Solicitan que la abogacía quede exenta al toque de queda

13 de abril de 2020

NOTICIAS | Abogacía y Ética , Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico , COVID-19 , Edgardo Román Espada , Ejecutivo , NOTICIAS , Tribunal de Apelaciones , Wanda Vázquez Garced

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El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), Edgardo Román Espada, envió una carta a la gobernadora Wanda Vázquez Garced para solicitarle que enmiende la Orden Ejecutiva 2020-033 para que los profesionales del derecho, sean representantes legales o notarios, queden exentos al toque de queda por ofrecer servicios de emergencia.

«De esta manera se viabiliza el ofrecimiento de un servicio esencial de emergencia reconocido por la Rama Judicial. Con ello se atiende la evidente contradicción surgida por disposiciones entre estas dos ramas de gobierno, mientras se favorece el acceso a la justicia a la ciudadanía que requiera de servicios esenciales de emergencia», señaló Román Espada en la carta.

Las declaraciones de Román Espada surgen luego que los tribunales se mantuviesen abiertos para atender situaciones de emergencia, incluyendo los buzones del Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

A palabras del presidente del CAAPR, la Orden Ejecutiva 2020-033 contrasta con las expresiones de la Rama Judicial.

Román Espada estima que la sección décima de la Orden Ejecutiva 2020-033, en su inciso 15, es limitante porque «no incluye los servicios esenciales provistos por profesionales del Derecho y del Notariado para atender situaciones de emergencia identificadas por el Tribunal Supremo».

«Por tanto, quien atienda asuntos que la propia poder judicial ha determinado como esenciales durante esta emergencia, enfrenta la posibilidad de una intervención, citación o incluso un arresto al amparo de la Orden Ejecutiva vigente", subrayó.

De otro lado, Román Espada reiteró el compromiso del CAAPR con la promoción del grupo consultor para asuntos relacionados con la población en situaciones de vulnerabilidad.

Además, puso a la disposición del gobierno los recursos y propuestas que puedan surgir para incluir en la política pública adoptada para el manejo de la emergencia a las personas sin hogar, adultos mayores, menores de edad, mujeres en situaciones de violencia, maltrato y personas privadas de su libertad.

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