Por Daniel Rivera Vargas

El Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, en Boston, celebró una vista oral en la que se debatió el alcance de la ley federal PROMESA en el caso de una violación de derechos civiles ocurrida en el 2018.

Los jueces apelativos evaluaron una decisión tomada por la jueza de título III, Laura Taylor Swain,  que resolvió previamente a favor del demandante Jonathan Hernández Zorrilla, que las protecciones contra demandas bajo PROMESA no pueden utilizarse para paralizar demandas contra funcionarios y exfuncionarios públicos en su carácter personal que se alega incurrieron en violaciones de derechos civiles. 

Tras estas vista, los jueces no anuncian fallos, por lo que aun se desconoce cómo resolverá el foro apelativo.

La decisión de Swain fue criticada por el abogado Lucas Filiceque, quien representó a la Junta de Supervisión y Administración Financiera, y pidió revocar a la jueza de título III porque crea una forma de evadir la protección de PROMESA "simplemente demandando en su carácter personal».

"Es injusto con otros acreedores del gobierno que sus deudas han sido descargadas y derrota el propósito de darle un comienzo fresco al gobierno de Puerto Rico", comentó el abogado Filice.

Además de abogados de la Junta de Supervisión, en la vista oral, celebrada en Boston, participaron letrados de la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU), quienes son los abogados de Hernández Zorrilla.  

El licenciado Steven Lausell Recurt, el abogado que habló en nombre de ACLU, expreso por escrito: "Lo que está en juego en este caso es un principio fundamental de rendición de cuentas y el hecho de que ningún funcionario público pueda esconderse detrás de PROMESA para evadir responsabilidad personal por violaciones de derechos civiles. La crisis fiscal del gobierno de Puerto Rico no puede convertirse en una licencia para la impunidad",

Durante la vista, los jueces Lara Montecalvo, Jeffrey Howard, y William Kayatta hicieron diversas preguntas.

"¿Está usted diciendo que esto no es una reclamación contra los demandados principales?", cuestionó el juez Kayatta. "Es una reclamación contra los demandados principales y una reclamación indirecta contra el gobierno... la realidad es que el gobierno será el que tenga que pagar", respondió el letrado de la Junta.

Algunas interrogantes de los jueces generaron cierto debate. Especialmente, cuando compartieron el siguiente ejemplo: Si un chofer de un municipio atropelló a alguien, pero el municipio se va a la quiebra, si se elimina la deuda. El abogado de la junta primero dio una respuesta y luego la cambió.

"¿Se está retractando?", cuestionó Kayatta. "Es correcto", replicó el letrado.

«Esos demandados no son deudores... (lo que pide la junta) en efecto constituye un descargue de un tercero demandado, que está expresamente prohibido por el plan", aseguró posteriormente Lausell Recurt, colaborador de ACLU.

Según un comunicado de prensa de ACLU, la presunta violación de derechos civiles ocurrió durante una manifestación del 1 de mayo de 2018. Entre los demandados en su carácter personal figuran el exgobernador Ricardo Rosselló y el exsecretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera.  

 Directivos de ACLU, en declaraciones escritas, resaltaron la importancia de este caso.

"PROMESA no puede servir de escudo para funcionarios y exfuncionarios que enfrenten reclamaciones personales por abusos de poder. Defender esa línea ante el Primer Circuito es defender la vigencia de los derechos civiles y el acceso a la justicia", afirmó Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico. «Nuestro archipiélago no se convertirá en una zona libre de derechos civiles bajo el pretexto de una deuda creada por los propios funcionarios que violentan derechos», subrayó el licenciado.  

«Este caso no trata sobre un procedimiento técnico de quiebra medido en dólares y centavos. Trata sobre si las personas pueden exigir responsabilidad individual cuando agentes del Estado violentan sus derechos fundamentales», expresó la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico. 

El litigio entablado por Jonathan Hernández Zorrilla y Yadira Carrasquillo González fue paralizado en septiembre de 2023 por el Plan de Ajuste bajo el Título III. Ese mismo mes, la ACLU de Puerto Rico solicitó a la Junta de Control Fiscal que levantara la paralización (stay) y argumentó que dicha suspensión no aplicaba en las demandas de derechos civiles contra funcionarios en su capacidad personal. Ante el silencio de la Junta, el 15 de febrero de 2024, la ACLU de Puerto Rico presentó una Solicitud de Alivio del Stay (Request for Stay Relief) en el caso de Título III. 

En su orden, emitida el 30 de septiembre del pasado año, la jueza Swain dijo que las reclamaciones por daños contra funcionarios en su carácter personal no están prohibidas por el Plan de Ajuste de la deuda del gobierno.