Esta nota ha sido actualizada hoy, jueves, 7 de abril del 2022.

Aunque el más reciente es el Proyecto del Senado 693, que busca definir "etapa gestacional de viabilidad" de un feto y prohibir terminar un embarazo cuando el feto se encuentre en la etapa gestacional de viabilidad, se han radicado otras medidas relacionadas al aborto entre mujeres y personas gestantes.

"Etapa gestacional de viabilidad"

El Proyecto del Senado 693 fue radicado el 6 de diciembre del año pasado  por la senadora Joanne Rodríguez Veve.  En síntesis, la medida prohibiría terminar un embarazo cuando el feto se encuentre en la etapa gestacional de viabilidad.

Específicamente, el proyecto prohíbe que se lleve a cabo la terminación del embarazo en "etapa gestacional de viabilidad".

La propuesta legislativa define "etapa gestacional de viabilidad" como "aquel concebido que ha alcanzado un estado de gestación y desarrollo intrauterino que a juicio de un profesional médico licenciado en Puerto Rico le permitiría mantenerse vivo independiente de la madre, con o sin ayuda de métodos artificiales para la preservación de su vida".

Además, aclara que todo concebido de 22 semanas o más será considerado viable. Incluso, si el desarrollo médico posibilita la viabilidad más temprano, la etapa se ajustará. La medida sólo permitirá el procedimiento en esta etapa si la terminación de embarazo está fundamentada en la determinación médica más apropiada para la preservación de la vida de la madre ante una emergencia médica.

Este proyecto recibió esta semana un informe positivo con enmiendas de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, presidida por la senadora Rodríguez Veve. Se espera que baje a votación del pleno del Senado en los próximos días.

Límites para menores (RETIRADO)

El Proyecto del Senado 591, presentado más temprano por el senador Thomas Rivera Shatz y la senadora Keren Riquelme, establece que ningún médico con licencia para practicar medicina en Puerto Rico podrá realizar un aborto de una menor no emancipada, a menos que obtenga el consentimiento por escrito de la menor y de su padre o madre con patria potestad o la persona con custodia legal.

La persona menor embarazada podrá solicitar ante un tribunal de justiciauna resolución permitiéndole abortar sin el consentimiento de su madre, padre o tutor.

En otros cuatrienios, se argumentó que la mayoría de las agresiones sexuales surgen en el entorno familiar y que estas disposiciones podrían llevar a que la persona agresora intervenga en el acceso al aborto de su víctima. Sobre la posibilidad de ir al tribunal, se ha planteado que es muy onerosa para una persona menor de edad.

La medida está ante la Comisión de las Mujeres del Senado, que preside la senadora Migdalia González.

Dos medidas sobre consentimiento de tutores

El Proyecto del Senado 495, de la autoría de la senadora Joanne Rodríguez Veve, se radicó el 22 de julio de 2021 y propone requerir la intervención de al menos uno de los padres que ostente la patria potestad o del custodio legal de una menor de 18 años edad, al momento de consentir que se realice un aborto.

La medida se encuentra ante la Comisión de Vida y Familia que preside la senadora Rodríguez Veve.

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El Proyecto de la Cámara 894 crea esencialmente la medida medida, pero en la Cámara de Representantes.

La medida fue presentada por la representante Lisie Burgos Muñiz.

La medida se encuentra ante la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, que preside el representante Orlando José Aponte Rosario.

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Derechos del feto

El 13 de septiembre la senadora Rodríguez Veve presentó el Proyecto del Senado 583, que enmienda el Código Penal y tipifica como delito que por acción u omisión se le cause la muerte al neonato sobreviviente de un aborto.

También se convertitía en delito no llevar el récord de los signos vitales y observaciones de las reacciones fisiológicas o biológicas de dicho neonato sobreviviente, y establece penas por incumplimiento.

La medida se encuentra ante la Comisión de Vida y Familia que preside la senadora Rodríguez Veve.

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Preservación del feto

El Proyecto del Senado 588, de la autoría de la senadora Rodríguez Veve, propone enmendar la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente.

Requiere que todo profesional o proveedor de servicios de salud ejerza el grado más alto de cuidado médico posible, para preservar la vida del neonato que sobrevive un aborto o intento de aborto.

La medida se encuentra ante la Comisión de Salud del Senado.

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Apoyo psicológico

El Proyecto del Senado 595 crea la ley para el cuidado integral de las mujeres ante los efectos psicológicos postaborto involuntario o voluntario.

Establece las obligaciones del Departamento de Salud y de los profesionales y entidades autorizadas a practicar abortos, y dispone que las aseguradoras de planes de servicios de salud cubrirán los efectos psicológicos que puedan surgir como secuelas de un aborto involuntario o voluntario.

El proyecto fue presentado por la senadora Rodríguez Veve y el senador Rubén Soto Rivera.

Se encuentra ante la Comisión de Salud, tras ser presentada el 20 de septiembre de 2021.

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Embarazo de menores

La Comisión de de lo Jurídico y la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado de Puerto Rico tienen ante su consideración el Proyecto del Senado 496, que convertiría en delito que una persona proveedora de servicios de salud se demore u omita reportar el embarazo de una menor de 14 años de edad o menos.

La medida de la autoría de la senadora Rodríguez Veve establece que toda persona proveedora de servicios de salud que tenga conocimiento de un embarazo en una menor de 14 años o menos, deberá notificar el hecho en un término de seis horas a la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Policía de Puerto Rico.

La Comisión de lo Jurídico, que atiende la medida, es presidida por la senadora Gretchen Hau, del Partido Popular Democrático (PPD), y la Comisión de Asuntos de Vida y Familia es presidida por la senadora Rodríguez Veve.

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Establecer "plena capacidad"

El Proyecto del Senado 640, de la autora Rodríguez Veve, busca que una embarazada entre los 18 y 21 años tenga "plena capacidad legal para acceder a los mecanismos de entrega voluntaria contemplados en la Ley de Adopción de Puerto Rico".

Según la autora, esto debería cambiar debido a que una menor entre estas edades tiene la potestad de decidir practicarse un aborto sin la intervención de sus padres, tutores o encargados, argumenta la autora medida.

El proyecto fue radicado el 13 de noviembre del 2021, y el 19 de noviembre del 2021 fue referido a la Comisión de Asuntos y Familia.

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Latido cardiaco fetal

El Proyecto de la Cámara 1084 de la autora  Burgos busca crear la "Ley del Latido Cardiaco del no Nacido en Puerto Rico" a los fines de prohibir que un médico realice un aborto luego de la detección del latido cardiaco fetal.

De igual forma, impone al médico la responsabilidad de realizar un examen a toda mujer embarazada que procure un aborto a los fines de determinar si existe latido cardiaco fetal.

Asimismo, busca que toda persona que sufra daños como consecuencia de un aborto efectuado en contravención de las disposiciones de esta Ley tendrá derecho a ser indemnizado por una cantidad de $25,000.

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Tipificar como delito el aborto

El Proyecto de la Cámara 1029 de la autora Burgos propone tipificar como delito el que por acción u omisión se le cause la muerte a un neonato sobreviviente de un aborto, así como no llevar récords de los signos vitales y observaciones de las reacciones fisiológicas y/o biológicas de cualquier neonato sobreviviente de un aborto fallido.

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Cuidados psicológicos post aborto

El Proyecto de la Cámara 1031 de Lisie Burgos, busca crear la "Ley para el cuidado integral de las mujeres ante los efectos psicológicos post aborto involuntario o voluntario"; disponer sobre la creación de protocolos y reglamentos por el Departamento de Salud; establecer las obligaciones del Departamento de Salud y de los profesionales y entidades autorizadas a practicar abortos, entre otros aspectos.

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Preservar la vida del neonato

El Proyecto de la Cámara 1033 de la autora Burgos busca requerirle a todo profesional o proveedor de servicios de salud que ejerza el grado más alto de cuidado médico posible para preservar la vida del neonato que sobrevive un aborto o un intento de aborto.

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