Por Daniel Rivera Vargas

El gobernador Pedro Pierluisi ha asumido un rol diferente a sus antecesores respecto a la Junta de Supervisión y Administración Fiscal (JSAF): está participando de las reuniones de la entidad.

Eso es algo bueno, dijo el presidente de la JSF, David Skeel.

Bajo la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), los gobernadores pueden participar de las reuniones de la JSF, aunque también pueden delegar a sus representantes.

Pasados gobernantes habrían optado por no ir en persona, pero Pierluisi sí está asistiendo a los cónclaves.

«Creo que ayuda mucho. Todos los representantes que los pasados gobernadores han puesto en la junta han tomado su rol de forma muy seria, pero el nivel de compromiso que representa que el propio gobernador participe de las reuniones de la junta envía un mensaje», dijo Skeel.

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Pierluisi, que previo a ser gobernador trabajó con un bufete que representó a la junta, se ha reunido con frecuencia con los miembros del cuerpo, ya sea en persona o por video, explicó el también profesor de derecho corporativo.

El que el gobernador participe de las reuniones de la junta no quiere decir que siempre coincidan, destacó Skeel.

Una discrepancia reciente fue en el debate sobre las tarifas que involucraron a los transportistas. Pierluisi discrepó públicamente de la intervención de la JSAF.

Skeel dijo que ellos usarán sus «herramientas» cuando entiendan que un acto del gobierno afecte el plan fiscal.

Negó que la intervención en esta controversia refleje que ya no siguen el principio de que «la junta establecía el tamaño del cuarto y el gobierno decidía dónde colocaba los muebles».

Skeel respondió que hay que ver qué se quiere decir con el tamaño del cuarto y qué son los muebles.

«No hemos  cambiado nuestra postura», sostuvo, agregando que todo cambio que tenga un impacto en las finanzas del gobierno «debe ser consistente con el plan fiscal".

Jaresko se queda y la describen como la «quarterback«

Este fin de semana trascendió que la directora de la junta, Natalie Jaresko, recibió una extensión de su contrato de $625,000 anuales, que la mantendrá al frente de la entidad, al menos, hasta el 2023.

Previo a que se divulgara la extensión del contrato, Microjuris le preguntó a Skeel sobre si la funcionaria se quedaría con la entidad, y el profesor dijo que «entendemos que no está pensando en moverse».

«Ella es nuestra mariscal de campo (quaterback)», dijo Skeel.

El salario de la directora es uno de los temas fiscales que levanta quejas sobre la JSAF.

Skeel dijo que no se solicitarán aumentos en el presupuesto de la JSAF, y que el gasto por representación y asesoría legal se debe estar reduciendo drásticamente desde noviembre, si se aprueba -como esperan- el Plan de Ajuste de la Deuda, ante la jueza Laura Taylor Swain.

Según datos provistos por la JSAF, el presupuesto de la entidad, pagado con fondos públicos del gobierno de Puerto Rico, es de 57.6 millones, mientras en gastos relacionados a Título III de Promesa, el caso judicial, asciende a $960 millones.