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La directora ejecutiva del Instituto de Educación Práctica (IEP) del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), la licenciada Emily Colón Albertorio, le solicitó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que gestione con las autoridades federales la extensión del periodo para la solicitud inicial de las ayudas económicas disponibles para los damnificados por los terremotos que se registraron desde finales del año pasado.

Se supone que la fecha venza este domingo, 31 de mayo de 2020.

Colón Albertorio también exhortó a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) a que reabra sus centros en Puerto Rico para que la ciudadanía pueda entregar los documentos requeridos para completar la elegibilidad de sus solicitudes. Esto, con todas las medidas cautelares para la protección del personal de servicio, así como de la ciudadanía.

«Debido a la pandemia, los centros de FEMA están cerrados y las personas que no tienen herramientas tecnológicas para enviar sus documentos por internet siguen necesitando ayuda», subrayó Colón Albertorio.

A poco menos de una semana para que concluya el plazo, la abogada alertó sobre las situaciones que han provocado la mayoría de las denegaciones e instó a los afectados por los sismos a llamar a la línea telefónica de orientación y asesoría legal libre de costo del IEP, para poder ayudarlos.

Específicamente, los abogados y abogadas del IEP ofrecen orientación tanto en reclamos a FEMA y seguros de propiedad, como en apelaciones a determinaciones de FEMA, seguros y pérdida de documentos como resultado del evento sísmico.

A través de esta iniciativa, el IEP ha identificado que muchos de los casos están siendo rechazados porque, tras la inspección telefónica de FEMA, los solicitantes no habían enviado los documentos para validar su identidad, dirección y titularidad por problemas de acceso a la tecnología.

También se han denegado porque hubo un cambio de identificación en la dirección de la residencia y la agencia asegura que el reclamante no puede probar que esa es su vivienda principal o que es el dueño de esta, porque las direcciones no concuerdan.

Otra dificultad que se repite es la cantidad de personas afectadas por los sismos que residen en pueblos que no fueron declarados zona de desastre. El 23% de las personas que han llamado para solicitar asesoría legal tienen esa situación.

«Exhortamos a los alcaldes que hagan una evaluación continua de los daños y los presenten a la gobernadora para que se determine si pueden incluirlos de dentro de los municipios elegibles», recomendó la directora del IEP.

En cuanto a las reclamaciones hechas a las compañías aseguradoras, la abogada indicó que muchas de ellas se encuentran en su fase de evaluación, por lo cual, los perjudicados todavía no han recibido su compensación.

Por otro lado, la licenciada Colón Albertorio detalló que el 37% de los casos atendidos por abogados y abogadas del IEP, a través de la línea telefónica, corresponden a Ponce y Guánica. El 43% de las personas que han solicitado asesoría legal telefónica tiene 60 años o más, y el 61%, son mujeres.

«Estos datos reflejan dónde está la mayor necesidad de asistencia legal en los trámites ante FEMA, la Administración de Pequeños Negocios (SBA, en inglés) y las compañías aseguradoras, pero también cuáles son las poblaciones afectadas por los sismos que son más vulnerables, en momentos en que además tienen que enfrentar una pandemia», sostuvo.

Para ser elegibles a los servicios, los interesados deben ser residentes de uno de los ?33 municipios declarados como zona de desastre a consecuencia de los terremotos.

El número a llamar es 939-545-4550. El horario de servicio es de lunes a sábados, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Al comunicarse, deberá ofrecer el nombre de su aseguradora (si cuenta con una), el tipo de cubierta que tiene y el número de solicitud de FEMA.

La iniciativa se trabaja en colaboración con la Clínica Legal Psicológica de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Cayey, que ofrece apoyo emocional.

Esta campaña de orientación y asesoría legal es subvencionada por la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia (FFAJ) y la Hispanic Federation.

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