Nota de la editora: ¿quieres estar al día con lo que sucede en la legislatura? Te invitamos a registrarte en nuestro boletín.

El Senado de Puerto Rico evalúa cambios al proceso de aprobación del presupuesto operacional del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).

Se trata del Proyecto del Senado 390, presentado por el senador, José Luis Dalmau Santiago, que busca modificar la Ley Núm. 57-2014, conocida como la Ley de Transformación y ALIVIO Energético para restablecer la facultad de la Gobernadora y la Asamblea Legislativa para aprobar el presupuesto del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR),.

Conoce lo que propone esta medida

La Ley 57-2014, conocida como la Ley de Transformación y ALIVIO Energético, cambió la política pública sobre la energía eléctrica en el país, y todo lo concerniente a su generación, transmisión y distribución. A esos fines, la ley estableció mecanismos para asegurar la fiscalización de las entidades generadoras y el cumplimiento de los estándares de eficiencia del sistema eléctrico, así como la razonabilidad de los cargos a los consumidores, y para ello, creó el organismo del NEPR como entidad encargada de supervisar el sistema eléctrico del país.

Actualmente, la ley establece que el presupuesto del Negociado de Energía será independiente del Presupuesto General del Gobierno y del presupuesto de cualquier otra entidad, agencia, instrumentalidad o corporación pública del Gobierno.  No obstante, el Negociado estea obligado a responder y proveer cualquier información solicitada por cualquier agencia del Ejecutivo con autoridad relevante o a cualquier solicitud realizada por la Asamblea Legislativa, y procurará que su presupuesto y gastos sea publicado en su página de Internet y que el mismo sea de libre acceso al público en general

El autor de la medida argumenta que, aunque el NEPR fue creado con autonomía fiscal para garantizar la estabilidad de su financiamiento, esto no debe eximirlo de la supervisión de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) ni de la fiscalización legislativa. El proyecto sostiene que el organismo debe rendir cuentas sobre su presupuesto y actividades ante el Ejecutivo y el Legislativo, promoviendo transparencia en la gestión de sus recursos.

La medida fue referida a la Comisión de Gobierno del Senado para su evaluación.