El análisis sobre los poderes constitucionales de la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo se trasladó hoy a una vista pública en conjunto del Senado y de la Cámara de Representantes en la que se analizó el Proyecto de Administración que pretende reestructurar la Rama Ejecutiva bajo el concepto del "Nuevo Gobierno".

La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, aseguró, sobre la medida, la cual se anticipó será enmendada para garantizar los poderes de la Legislatura, que el gobernador tendrá la facultad de presentar a la Asamblea Legislativa planes de reorganización los cuales podrán ser aprobados o rechazados por el Senado y la Cámara de Representantes. Por lo tanto, quedará garantizado el proceso de pesos y contrapesos.

Así lo dejó saber a la Comisión Conjunta sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas del Senado y de la Comisión Especial de la Cámara de Representantes para la Reconstrucción y Reorganización de Puerto Rico tras el paso de los Huracanes Irma y María en la que se evaluó el Proyecto del Senado 653 que pretende reestructurar la Rama Ejecutiva y sus poderes.

A estas palabras se unió el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Saavedra, quien destacó la importancia de la fiscalización que realizan el Senado y la Cámara de Representantes. "Si tienen que fiscalizar a un secretario pueden hacerlo".

El Artículo III, Sección 16 de la Constitución de Puerto Rico le delegó al Senado y a la Cámara de Representantes la facultad de crear, consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones.

El objetivo del plan de reorganización, que no es nuevo en la Rama Ejecutiva, es reducir los gastos de las 119 agencias que cuestan al erario $21 mil millones. Permanecerán intactas las siguientes oficinas: la Oficina sobre el Panel Fiscal Especial Independiente, la Oficina del Contralor Electoral y la Universidad de Puerto Rico. También, el DTRH y los departamentos de Estado, Justicia, Hacienda, Educación, Obras Públicas, Desarrollo Económico y Comercio, Salud y Agricultura.

En lo que respecta al manejo de fondos federales, Vázquez Garced aseguró que "aquella reorganización que de alguna manera que vulnere o ponga en riesgo los fondos federales no va a ser considerada". Asimismo, sentenció que la medida legislativa es consistente con la ley federal para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico. (PROMESA, por sus siglas en inglés) por lo que deberá ser cónsono con el Plan Fiscal, el cual se anunció públicamente que será confeccionado en diciembre.

Según propuesto, una vez el gobernador someta a la Asamblea Legislativa los planes de reorganización, la misma podrá pasar juicio sobre estos ya sea mediante Resoluciones Concurrentes cuando exista un consenso sobre los mismos o mediante Resoluciones de cada cuerpo aprobándolos o desaprobándolos. En caso de que la Asamblea Legislativa no se exprese se entenderá que el Plan de Reorganización se aprobó de manera tácita tal y como ha sucedido en varios estados de la nación americana.

El senador y exsecretario del Trabajo, Miguel Romero Lugo, opinó que el tamaño del gobierno debe ser reducido "por muchísimas razones" y por las condiciones fiscales de la Isla "que al final del día pagan los constituyentes". "Segundo esto obliga a la modernización para que el gobierno se pueda adaptar a los retos contemporáneos que tenemos y esa reorganización va a dejar atrás toda esta estructura anquilosada que no responde al Puerto Rico del siglo 21", destacó.

En torno a la medida, tal y como está redactada y sin contar las enmiendas propuestas, el senador independentista, Juan Dalmau Ramírez, opinó que "en momentos de crisis en Puerto Rico y Estados Unidos el Ejecutivo siempre se ve tentado a usurpar poderes de las otras ramas constitucionales...La Constitución dispone que la autoridad para crear suprimir, consolidar agencias es de la Asamblea Legislativa".

"Este Proyecto de ley lo que hace es dar un cheque en blanco al gobernador para asumir la facultad constitucional de la Asamblea Legislativa", añadió el senador.

Mientras, el senador popular José Nadal Power comentó que la medida "como está escrita no pasa ningún escrutinio constitucional".

Cero despidos

"Rotundamente no". Esa fue la respuesta de Saavedra al ser cuestionado sobre si habrá despidos de aprobarse este proyecto legislativo propuesto por el Gobernador. De hecho resaltó que los empleados que sean movidos a otras agencias conservarán todos sus derechos según establecido en la ley de "Empleador Único".

Se excusó el presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Christian Sobrino, por estar de viaje en la capital federal.