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Por Daniel Rivera Vargas

Hay al menos siete casos importantes de los que se espera una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en las próximas cuatro semanas, cuando concluye el actual término del alto foro judicial, explicó el profesor de derecho constitucional Jorge Farinacci Fernós.

El periodo del Supremo federal en un año fiscal suele durar entre el primero de octubre y el 30 de junio. Durante ese tiempo, anuncian los casos que atenderán, celebran vistas orales y emiten opiniones sobre un puñado de controversias de entre las cientos o miles que reciben anualmente.

Farinacci Fernós dijo que en los siete casos hay varias controversias recurrentes, como el aborto y las armas. Las terminaciones de embarazo recientemente perdieron su protección federal tras la revocación del precedente de Roe v. Wade, mientras que el asunto de las armas se sitúa entre la protección de la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y la violencia con armas que se desarrolla en el archipiélago.

El catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana aclaró que estas siete controversias proyectadas no son las únicas decisiones importantes del Supremo federal en este término, ya que en los últimos meses se han divulgado otras opiniones significativas.

Una de ellas es la que atiende la controversia del intento de algunos estados de descalificar a Trump por su alegada participación en los actos de insurrección del 6 de enero para tratar de impedir su derrota en las elecciones.

Además, hace poco se emitió la decisión que restringe a un funcionario de bloquear a un ciudadano en el uso de redes sociales si se trata de una cuenta que se usa con fines oficiales, esto en aras de proteger la libertad de expresión.

FDA v. Alliance (aborto y administrativo)

En este caso se cuestiona si la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) tiene la autoridad para autorizar una droga abortiva, dado que una ley federal del siglo XIX sugiere lo contrario.  Además, hay consideraciones adicionales sobre derecho administrativo.

Moyle v. US (aborto)

Existe una ley federal que establece que cuando una persona tiene una emergencia médica, el hospital debe hacer lo necesario para estabilizar al paciente. Por ejemplo, si una persona tiene apendicitis, el hospital debe extirpar el apéndice para evitar su muerte.

¿Qué ocurre cuando una paciente está embarazada y enfrenta una emergencia médica en la que el «standard of care», es decir, el estándar de la comunidad médica para estabilizar al paciente y prevenir daño físico o de salud, es el aborto?

La pregunta es si esa ley federal exige que el hospital realice un aborto, incluso si el estado prohíbe el aborto.

Esto es especialmente relevante dado que muchas jurisdicciones han prohibido los abortos tras la derogación de Roe v. Wade, delegando expresamente en los estados la decisión sobre la validez de este procedimiento dentro de su jurisdicción.

US vs. Rahimi (armas)

Se plantea si a una persona contra la que se emite una orden de protección por violencia doméstica se le puede exigir que entregue sus armas.

Este es un caso civil, no criminal. Creo que la ley federal va a prevalecer, ya que la jueza Amy Coney Barrett ha hecho declaraciones al respecto.

El «test» que se utiliza actualmente en el alto foro es determinar si una limitación al derecho a portar armas es consistente con la historia y la tradición. En el Supremo se estableció que existe una larga historia de privar de sus armas a las personas consideradas peligrosas.

Garland v. Cargill (armas)

Hay debate sobre el alcance de las regulaciones estatales y federales relacionadas con un dispositivo llamado ‘bump stock’, que se coloca en ciertas armas y convierte una pistola semiautomática en un arma automática, permitiendo que se disparen más balas.

Loper Bright Enterprises v. Raimondo (administrativo)

Este caso podría llevar a la revocación de Chevron, una jurisprudencia clave que respalda la deferencia otorgada a las decisiones de las agencias administrativas. Esta deferencia se basa en la creencia de que si el Congreso utiliza un lenguaje ambiguo en una ley, implícitamente delega autoridad a las agencias especializadas.

Cuando se emitió la opinión Chevron en 1984, se entendía que muchos jueces federales estaban excediendo su rol al interpretar leyes a su manera y excediendo sus facultades. Nadie se sorprendería de que Chevron sea revocada, dado que ha sido objeto de críticas por parte del Tribunal Supremo en años recientes.

Sin embargo, la pregunta es qué la reemplazará. Se cree que Chevron sería sustituida por la doctrina Skidmore, que actualmente se utiliza en ciertos casos y entiende que el tribunal puede intervenir.

Murthy v. Missouri (libertad de expresión)

¿Cuál es el papel, si lo hay, de la Primera Enmienda en las plataformas digitales privadas como Facebook u otras, que muchos consideran han reemplazado el tradicional espacio público que solían ser las plazas?

Este concepto incluye la moderación de contenido, especialmente cuando hay cierta comunicación e integración con entidades gubernamentales, como ocurrió, por ejemplo, con el tema del COVID-19.

Trump v. US

La inmunidad presidencial de Donald Trump los abogados de Trump reconocen que si un presidente mientras es presidente lleva actos que no se pueden considerar oficiales, puede ser procesado.

Pero la pregunta es el alcance de la inmunidad cuando se trata de una acción oficial, acciones dentro del ejercicio del poder presidencial.

Cuál es la línea divisoria entre actos oficiales y no oficiales, y sobre todo si de lo que se le acusa a Trump, sus intentos de revertir los resultados oficiales e intervenir en la transición de poder, si fue un acto que se puede llamar oficial o no oficial.