Por Daniel Rivera Vargas

En momentos en que el Tribunal Supremo de Estados Unidos (TSEU) parece estar a días de revelar si niegan o aceptan el pedido de certiorari para evaluar el caso federal por el Seguro Social Complementario (SSI, por sus sigas en inglés) para las personas que residen en Puerto Rico, un nuevo estudio arroja luz sobre la terrible carga que representa la exclusión de esta ayuda para los sectores socioeconómicamente desaventajados del archipiélago.

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Según se desprende del expediente electrónico del TSEU, el máximo foro federal pautó la distribución de los documentos relacionados al SSI para el 4 de enero, para que los jueces y las juezas lo discutieron en conferencia el 8 de enero, y el 11 de enero, para verlo en conferencia el 15 de enero de 2021.

Por un lado, el profesor de derecho constitucional, Jorge Farinacci Fernós, explicó a Microjuris.com que, aunque el Supremo suele disponer de los casos ante su consideración con bastante rapidez, son inciertas las implicaciones de que el caso se esté distribuyendo entre los jueces en dos ocasiones separadas.

El profesor recordó las atípicas condiciones en que se está operando en la capital federal, donde radica la sede del Supremo de Estados Unidos, tras el asalto al Capitolio de Estados Unidos el pasado 6 de enero.

Aunque el caso del SSI y Puerto Rico "es el tipo de casos que el Supremo quiere ver", en opinión de Farinacci Fernós, el alto foro judicial apenas atiende unos 80 casos al año, y tienen diversas formas de disponer de un caso ante su consideración, incluyendo instruir al Tribunal de Apelaciones a cambiar su dictamen sin ellos emitir una opinión.

Mientras, una persona conocedora de los procesos federales que declinó identificarse, también explicó a Microjuris.com que la doble distribución de conferencia entre los jueces y las juezas del Supremo podría indicar que esta misma semana se sabrá si verán el caso.

Si el Supremo extiende el certiorari, de una vez se establece un calendario para la consideración de mociones y una vista oral sobre la aplicabilidad en la Isla del SSI, indicó.

Este caso, que nació en el 2017 cuando un residente de Nueva York llamado José Luis Vaello -que recibía SSI- se muda a Puerto Rico y el gobierno federal le quería cobrar luego el dinero que recibió de ese programa mientras residía en la Isla.

Se convirtió en una demanda federal en la que tanto el juez Gustavo Gelpí, como el Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston fallaron a favor del demandante y en contra del gobierno federal.

El procurador general de Estados Unidos, Jeffrey Wall, acudió al Supremo en septiembre pasado y argumentó, entre varias razones, el impacto económico de que se mantenga esta decisión, que puede extenderse a otros programas federales, como el Programa de Asistencia Nutricional.

Solo con el SSI, según el recurso de Wall citando estimados de la Administración del Seguro Social, costaría unos $23,000,000 por los próximos 10 años.

Un estudio sobre el impacto del SSI en Puerto Rico

El posible avance del caso en el Supremo de Estados Unidos coincide con un nuevo estudio de una organización no gubernamental estadounidense que retrata nuevamente la enorme disparidad en las ayudas que reciben las personas pobres en Puerto Rico, frente a las y los residentes de Estados Unidos.

El Policy Basics: Aid to the Aged, Blind and Disabled (Ayuda para el Envejeciente, Ciego y Discapacitado, por sus siglas en inglés) del Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) publicó un documento que fue actualizado el pasado 15 de enero, y que expone cómo Puerto Rico tiene una serie de limitaciones a la hora de acceder a la red de ayudas socioeconómicas de Estados Unidos, que en algunos casos los residentes del archipiélago tienen un acceso parcial, o está totalmente excluidos, como es el caso del SSI.

Puerto Rico, en lugar de tener acceso a SSI, recibe ciertas ayudas para parte de esta población a través de AABD, explicó Javier Balmaceda, analista de políticas públicas de Puerto Rico para el CBPP, y quien explicó que esta entidad opera desde 1981.

«El principal hallazgo (en el informe publicado este mes) es que hay una disparidad enorme en los dos programas que verdaderamente no se justifica, y Puerto Rico -como territorio o estado- tiene un grado enorme de pobreza que ronda el 44% de la población, lo que es mucho más alto que el promedio nacional de Estados Unidos, que es casi 11%", afirmó.

La disparidad ha sido señalada antes, recordó Balmaceda.

Un estudio de la Oficina General de Contabilidad (GAO) de 2014, usando datos de 2011, indica que mientras en Puerto Rico se reciben por concepto de AABD unos $58 mensuales para sus beneficiarios, en Estados Unidos era casi 8 veces mayor, rondando unos $418.

Mientras, el Centro para la Nueva Economía dijo posteriormente que por AABD, Puerto Rico recibe anualmente entre $25 y $30 millones, pero si el archipiélago participara en SSI, serían unos $1,500 millones.

Balmacea explicó que el SSI no solo es mejor por la cantidad de dinero, sino porque más gente recibe ayuda.

El analista de políticas públicas precisó que el AABD no está disponible para menores de 18 años.

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