Por Daniel Rivera Vargas

La escasez de herramientas para proteger a los arrendadores, la necesidad de que el proceso de desahucio sea uno más balanceado entre el propietario y los inquilinos, y la existencia de un "sinhogarismo oculto" fueron algunas de las observaciones del director y la subdirectora de la Cátedra Unesco de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili, España, al evaluar la realidad puertorriqueña de la vivienda.

El doctor Héctor Simón Moreno y la también doctora Gemma Caballè Fabra, respectivamente director y subdirectora de la Cátedra UNESCO de Vivienda en esta universidad catalana estuvieron dando un curso de invierno hasta el pasado miércoles en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, esto como parte de los cursos que buscan internacionalización en esta institución, detalló el decano asociado Pedro Cabán Vales.

De igual forma, en la conversación con los profesores europeos, en la que también participaron Cabán Vales y la doctora Annie Rivera Cruz, profesora en la Inter de diversos temas incluyendo derecho a la vivienda, también se discutió el manejo español que se ha comenzado a generar sobre los alquileres a corto plazo y las múltiples ocasiones en que los tribunales y la legislatura han podido abordar este tema y no lo han hecho.

El curso "derecho a la vivienda en 360 grados, acceso, gestión y perdida" pretendía ofrecer una visión holística al tema de la vivienda, explicaron en entrevista con Microjuris los catedráticos entrevistados.

 "La vivienda es el único activo financiero que a la vez es un derecho humano. La clave está en encontrar el equilibrio entre esas dos perspectivas", contó Simone Moreno.

Con el acercamiento de este curso, los estudiantes pudieron reflexionar sobre la experiencia española y europea en temas variados como los arrendamientos, siguiendo la agenda urbana de la Organización de las Naciones Unidas y explorando conceptos como las cooperativas de vivienda, la propiedad compartida y la temporal, así como disposiciones pro consumidores del Código Civil de Cataluña en temas como contratos de arrendamientos, que podrían servir para "inspirar a la experiencia puertorriqueña de proteger al consumidor", según Simón Moreno.

"Nos hemos encontrado muy poca protección en el Código Civil puertorriqueño, en la parte del arrendatario, a falta de equilibrio, se debería dar más seguridad, sin descuidar los intereses del propietario. Esto no es incompatible", sostuvo.

Las inseguridades para adquirir vivienda terminan en diversos problemas, entre ellos lo que llaman el "sinhogarismo oculto", o personas que no pueden tener un hogar adecuado -viven en pobres condiciones o ‘infraviviendas’-, o aquellas que terminan bajo el mismo techo más personas de lo que se espera, o una sobreocupación, o sencillamente que dependen de familiares para vivir porque no pueden comprar residencias para ellos aun cuando se trata de profesionales con cierto nivel adquisitivo.

"Hay un problema de las generaciones más jóvenes para conseguir vivienda", comentó la doctora Rivera Cruz.  "Reconocemos que este es un problema importante para el país en general, pero más de las jóvenes, incluso de abogados que comienzan en la carrera no tienen para comprar ni para alquilar una habitación. Es real, es real, y es un fenómeno que no ha ocurrido antes... No llegan sus ingresos para obtener una hipoteca", mencionó la doctora.

Afirmó que el número de 1,031 personas identificados en las últimas estadísticas oficiales de Puerto Rico no son correctos, porque se enfoca en la persona adicta que no tiene hogar, pero no mide otras personas, como los que emigraron por que perdieron sus casas en huracanes, o los que viven con familiares luego de ser objeto de un desahucio.

"Hace falta un análisis profundo de ese sinhogarismo profundo. Recientemente vimos ese sinhogarismo de los estudiantes universitarios, estudiantes que viven en sofás de compañeros y compañeras. Puerto Rico tiene una situación de sinhogarismo, pero no tiene una contabilidad adecuada", indicó Rivera Cruz.

Por su parte, Simón Moreno comentó que en España también hay un problema de falta de estadísticas adecuadas, entre otros retos que tiene el país europeo en la vivienda, siendo uno de ellos que se estima que cerca de 100,000 personas viven en propiedad horizontal, o condominios, carentes de accesibilidad para poder salir adecuadamente de sus hogares.

Por su parte, la doctora Caballè Fabra resaltó la importancia de la propiedad horizontal en su país, porque se estima que el 70% de los residentes de España viven en alguna forma de propiedad horizontal.

"Fue gracias a la propiedad horizontal lo que facilitó a que la gente pudiera comprar una propiedad", dijo Caballè Fabra. 

Agregó que ya para el 2000 se estimaba que el 80% de los residentes en este tipo de estructura, como los condominios, eran propietarios de sus casas, cifra que en años recientes ha bajado al 70%.

Los doctores también comentaron que les llamó la atención lo rápido del proceso de desahucio en Puerto Rico: en el archipiélago boricua el trámite para que un propietario saque a un inquilino por la vía judicial puede ser tan acelerado como en un mes, mientras que en España tarda un año, dijeron.

Un tema de mucho debate en Europa es el de los alquileres a corto plazo. Simón Moreno dijo que cada comunidad autónoma tiene su propia normativa, y que se ha lidiado con la proliferación de los alquileres a corto plazo desde diversos renglones. Uno de ellos, las medidas desde los ayuntamientos, por ejemplo, creando registros que regulen la legalidad de estos proyectos, y con mecanismos de inspección.

Otra opción pueden ser medidas de gobierno más amplias, como las tomadas en Barcelona, Palma de Mallorca y Bilbao, donde han congelado las licencias, esto porque se entiende que están afectando el mercado de alquiler, esto con el aval de los tribunales. Igualmente, otra medida que se ha tomado es que se ha permitido la agrupación de este tipo de viviendas de alquiler en zonas residenciales densas.

Simón Moreno exhortó a buscar claridad en los datos, y de buscar respuestas a los problemas locales en el tema de vivienda. "Debe hacer un estudio que cuantifique lo que hay. El impacto que puede tener. Si se detecta el impacto, pues entonces ver qué medidas se pueden tomar", sostuvo Simón Moreno.

Finalmente, el profesor Cabán Vales resaltó que el Tribunal Supremo español tomó una decisión en la que definió este tipo de alquileres a corto plazo como "una actividad turística", por lo que no tiene cabida en condominios en los que la escritura matriz dice que solo se pueden usar para fines 100% residenciales.

En Puerto Rico, no hay esa certidumbre, dijo, porque se enmendó la ley de condominios para excluir este lenguaje y por la forma en que han resuelto los tribunales. "Tanto la legislatura como el Tribuna Supremo le han sacado el cuerpo a la pregunta", añadió.

Dijo que el Supremo ha evadido la pregunta en dos ocasiones, una de ellas alegando que era académico el asunto que la atendían, mientras que en el Tribunal de Apelaciones hay cerca de 16 decisiones sobre estos casos, pero unos foros lo resuelven de otra forma y otros de otra.

"Es un asunto de política pública.  Tenemos que decidir cómo quieren atenderlo", sostuvo Cabán Vales.

Eso sí, agregó, "para efectos de cobrar impuesto, lo clasifican como comercial".