Por la presidenta de la Comisión de los Derechos de las Personas con Diversidad Funcional del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Lcda. Glorimar Andújar

Trágicamente una madre a quien le removieron sus hijos entendió que la única alternativa que le quedaba era privarse la vida.

Podemos argumentar sobre las razones por las cuales la agencia administrativa entendió que procedía la privación por el mejor bienestar de los menores, y podrían válidamente sostener sus acciones.

Lo que resulta injustificable es que las actuaciones u omisiones gubernamentales hayan desatado una cadena de eventos, que culminaran en que una madre se privase de su vida.

La situación de Janet Viera Grau, demostró la urgencia de crear conciencia sobre las necesidades de la comunidad sorda.

Se han adoptado una serie de medidas legislativas, que aunque no resultan del todo suficientes, sirven para levantar cierta conciencia en beneficio de la población con discapacidades auditivas:

• Ley 136 de 1996 – para que las agencias provean un intérprete que asista a las personas con retos auditivos que visiten las agencias.
• Ley 80 de 2002 – que requiere la utilización de mensajes de señas y el sistema conocido como "Close Caption" en todos los noticiarios, programas de televisión de difusión pública, interés social y en el Sistema de Alerta de Emergencia.
• Ley 181 de 2014 – que establece la última semana de septiembre como la Semana de la Concientización de la Comunidad Sorda de Puerto Rico y reconoce el 28 de septiembre de cada año como el Día Internacional del Sordo en Puerto Rico.
• Ley 78 de 2018 – que requiere un curso básico de lenguaje de señas para los miembros de la Policía de Puerto Rico.
• Ley 173 de 2018 – que establece la Carta de Derechos de la Comunidad Escolar Sorda o con Impedimento Auditivo en Puerto Rico.
• Ley 174 de 2018 – que establece la Ley para viabilizar el acceso a la justicia de las personas que padecen de condiciones que impidan su comunicación efectiva.
• Ley 266 de 2018 – que crea la Ley de Igualdad de Acceso a Información para los Sordos en las Campañas Publicitarias del Gobierno de Puerto Rico, entre otras piezas legislativas.

Pero esto, ciertamente, no resuelve las situaciones que vive la comunidad sorda.

Es momento de reflexionar si la legislación se está cumpliendo, si la misma realmente protege los derechos de la comunidad sorda en general o si es necesaria una nueva legislación.

Es momento de determinar qué debemos hacer para efectivamente protegerlos, ayudarlos y crear conciencia en los ciudadanos de su realidad.

Es momento de entender que el sistema se tiene que adaptar a sus necesidades y no a la inversa.

Como indicaran Velázquez González, Uribe-Rodríguez y Martínez-Rozo:

El desarrollo de legislaciones es una forma de sensibilización de la sociedad. Por tanto, desde el quehacer psicológico se hace pertinente fortalecer los vínculos de humanización de la legislación como "capacidad estructurante del sujeto y de la comunidad [...] respetando la identidad de ambas dimensiones desde el principio de igualdad de oportunidades (Avellaneda, 2012, p. 205).

Siendo así, cada profesional que ofrece servicios a personas con diversidad funcional debe asumirse desde la transformación social, para crear problematizaciones, ya sean individuales, políticas, colectivas o judiciales, para lograr acercamientos a soluciones de conflictos desde la participación activa en la creación de legislaciones dirigidas hacia las personas que son discriminadas, marginadas o segregadas. Velázquez González, H. J., Uribe-Rodríguez, A. F. y Martínez-Rozo, A. M. (2014).

Janet Viera Grau tuvo que perder su vida para que se iniciara nuevamente la discusión de los servicios que le provee el gobierno a la comunidad sorda, y la necesidad de reevaluar los mismos.

Es imperativo que las agencias concernidas investiguen administrativamente cómo manejaron la situación y reevalúen sus protocolos.

Es necesario que la mirada sea una de sensibilidad y compromiso.

No debemos olvidar a las personas como Janet, que aún se encuentran luchando por sus derechos, por sus servicios, por poder comunicarse efectivamente con las agencias, porque alguien les ayude.

La necesidad de acción es urgente e impostergable.

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