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Durante los trabajos legislativos previo al cierre de la Sesión Ordinaria, el Senado de Puerto Rico derrotó, a viva voz, un proyecto de la Cámara de Representantes que buscaba asegurar la efectiva reglamentación y fiscalización de los arrendamientos a corto plazo, conocidos como AirBnB.

Luego de ser incluido en el calendario de órdenes especiales a través de un descargue, el segundo informe del Proyecto de la Cámara 1557, sometido por la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Alto Cuerpo, expone que la medida buscaba desarrollar un marco regulatorio uniforme para los alojamientos a corto plazo, evitando la proliferación de diferentes normas municipales que podrían confundir y limitar el sector.

Asimismo, la Compañía de Turismo será responsable de implantar esta ley, en colaboración con los municipios, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de registro.

«Aunque se ha intentado conceptualizar los alquileres a corto plazo como una herramienta para generar ingresos, se han proliferado. [...] Quienes deben llevar el rol protagónico son las personas afectadas por esta situación. Este proyecto debió ser trabajado por diversos sectores. La vivienda es una necesidad», sostuvo la senadora Ana Irma Rivera Lassén en un turno en contra del proyecto.

La legislación establece definiciones y detalla acuerdos de cobro y colaboración entre las plataformas de alquiler y la Compañía de Turismo, así como abordar preocupaciones sobre la disponibilidad de viviendas asequibles, sugiriendo que la proliferación de alquileres a corto plazo en zonas residenciales ha afectado negativamente a la población local.

Por otro lado, en cuanto a temas relacionados al aborto, la Cámara Alta aprobó el informe positivo del Proyecto del Senado 495, sometido por la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, que propone establecer la Ley para requerir la intervención de al menos uno de los padres que ostente la patria potestad de una menor de 18 años al momento de consentir un aborto en el país.

Según reza el informe, una menor «no puede consentir sacarse una muela en el dentista, pero sí puede consentir terminar un embarazo». El 22 de febrero de 2024, el Departamento de Justicia rindió un informe a la Comisión con sus hallazgos luego de investigar 67 casos de menores de 15 años o menos a quienes las clínicas de aborto interrumpieron embarazos entre el 2018 al 2022.

Dos de las 67 identificadas por Justicia resultaron ser víctimas de agresión sexual; 32 de los 65 casos en donde Justicia descartó agresión sexual, el embarazo se produjo entre menores de edad. En 22 casos se trató de niñas de 14 o 15 años que sostuvieron relaciones sexuales con varones de 18 a 19 años.

Los senadores del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y la senadora Santiago Negrón, durante la aprobación a viva voz de la medida, se posicionaron en contra.

Asimismo, se aprobó el Proyecto del Senado 1433 que busca reconocer y declarar el acceso a Internet de banda ancha como un «servicio esencial» y un derecho subsumido en los derechos constitucionales a la educación, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y al trabajo.

«Las disposiciones que ha tomado el Departamento [de Educación] son elementales y minúsculas, y atender el gran problema de la brecha digital, luego de lo acontecido a causa de la pandemia, debería ser algo que estuviera en el tope de la lista de Educación y de todas las agencias vinculadas a la capacidad de comunicarnos a través del internet», indicó la senadora y autora del proyecto de ley, Santiago Negrón.

En cuanto a las medidas camerales, se avaló el Proyecto de la Cámara 844 que busca establecer, expresamente, en las leyes orgánicas que crean las figuras de los comisionados de Seguros y de Instituciones Financieras, y del Presidente de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Ahorro y Crédito, el deber de requerir que se establezcan protocolos de prevención y detección de posibles casos de explotación financiera contra adultos mayores o personas con impedimentos.

Asimismo, se aprobó, luego de descargarse, el Proyecto de la Cámara 2131 que propone a los fines de aclarar que la prohibición de utilizar plásticos de un solo uso no aplicará a farmacias, laboratorios, hospitales y cualquier otra institución y entidades.

Ante el cierre de la sesión ordinaria el próximo domingo, 30 de junio, el Senado recesó sus trabajos hasta este viernes, a las 11:00 a.m.