La Sociedad Puertorriqueña de Planificación (SPP) aprobó por unanimidad una resolución oponiéndose al proyecto propuesto por la compañía Energy Answers para construir una planta de conversión de desperdicios sólidos a energía en la ciudad de Arecibo.

La resolución de oposición surge por las "serias deficiencias" en el proceso decisional y las políticas públicas a implementarse en el otorgamiento de permisos federales y estatales

La entidad recomendó al gobernador Alejandro García Padilla la revocación de los permisos dados al proyecto y que se detenga la concesión de permisos a empresas de incineración en el país.

«Es necesario planificar el uso de los recursos sin comprometer la salud de las comunidades, los acuíferos y la calidad del aire para que las oportunidades de desarrollo económico sean sostenibles para nuestra nación. Las comunidades aledañas al proyecto han expresado su oposición y el gobierno está obligado a escuchar al pueblo y sus alternativas para que verdaderamente exista transparencia y gobernabilidad», expresó la recién electa presidenta de la SPP, Martha Quiñones.

Según se puntualizó en la resolución, la incineradora afectaría la reserva natural del caño Tiburones, al requerir 2.1 millones de galones de agua diarios para los procesos de enfriamiento y vapor en las calderas. Asimismo afectaría la implantación de oportunidades de desarrollo sostenible en el área, desprotegiendo los recursos de tierra y agua en esta área, que forma parte del recién designado Bosque Modelo de Puerto Rico.

Parte del impacto negativo que podría tener la planta, de acuerdo a Quiñones, es que imposibilitaría la creación de una "vigorosa" industria de remanufactura, reutilización, reciclaje y composta que podría generar apróximadamente 7,000 empleos y ventas por más de $1,400,000,000.

«Este sería un impacto económico muy superior y positivo, al ser sostenible, que las promesas de empleos e inversión que presentan los proponentes del incinerador», expuso la nueva presidenta.

Quiñones subrayó que en un momento en que el gobierno ha planteado la seguridad alimentaria como una meta estratégica para el país, el incinerador destruiría más de 1,000 toneladas de materia prima diariamente que podría ser transformada en composta para producir abonos orgánicos necesarios para la producción agrícola. Además, pone en peligro la industria lechera, ya que las emisiones de sustancias peligrosas llegarían hasta la región de Hatillo, donde está la mayor concentración de fincas lecheras de Puerto Rico.
Por último, la SPP advirtió que los costos de disposición de la basura para los municipios aumentarían si el contrato entre la Autoridad de Desperdicios Sólidos y Energy Answer prevalece en los tribunales, obligando a las alcaldías pagar a razón de $36.05 la tonelada. Actualmente pagan $18 dólares la tonelada, aproximadamente, más gastos de transporación.

«Este proyecto de incineración atenta contra la justicia ambiental, la solidaridad y la felicidad del pueblo boricua al convertir al municipio de Arecibo en el zafacón de la mitad de toda la región norte del país, al recibir más de 2,000 toneladas de basura diariamente y aumenta la exposición de la población viento abajo a los contaminante atmosféricos que emitirá por sus chimeneas», reza la resolución.

Al proyecto de Energy Answers, que procesaría 2,100 toneladas de basura al día y generaría unos 80 megavatios, solo le falta un trámite para su puesta en marcha. Se trata del permiso de construcción de una instalación de desperdicios sólidos, que está bajo evaluación de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y se discutirá en vistas públicas el 17 de diciembre.

En los últimos meses

El pasado mes de junio, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos  anunció su aprobación definitiva de un permiso de aire para la construcción y operación de una nueva planta de residuos sólidos de 77 megavatios, propiedad de Energy Answers Arecibo, LLC en el antiguo sitio de Global Fibers Paper Mill en Arecibo, Puerto Rico.

El permiso requiere que Energy Answers utilice la mejor tecnología de control disponible para reducir los contaminantes del aire. El permiso también requiere pruebas de desempeño, monitoreo continuo de emisiones, así como otros requisitos de control para asegurarse de que Energy Answers cumpla con los límites de contaminantes atmosféricos establecidos en el permiso. La EPA revisó el análisis de impacto de la calidad del aire proyectado y ha determinado que la instalación cumplirá con los estándares de calidad del aire.

Desde la primera propuesta del permiso en mayo de 2012, la EPA celebró seis sesiones de vistas pública en Arecibo. La agencia amplió su período de comentarios públicos y, finalmente, revisó más de 3000 comentarios públicos antes de tomar su decisión final.
La EPA realizó una serie de ajustes al permiso en respuesta a los comentarios del público. Varios requisitos de operación, supervisión y presentación de informes en el permiso son más estrictos que en la propuesta inicial. El permiso final contiene requisitos para las pruebas más frecuentes de emisiones de dioxinas y furanos.

Dicha otorgación fue apelada en agosto de 2013 por la Coalición de organizaciones antincineración pero fue ratificada por el panel apelativo de la EPA en marzo del 2014.

Según explicaron miembros de la organización en conferencia de prensa, su apelación se basó en dos asuntos principales que fueron ignorados por la EPA durante el proceso.

«El permiso no hace mención de que este incinerador estará tirando al aire dos veces y media más polvo de plomo que la compañía Battery Recycling, la cual ha sido multada cuantiosamente, precisamente por la EPA. Ya en 2011, la EPA declaró a Arecibo como área de «no logro» para plomo, eufemismo para evitar decir que los niveles de plomo en Arecibo son mucho más altos que lo aceptable para no producir enfermedad», indicó Osvaldo Rosario, profesor de Química Ambiental de la Universidad de Puerto Rico.

La impugnación también estuvo basada en información que descubrieron al analizar los documentos de este caso en lo que destacaron que Energy Answers utilizó datos imprecisos que datan del 1992 para sostener que la dirección de los vientos donde estará su chimenea no aumentará el riesgo a la salud y al ambiente.

Otras organizaciones como el Colegio de Abogados, el Colegio de Médicos y catedráticos de la Escuela Graduada de Salud Pública, del Recinto de Ciencias Médicas se han expresado públicamente en oposición al proyecto.