La Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, presidida por el senador Juan Zaragoza Gómez, comenzó el martes, 23 de marzo de 2021 la evaluación del Proyecto de la Cámara 120 que busca crear la Ley para un Retiro Digno.

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«Quiero dejar claro que mi posición es que las herramientas de lucha casi nunca son perfectas. De hecho, si fuéramos a encontrar herramientas perfectas para luchar, nunca lo haríamos. Lo que se necesitan son herramientas que sean suficientes para abonar el camino que queremos recorrer. Este proyecto de ley no es perfecto. Pero eso no puede ser óbice para su consideración o aprobación. Este proyecto en esencia presenta una alternativa tan viable como otras, para la reestructuración de la deuda, dando particular importancia a salvaguardar el derecho de las pensiones y el establecimiento de un Fideicomiso que proteja esos fondos», manifestó el senador por acumulación Zaragoza Gómez.

El Proyecto de la Cámara 120 propone crear la Ley para un Retiro Digno, para establecer y uniformar una política pública de cero recortes a las pensiones de los participantes de los sistemas de retiro y las personas jubiladas del servicio público en Puerto Rico.

«En el análisis de este proyecto, que es un proyecto bastante complejo, me gusta dividir [dicho] análisis entre unos conceptos de política pública generales... En ese sentido, quisiera tener su reacción en cuanto ha cuál es la posición del Ejecutivo sobre una política pública de cero recortes a las pensiones», le preguntó el senador Zaragoza Gómez al licenciado Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), quien fue el primero en deponer durante la audiencia pública.

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«La política pública ha sido clara y ha sido expresada en múltiples ocasiones por el Gobernador y por este servidor, que es una política pública de cero recortes adicionales», respondió el licenciado Marrero.

Sin embargo, Marrero enfatizó que «de continuar el trámite legislativo de esta medida, según redactada, el estatuto enfrentaría serios escollos si es retado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en los foros judiciales pertinentes. Precisa recordar, que la jueza Laura Taylor Swain ha decidido previamente que, bajo PROMESA, la JSF está facultada para solicitar la invalidación de legislación local que sea inconsistente con el plan fiscal certificado. En ese sentido, llamamos la atención a las comunicaciones recibidas, en las cuales la JSF dejó saber que su postura formal es que esta medida no debe ser aprobada ya que sería inconsistente con el Plan Fiscal. Por ende, si esta medida es aprobada según redactada, muy probablemente será objeto de litigio en el Tribunal Federal».

Piden estudios para confirmar la viabilidad

Asimismo, durante la discusión de la pieza legislativa el presidente en la Comisión de Hacienda cuestionó si el equipo de trabajo de la AAFAF ha podido ver los números de la propuesta, la parte económica y flujos de efectivo.

Ante esto, Marrero dijo que «no hemos visto un estudio actuarial que pueda sustentar que esto es factible, desde el punto de vista fiscal. Para poder obviamente sostenerlo y conversar y convencer a la JSF en cuanto a la validez de este proyecto».

A preguntas de la senadora del Partido Nuevo Progresista, Migdalia Padilla Alvelo, sobre cuánto es el impacto económico del PC 120 y si la medida es viable, el licenciado Marrero respondió que no tienen el dato.

«Por eso hemos solicitado si hay un estudio actuarial que motivó el proyecto para poder contabilizarlo. Pero eso es una información que no tenemos», añadió Marrero.

La senadora por acumulación del Partido Independentista Puertorriqueño, María De Lourdes Santiago, manifestó que «está muy clara la posición del Ejecutivo con respecto a esta medida y con la ausencia total de voluntad que se necesita para generar una auténtica confrontación, en un problema que no es únicamente contable, en el fondo es un problema político».

Zaragoza Gómez al finalizar de la audiencia pública manifestó que «este proyecto presenta una expresión de política pública de esta Legislatura en relación con la ruta a tomar con relación a la reestructuración de la deuda pública y debe verse como un mecanismo de presión en la negociación. Bajo esa premisa hemos acogido la encomienda de evaluarlo y llevar a cabo vistas públicas y eventualmente llevarlo a votación en el Senado de Puerto Rico».

Habrán más vistas

La evaluación de esta pieza legislativa continuará el próximo viernes, 26 de marzo de 2021 en la que están citados a deponer la entidad sin fines de lucro Construyamos Otro Acuerdo, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT) y la Administración de los sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura.

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