un certiorari en el caso Malwarebytes, Inc. v. Enigma Software, Thomas sostuvo: «extender la inmunidad de la sección 230 más allá de la natural lectura del texto puede tener consecuencias serias».

Pero, diferenció Colón-Bilbraut, aún cuando hayan áreas en los temas de aborto e Internet que pueden ser atractivos para los conservadores y «en fecha moderna no hemos tenido una corte tan conservadora como esta», no es tan fácil intervenir en esta controversia sobre empresas web.

«Esta corte debe tener mucho cuidado. ¿Qué sucede? En Dobbs (el caso donde se revocó Roe v. Wade) echaron para atrás un precedente (judicial). Pero esto (en la 230) es meterse en un poder de gobierno, el legislativo. Esto es una legislación... Debe tener una clara razón porque, si no, sería una flagrante intromisión del Poder Judicial sobre el legislativo, que en teoría esto sería en contra de lo que son sus preceptos, que critican mucho (activismo judicial)», afirmó Colón-Bilbraut.

Colón-Bilbraut explicó que una decisión del Supremo en este caso —que según la abogada de Google, «alteraría las redes sociales como las conocemos»— no tendrá un efecto de inmediato en los usuarios, pero podría reflejarse en la calidad del contenido porque podría atentar contra el modelo de negocios.

Libertad de expresión

«Esto no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Son plataformas privadas que tienen inmunidad del gobierno para que fluya información. Si aquí se van a poner restricciones a una inmunidad que ha concedido el gobierno, uno de los alegatos que va a hacer Google es que esto va a afectar la libre expresión. Claro, pero tienen los topos cargados. ¿Qué libertad de expresión si tú eres el que decides qué se publica?», cuestionó la abogada.