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El Senado de Puerto Rico aprobó con enmiendas un proyecto sustitutivo que propone establecer un nuevo Código de Planificación y Permisos, con el propósito de simplificar los procedimientos administrativos, establecer términos definidos para determinados trámites y fortalecer los mecanismos de fiscalización y cumplimiento.

La medida sustituye los Proyectos del Senado 1173 y 1183 y fue evaluada por la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, presidida por el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz.

Según la información presentada durante la sesión, la comisión celebró cinco vistas públicas entre abril y mayo de 2026, recibió alrededor de 160 memoriales explicativos y examinó cerca de 50 leyes relacionadas con el sistema de permisos.

En el proceso participaron representantes del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Junta de Planificación, la Oficina de Gerencia de Permisos y los departamentos de Justicia, Salud y Vivienda, así como representantes municipales y organizaciones ambientales y comunitarias.

Cambios propuestos al sistema de permisos

El presidente del Senado explicó que el proyecto busca integrar en un solo cuerpo normativo disposiciones actualmente contenidas en diversas leyes e instrumentos administrativos.

"Por primera vez Puerto Rico tendrá un Código de Planificación y Permisos que sustituye más de 46 instrumentos legales y administrativos y más de 50 leyes dispersas. El ciudadano que cumple no tendrá que pedir permiso para lo que la ley ya permite; podrá notificar, mientras el Estado registra y fiscaliza oportunamente. Además, se establecen términos fijos, un expediente digital único, fiscalización posterior y multas severas para quien engañe el sistema", expresó Rivera Schatz.

Entre los cambios propuestos figura un procedimiento de declaración de uso para actividades permitidas. Bajo este mecanismo, una persona que interese operar un uso autorizado podría presentar una declaración mediante el Sistema Unificado de Información, pagar el cargo correspondiente y comenzar operaciones el mismo día, sin necesidad de una inspección previa o aprobación discrecional.

La fiscalización se realizaría posteriormente mediante inspecciones determinadas según el nivel de riesgo de la actividad.

El proyecto también contempla multas de hasta $100,000 para quienes presenten información falsa durante los procedimientos.

Expediente digital y fiscalización de profesionales

Otra de las disposiciones incluidas en el proyecto es la creación de un expediente digital único por proyecto, que permitiría documentar y dar seguimiento a los trámites desde su presentación hasta su conclusión.

Asimismo, la medida propone establecer controles para profesionales autorizados, licenciados e inspectores que colaboran técnicamente con las agencias gubernamentales.

Entre estos mecanismos figuran un registro público, un código de ética, evaluaciones de desempeño y sanciones por incumplimiento.

El proyecto también fortalecería los procesos de fiscalización mediante auditorías basadas en niveles de riesgo, órdenes de cese y paralización, así como consecuencias administrativas para quienes obtengan autorizaciones mediante información falsa.

Disposiciones sobre la zona marítimo-terrestre

El proyecto sustitutivo también incorpora disposiciones relacionadas con la definición y regulación de la zona marítimo-terrestre.

Según explicó Rivera Schatz, la propuesta busca consolidar en una misma legislación criterios que actualmente se encuentran distribuidos entre leyes, reglamentos, manuales y jurisprudencia.

"Se establecen criterios claros según el tipo de costa, se protegen los deslindes existentes, se respeta la propiedad privada y se brinda mayor certeza al desarrollo planificado", indicó.

Por su parte, el senador independiente Eliezer Molina Pérez expresó su apoyo a la medida y destacó las disposiciones relacionadas con los bienes de dominio público marítimo-terrestre.

"Buscamos garantizar que cada puertorriqueño tenga pleno acceso a los bienes comunes. Por primera vez se integra el concepto de bienes de dominio público marítimo-terrestre y se establece una protección adicional para asegurar el libre acceso de la ciudadanía a esas áreas", sostuvo.

Legisladores exponen sus posiciones sobre la reforma

Durante la discusión legislativa, varios senadores expresaron su respaldo al proyecto sustitutivo.

El portavoz de la mayoría, Gregorio Matías Rosario, cuestionó la falta de apoyo de la delegación popular y sostuvo que los legisladores tuvieron varios meses para evaluar las medidas y presentar propuestas de enmiendas.

Por su parte, el portavoz alterno de la mayoría, Juan Oscar Morales Rodríguez, señaló que los procedimientos actuales representan dificultades para comerciantes, ciudadanos y municipios.

"Es un proceso complejo, con requisitos y atrasos que terminan convirtiéndose en obstáculos para desarrollar proyectos", expresó.

La senadora Nitza Morán Trinidad defendió las disposiciones dirigidas a agilizar los permisos únicos de menor intensidad. Como ejemplo, mencionó los casos en que un establecimiento comercial cesa operaciones y otra persona interesa desarrollar la misma actividad en el local.

Según explicó, el proyecto permitiría completar determinados trámites de manera más ágil, sujetos a mecanismos posteriores de cumplimiento.

El senador Ángel Toledo López también respaldó la reforma y planteó que la agilización de los procedimientos debe atender tanto las necesidades de desarrollo económico como la protección ambiental.

Mientras, la senadora Roxanna Soto Aguilú sostuvo que la medida contiene disposiciones relacionadas con el debido proceso de ley, la protección de la propiedad privada y la participación ciudadana.

También destacó los mecanismos de revisión administrativa y judicial, la transparencia en los trámites digitales y las iniciativas de capacitación para profesionales del sector.

Por su parte, la senadora independiente Joanne Rodríguez Veve expresó que el proyecto busca atender las demoras en la obtención de permisos para actividades comerciales y proyectos de construcción.

"El nuevo Código de Planificación y Permisos busca cambiar esa realidad, simplificando los procesos para quien cumple con la ley y estableciendo consecuencias para quienes falsifiquen información o incumplan con los requisitos", indicó.

La legisladora también manifestó que la propuesta debe continuar su trámite legislativo y ser examinada por la Cámara de Representantes.

Próxima etapa legislativa

Tras su aprobación con enmiendas en el Senado, el proyecto sustitutivo deberá continuar el trámite legislativo correspondiente en la Cámara de Representantes.

Las disposiciones descritas forman parte de una propuesta legislativa y no constituyen, por su aprobación en el Senado, cambios vigentes al sistema de planificación y permisos de Puerto Rico.