Nota de la editora: ¿quieres recibir estas reseñas de casos del Tribunal Supremo de Puerto Rico en tu correo-e? Te invitamos a registrarte en nuestro boletín.

Por Daniel Rivera Vargas

Diversos sectores de la comunidad jurídica analizaron y reflexionaron sobre los recientes nominados al Tribunal Supremo de Puerto Rico, anunciados el pasado jueves por la gobernadora Jenniffer González desde La Fortaleza.

La gobernadora anuncia nominaciones al Tribunal Supremo

Los nominados son la jueza del Tribunal de Apelaciones, licenciada Camille Rivera Pérez, y el juez del Tribunal de San Juan, licenciado Raúl Arnaldo Candelario López. Ambos fueron seleccionados para ocupar las dos vacantes en el Tribunal Supremo, previamente ocupadas por el juez Edgardo Rivera García, quien se retiró el 3 de enero pasado, y la jueza Anabelle Rodríguez Rodríguez, quien se retiró el 18 de diciembre de 2020. Ambos cesaron sus funciones tras alcanzar los 70 años, la edad máxima para ejercer en dicho tribunal.

Vivian Godineaux Villaronga, presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), anunció que la próxima semana reactivará la comisión de nombramientos de la entidad y designará a su presidente. Este comité tendrá la tarea de evaluar a los nominados y emitir su posición durante las vistas de confirmación.

«Como gremio tenemos mucho que decir sobe la judicatura porque somos un gremio que representa a la abogacía de Puerto Rico», dijo Godineaux Villaronga, quien no quiso adelantar opiniones adicionales sobre los nominados.

Asimismo, Godineaux Villaronga reiteró el apoyo del Colegio a una propuesta previa que busca permitir una participación más activa de la institución en futuras nominaciones de candidatos al Tribunal Supremo.

Según explicó, el objetivo es que el Colegio utilice sus recursos, incluyendo abogados y abogadas experimentados y miembros de la academia, para ofrecer a la gobernadora, quien tiene la facultad constitucional de nombrar, y al Senado, encargado de confirmar, un mecanismo adicional de asesoramiento compuesto por juristas de alto nivel.

Esto, señaló, contribuiría a combatir la percepción en algunos sectores de la ciudadanía de que estos nombramientos se realizan por razones políticas.

«Esto podría ser fundamental para la independencia judicial y la transparencia», indicó Godineaux Villaronga, algo que dijo «le urge al país».

De otra parte, Ramón Rosario, presidente de la Asociación de Abogados, resaltó la importancia de la experiencia de los nominados en tareas judiciales.

«Vemos con buenos ojos los nombramientos desde el punto de vista de que son jueces con basta experiencia en las faenas judiciales sin tacha alguna. Los nominados cumplen con los requisitos necesarios para dotar de competencia a nuestro máximo foro», sostuvo el letrado.

Además, Rosario expresó deferencia al rol de los funcionarios electos respecto a la tarea de evaluación que comienza luego de una nominación a un puesto público.

«Ahora le corresponde al Senado evaluar dichos nombramientos como las personas escogidas para representar al Pueblo de Puerto Rico en ese proceso. Son los miembros del Senado y la Gobernadora las únicas personas elegidas democráticamente para hacer tan importante tarea», señaló en declaraciones escritas Rosario.

Ambos nominados son egresados de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Ponce. De ser confirmados, serian el segundo y tercer juez del alto foro proveniente de esa institución, siendo el anterior el juez asociado Efraín Rivera Pérez, dijo el decano de la escuela, Fernando Moreno Orama.

«Para a escuela fue una alegría enterarnos de que ambos nominados eran egresados de nuestra escuela. Los profesores en particular se acordaban de Rivera Pérez porque fue miembro de la Revista Jurídica y tienen buenos recuerdos de ella como estudiante», contó Moreno Orama. «Muy buena persona, se llevaba bien con sus compañeros de clase, muy querida».

En cuanto a Candelario López, señaló que es un egresado de una generación anterior y que, según miembros actuales de la facultad, es posible que no hayan coincidido directamente con él durante su trayectoria académica.

«La designación de ambos es un orgullo. La noticia sentó muy bien en la escuela y ambos tienen una carrera judicial bastante probada y que habla por sí misma», sostuvo el decano.

Rivera Pérez es juez desde 2010 y Candelario es un exfiscal con experiencia tanto a nivel estatal como federal e integrante de la judicatura desde 2019. Ambos tienen experiencia como asesores legislativos.

Se anticipa una tercera vacante en el Tribunal Supremo para el año 2027, cuando la jueza Mildred G. Pabón Charneco alcance la edad límite establecida por la Constitución. Actualmente, los demás integrantes del alto foro son la honorable Maite D. Oronoz Rodríguez, y los honorables jueces asociados Rafael L. Martínez Torres, Erick V. Kolthoff Caraballo, Roberto Feliberti Cintrón, Luis F. Estrella Martínez y Ángel Colón Pérez.