Descarga el documento: King v. Burwell

Decidido: 25 de junio de 2015

Un sistema donde las personas enfermas pueden comprar seguros médicos en cualquier momento y al mismo precio que las sanas, provoca un alza en los precios de las primas en los seguros médicos. Esto provoca que personas con poco poder adquisitivo no puedan comprar seguro médico. Algunos estados adoptaron ciertas políticas públicas para combatir dicha situación. Uno de los modelos más exitosos fue el del estado de Massachusetts, sistema que la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible ("Affordable Care Act", también conocido popularmente como «Obamacare») emuló.

Entre los componentes de dicha ley, la secciones 1831(b)(1) y 1841(c)(1) disponen para la creación de un mercado de intercambios de seguros médicos ("exchanges"). Dichas secciones disponen dos cosas: (1) los estados deben proveer un mercado de intercambio en donde se puedan comparar seguros médicos; y (2) si el estado no desease implementarlo, la Ley dispone que el Departamento de Salud federal implementará dicho sistema por dicho estado.

La Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible les concedió créditos contributivos (subsidios) a los participantes de dichos mercados de intercambio para que personas con pocos ingresos pudieran tener la oportunidad de solventar uno. Por otro lado, la Ley dispone en la sección 1311 que el crédito contributivo estará disponible para personas que estén cobijadas por un sistema de intercambio implementado por un estado.

No obstante, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) promulgó un reglamento donde les extendía dichos créditos contributivos a las personas que estuvieran cobijadas por un sistema de intercambio de seguros médicos implementado tanto por los estados como por el gobierno federal.

Los peticionarios en este caso son cuatro individuos que residen en el estado de Virginia. Dicho estado no implementó el mercado de intercambio pero sí lo estableció el gobierno federal en conformidad con la sección 1831(b)(1). Estos cuatro ciudadanos no desean comprar un seguro médico. Sin dicho subsidio, el seguro médico les costaría más del 8% de su ingreso y según la sección 5000(a)(e) de la Ley, personas que tengan que invertir mas de 8% de su ingreso en la compra de un seguro medico estarán exentos de comprar uno de forma compulsoria. Pero bajo el Reglamento del IRS, le aplican el subsidio, aunque el mismo fue implementado por el gobierno federal, y por dicho subsidio el comprar el seguro medico les costaría menos de 8% de su ingreso. Por consiguiente, estas personas están subordinadas a dos alternativas: (1) obligadas a comprar seguro médico; o (2) pagar una penalidad al IRS. En síntesis, estos ciudadanos alegan que el Reglamento del IRS esta en contravención de la sección 1311 (26 U. S. C. §§36B(b)–(c) ) de la aludida Ley.

El Tribunal de Distrito federal determinó que los subsidios aplicaban a todos los ciudadanos que cualifiquen, sin importar si fue el estado o el gobierno federal quien implementó el sistema de intercambio de seguros médicos. El Tribunal de Apelaciones para el Cuarto Circuito confirmó el Tribunal de Distrito federal y le otorgó total deferencia a la interpretación del IRS. Pero ese mismo día, el Tribunal de Apelaciones para el Circuito de Columbia declaró los subsidios para sistemas de intercambios implementados por el gobierno federal inválidos. Posteriormente, el Tribunal Supremo acogió y expidió el caso.

La controversia en el presente caso es la siguiente: ¿Los créditos contributivos (subsidios) están disponibles para las personas que están cubiertas por un sistema de intercambios de seguros médicos ("Exchange") implementado por el gobierno federal?

El Juez Presidente del Tribunal Supremo federal, Hon. John Roberts, emitió la opinión mayoritaria. Articuló que bajo el caso Chevron, 467 U. S. 837, se estableció un esquema de adjudicación con relación a las agencias. Si el estatuto es ambiguo, se le dará deferencia a la agencia que lo implementa, si la interpretación es una razonable. Esto, bajo la teoría que el Congreso le delegó a la agencia discreción para llenar dicha laguna interpretativa. Pero dicha deferencia puede ser flexionada y obviada en ocasiones en que dicha delegación esté en sospecha. Indicó que al presente caso la doctrina de deferencia administrativa no aplica porque una pieza legislativa tan importante como lo es la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, en donde se desembolsan grandes cantidades de dinero, el Congreso no pudo delegar dicha tarea a una agencia. Por consiguiente, le corresponde la Tribunal interpretar correctamente la sección 1311 (26 U. S. C. §§36B(b)–(c) ).

Utilizando un canon de interpretación contextual e integral de la Ley, concluyó lo siguiente:

1. Indicó que la Sección 1841 faculta al gobierno federal establecer el mercado de intercambio si los estados no deciden hacerlo. Por lo tanto, el intercambio federal es un equivalente al estatal.
2. La frase que indica que para propósitos del crédito contributivo los intercambios deben ser estatales, es una confusa y no armonizable con el resto de la Ley. Si se lee la Ley en su contexto, la sección 1831 establece los requisitos para cualificar para los intercambios. Dichas cualificaciones también incluyen a los participantes de los implementados por el gobierno federal. Por tanto, en el contexto general e integral de la Ley, dicha frase no indica que los mercados de intercambio solo serán implementados por los estados.
3. La distinción entre los intercambios estatales y federales es una insignificante para propósitos de la Ley. Si la Ley solo destinara los créditos contributivos a los estatales, dicha distinción tendría sentido. Pero no es así y surge de la propia Ley que están disponibles para ambos.
4. Señaló que se debe interpretar la Ley para adelantar los objetivos que el Congreso consideró cuando aprobó el estatuto. Dicho objetivo fue mejorar el sistema de salud y aumentar las personas cubiertas por un seguro de salud. Interpretar la sección 1311 (26 U. S. C. §§36B(b)–(c) ) como lo solicitan los peticionarios sería ir en contra de la esencia y propósito de la Ley.

El Hon. Antonin Scalia emitió una opinión disidente. Manifestó que era un absurdo concluir que cuando la Ley dispuso que los mercados de intercambio fueran implementados por los estados, incluía al gobierno federal también de forma implícita. Mencionó ejemplos en donde la Ley hacía una clara diferencia entre tareas que le correspondían a los estados y al gobierno federal. Así esbozó que el Congreso intencionalmente quiso hacer la distinción entre estados y gobierno federal en todo el texto de la Ley. Criticó que se interpretara la Ley por los efectos perniciosos a un sector, cuando le corresponde al Congreso exclusivamente subsanar sus errores por no cuidar de forma apropiada a un grupo en particular.

Reseña por Joel Pizá Batiz