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Durante la Sesión Ordinaria celebrada el pasado lunes,14 de marzo de 2022, se aprobó el Proyecto del Senado 567 del senador Juan Zaragoza Gómez, para establecer la "Ley de Salario Mínimo de los Empleados Municipales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" a los fines de facultar a la Comisión de Salario Mínimo a evaluar y emitir recomendaciones especiales.

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Zaragoza Gómez indicó que el proyecto está alineado con las gestiones que se han hecho este cuatrienio tratando de atacar la pobreza en los trabajadores.

"En este caso va dirigida para aplicar el salario mínimo a empleados municipales. Reconociendo la complejidad y la naturaleza del proyecto, esto no es un mandato, sino es para que la Comisión de Salario Mínimo haga el estudio y recomendación y queda a discreción de cada alcalde cuál será el salario mínimo", afirmó el también presidente de la Comisión de Hacienda, quien hizo un llamado para que el Gobernador asigne los miembros de dicha Comisión que está creada por ley.

En la misma línea, la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén, indicó que está en armonía con la aprobación de este proyecto. "Nada de esto se puede hacer sino se conforma la Comisión de Salario Mínimo que está conformada por Ley. Así que nos unimos al llamado del senador Zaragoza".

Igualmente, el senador del distrito de Ponce, Ramón Ruíz Nieves, añadió que la Comisión tiene que estar constituida para que de paso a este proyecto que está encaminado para hacerle justicia salarial a los empleados que trabajan en los municipios. "Lo que conlleva el proyecto no es una imposición, sino una evaluación para las alternativas correspondientes".

La pieza legislativa establece que de la Comisión acoger la recomendación especial, será deber de cada municipio establecer el aumento al salario mínimo mediante Ordenanza Municipal conforme a los parámetros de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como «Código Municipal de Puerto Rico».

De igual manera, fue avalada la Resolución Conjunta del Senado 210 presentada por la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, para encargar a la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción con el manejo, inversión y fiscalización de todos los fondos devengados por el Gobierno, sus agencias y subdivisiones, incluyendo las municipalidades, a raíz de cualquier reclamación judicial relacionada a la crisis de opioides.

El portavoz de la mayoría, Javier Aponte Dalmau expresó que de lo que esto trata es de un pleito de clase que existió en los Estados Unidos por alrededor de casi ocho años.

"De lo que hablamos de la dependencia de opioides no es de los que se venden ilegalmente en las calles, de lo que estamos hablando es de medicamento "over the counter" que se vende sin receta y que la industria farmacéutica permitió excedente de sustancias controladas en la venta de sus productos. El departamento de salud no ha emitido una política pública sobre este tema y en una situación de una discusión de un pleito como este, aquí no han tomado ninguna acción", añadió Aponte.

Además, se le dio paso a la Resolución Conjunta del Senado 223 para ordenar a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto identificar los fondos de ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 y asignarle al "Centro de Diabetes para Puerto Rico", la cantidad de dos millones de dólares para poder continuar operando.

Igualmente, se aprobó el Proyecto del Senado 478 para enmendar el Código Penal para que en los casos en que la cantidad de fondos, activos o propiedad mueble o inmueble envueltos en la explotación financiera del adulto mayor o persona incapacitada sea mayor de $500 dólares el ofensor incurrirá en delitos grave y será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de diez años.

También, se aprobó la Resolución Conjunta del Senado 113 para ordenar al Departamento de Educación emitir los pagos adeudados a las madres que son Asistentes de Servicios Especiales (T1), pero no se les ha pagado el salario por asistir a sus hijas e hijos en los hogares en el transcurso de la pandemia.

La autora de la medida, la senadora María de Lourdes Santiago Negrón indicó que "el departamento se ha negado a reconocer este trabajo que se ha realizado...el estado se niega a reconocer que esas madres estaban realizando las funciones para las cuales se les designó por un programa que viene el estado a cumplir con él. Sin esa asistencia los jóvenes con diversidad funcional jamás hubieran cumplido con la carga de educación a distancia. Pedimos que ese trabajo que hacían en la escuela y que tuvieron que hacer en la casa durante la pandemia se les reconozca la dignidad que representa".