El senador por el Distrito de Ponce, Nelson Cruz Santiago, envió una misiva a los congresistas Alex X. Mooney y David B.McKinley, quienes la semana pasada presionaron al gobernador Ricardo Rosselló Nevares a favor del depósito de cenizas de carbón en la Isla, en la que les informó sobre las disposiciones originales del contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y Applied Energy Services (AES). También, de la ‘regla final’ de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en la que dictaminó la prohibición de depósito de cenizas de carbón.

En la carta, que tiene fecha del 27 de enero, el senador Cruz Santiago ilustra a ambos congresistas sobre las disposiciones iniciales en el contrato entre AEE y AES en el 1994. El artículo 6 del referido contrato dictamina que la empresa operadora "garantiza que cualquier residuo de combustión o producto producido por la operación de la Facilidad, que no pueda ser usado para usos comerciales beneficiosos, no será almacenado en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico por un período de más de 180 días y que no será dispuestos en cualquier lugar del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o sus aguas vecinas".

"La EPA estableció el 19 de diciembre de 2014 la ‘regla final’ del ‘Disposal of Coal Combustion Residuals from Electric Utilities’ que esboza los requisitos para la eliminación ‘segura’ de las cenizas de carbón en centrales térmicas de carbón. Estos son requisitos federales mínimos para que cada estado estableza su programa de residuos sólidos sin prevenir que cada gobierno local adopte unos más estrictos cuando lo consideren apropiado. De otra parte, el 19 de diciembre de 2016 el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió en el caso Municipio de Peñuelas vs Ecosystems Inc 2016 T.S.P.R. 247 que validó la prohibición de disponer cenizas de carbón en Peñuelas", explicó Cruz Santiago.

En su alegato el senador por el Distrito de Ponce indicó que la ley ‘Water Infrastructure Improvements for the Nation’, firmada en diciembre pasado por el expresidente Barack Obama, modifica la norma federal que regula la eliminación de residuos de cenizas de carbón. También, establece programas de permisos estatales y de la EPA sobre los residuos de combustión de carbón y proporciona a los gobiernos de cada estado la flexibilidad de desarrollar e incorporar la ‘regla final’ de la EPA así como criterios que sean igual de protectores.

"No veo ningún problema para que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico establezca leyes que prohíban que los vertederos acepten cenizas de carbón. Según lo establecido por las leyes federales y por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, tenemos el derecho de promulgar leyes y proteger al pueblo de Puerto Rico sin entrar en conflicto con las normas federales mínimas. AES ha estado haciendo negocios con Puerto Rico desde 1994 y no tuvo ningún problema con aceptar los términos del contrato y ha tenido éxito a lo largo de los años con esta prohibición", declaró Cruz Santiago.