"Avalamos toda política pública que pretenda ser lo más férrea posible con aquellos criminales que tras el paso de un desastre natural o emergencia, tienen la desfachatez de apropiarse de plantas eléctricas y/o de su combustible, de hospitales, centros de envejecientes y de cuido, instalaciones esenciales del gobierno, sin importarle que con ello, puedan causar la muerte de niños, ancianos, y de otras personas en condición de salud de cuidado, que dependen del funcionamiento de plantas eléctricas para subsistir".

De esta manera, se expresó hoy el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, al favorecer con enmiendas el Proyecto del Senado 651 que pretende enmendar el Código Penal para que se incluya como robo agravado el hurto de plantas eléctricas o su combustible en instalaciones hospitalarias, refugios, égidas, centros de cuido, escuelas públicas o privadas. También, en suministros de agua potable, torres de telecomunicaciones y propiedades del gobierno estatal o federal. La pena fija sugerida es de 25 años de reclusión.

Sin embargo, Pesquera recomendó, al presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado y autor de la medida, Henry Neumman Zayas, que el agravante a ser incorporado al Código Penal sea el de "escalamiento agravado" y no el delito de "robo agravado". Pesquera sustentó su argumento basándose que el acto de apropiarse de una planta eléctrica o su combustible ubicada en las instalaciones que detalla la medida es una conducta criminal "que no se realiza sustrayéndolos de la persona y sí de una edificación que puede o no estar habitada". Mientras que se incurre el escalamiento agravado si se comete el mismo en edificios ocupados o en cualquier otro lugar donde la víctima tenga una expectativa de intimidad, en propiedades asignadas por el gobierno para brindar vivienda pública o cuando medie forzamiento mediante la penetración.

El exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y exsuperintendente de la Policía, quien fue representado por la licenciada Estrella Mar Vega, solicitó que se enmiende el Artículo 195 de "escalamiento agravado". La recomendación lee de la siguiente manera: "Estableciéndose que la pena de reclusión será por un término fijo de 25 años, cuando el bien del objeto del delito es una planta eléctrica, o su combustible, incluyéndose, pero sin limitarse a gasolina, diésel, ubicados cualesquiera de estos en instalaciones hospitalarias, refugios, égidas, centros de cuido de niños o envejecientes, escuelas públicas o privadas, universidades, o en cualquier dependencia del gobierno estatal, federal o municipal’. Actualmente, los escalamientos agravados conllevan una fija de reclusión de ocho años.

Esta enmienda fue acogida con beneplácito por el autor de la medida y presidente de la Comisión que tiene a cargo la evaluación de la misma, senador Henry Neumman Zayas. Según el legislador el privarle de este servicio esencial a cualquier persona, en especial a las que más lo necesitan por una condición de salud "no es un hurto normal y es prácticamente un atentado contra la vida de estas personas...Esto no es robarle una planta que le da luz a una discoteca. Aquí lo que se vió es que muchas personas estuvieron en riesgo de perder su vida ...Eso no puedo tratarlo como un robo cualquiera", destacó.

Alta incidencia en San Juan

Por su parte, la teniente Wanda Torres, informó que luego del paso del huracán María, casi todas las querella recibidas en San Juan son de escalamiento y apropiación ilegal de generadores eléctricos. "Hay mucha investigación y es poca la pena".

Según la teniente en octubre se registraron 79 querellas de escalamiento y en lo que va de noviembre 18 de escalamiento y apropiación ilegal. Anoche se llevaron 16 generadores eléctricos en el sector Las Cumbres mientras que la semana pasada en barrio, hasta la semana pasada, se robaron 49.

También, fue citada a deponer la Asociación de Hospitales, pero se excusaron por lo que más adelante someterán recomendaciones por escrito.